“No podem apretar-nos el cinturó i baixar-nos els pantalons a la vegada” decía un cartel que estos días ha circulado por las redes sociales con bastante éxito. Opino lo mismo. No es posible. No podemos. O nos apretamos el cinturón o nos bajamos los pantalones.
Creo que la segunda opción es la preferida por los que se han beneficiado de una desregulación salvaje. Bancos, agencias de calificación, y mercados financieros, han provocado recortes por doquier sin ton ni son. Y no lo digo yo, lo dice el premio nobel de Economía, Paul Krugman, en su último artículo en The New York Times.
Empezaron con timidez pero ahora todo el mundo aprovecha la coyuntura para deshacerse, además de lo prescindible, de lo que no le gusta, con el personal incluido. Rita Barberá, aspirante a ministra, aburrida de aguantar como Zaplana, Camps, y ahora Fabra, ocupaban el Palau, fue la primera que se lanzó al ruedo. A escasos días del certamen y con cientos de millones de euros invertidos, anunció que la Mostra de Valencia, con 32 años de historia, quedaba para la vestir santos.
El siguiente ha sido el Centro Reina Sofía, dedicado a la investigación y al estudio de la violencia, en especial la ejercida sobre la mujeres, los mayores, los niños, y los más desfavorecidos. Durante 14 años trabajando, los dos últimos con la mitad del presupuesto, y desde este verano, sin asignación económica. Tenía una deuda de 150.000 euros. El gobierno valenciano le ha dicho bye bye.
El Consell no ha parado de anunciar recortes para acallar las protestas de los desesperados proveedores, a los que debe 2.400 millones de euros, y les niega un plan de pago como exigen. No hay un proyecto detallado, pero cada semana, tras la reunión del ejecutivo, sus consejeros hablan de austeridad y racionalización del gasto, obligados por el plan de reequilibrio de 1.800 millones de euros que presentaron al Estado.
De momento, el equipo de Fabra sólo ha confirmado que ahorrará amortizando más de 700 puestos de trabajo en la Administración, y reduciendo en un 22% los liberados sindicales. Y ha aprobado un decreto para reestructurar el sector público empresarial y fundacional, que arrastra una deuda de más de 5.000 millones de euros, y que afectará a 75 entidades. Las medidas se concretarán en los próximos presupuestos con un ahorro estimado mínimo de 400 millones de euros, y una reducción del 40% en los gastos de funcionamiento.
Queda pendiente para finales de año la creación de la Corporación Pública Empresarial Valenciana que controlará un presupuesto de 2.000 millones de euros, según el conseller de Economía, Enrique Verdeguer. Pero que sólo incluirá a 45 empresas y fundaciones públicas.
En esta reorganización que el Gobierno valenciano lleva anunciando más de 6 meses, está previsto bajar el sueldo a varios responsables de empresas públicas. ¿A quiénes, cuánto y cuándo? No se sabe.
Sí que se ha conocido ahora lo que cobran desde hace años, al igual que el responsable del aeropuerto fantasma de Castellón, el director general y el gerente del Centro de investigación Príncipe Felipe. Más de 70.000 euros año, con algunos complementos. Pero ahí siguen a pesar de la dimisión en bloque del equipo de investigación, y de que una doctora donara su premio económico. No me extraña la caótica situación de la institución. Pero no son casos aislados. Habrá que ver los gastos y sueldos del Palau de les Arts. Mientras, más de 27.000 niños valencianos se han quedado este año sin recibir la ayuda para el comedor.
Al igual que Krugman, me siento ofendida, aunque no sólo por los plutócratas.
