Brotes de corrupción por doquier
La vida mercantil española pasa por los juzgados en esta movida “rentrée” posvacacional. Así, Mercedes Alaya, instructora del caso de los expedientes de regulación de empleo falsos, ha dado un paso definitivo para empitonar a Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Les considera máximos responsables del gigantesco latrocinio en su calidad de ex presidentes de la Junta.
Paso a paso, la jueza ha ido tirando del hilo hasta dar con los dos pesos pesados del socialismo andaluz. Primero imputó a varias docenas de intrusos que se colaron en los “eres” para mangonear a modo. Luego, fijó su objetivo en los funcionarios responsables de administrar los fondos públicos. Más tarde subió por el escalafón y señaló a altos cargos de la Junta. Por último, alzó la mira y encartó a cinco ex consejeros del Gobierno territorial, a saber, José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo y Manuel Recio. Ahora, al poner el foco sobre Chaves y Griñán, ha escalado hasta la cima misma de la trama.
De momento, la relación de acusados engorda ya hasta 123 personas, un batiburrillo de políticos socialistas, sindicalistas y empresarios, entre estos últimos algunos catalanes, vinculados a la aseguradora que dio curso a innumerables expedientes adulterados.
El calado del caso ha ido ahondando a golpe de sumarios judiciales. La suma defraudada llega a la friolera de 1.200 millones de euros. Según la Guardia Civil, sólo en comisiones de intermediarios y otros aprovechados se han esfumado 50 millones. El asunto de los “eres”, probablemente el mayor robo de fondos públicos de la historia española, abarca tantas ramificaciones y alcanza a tanta gente que hay tela cortada para rato.
La elegante jueza Alaya no lo está teniendo fácil, pues ha debido lidiar con todo tipo de problemas. El principal, la negativa de la Junta a facilitarle la documentación que ha ido solicitando durante sus indagaciones. Pero además, se ha puesto en marcha la habitual guerra sucia para desacreditarla.
Con todo, las insidias que se han propalado contra ella son peccata minuta al lado de las que está sufriendo el juez José Castro, instructor del caso Nóos, y el fiscal asignado Pedro Horrach. El asunto afecta como es sabido a Iñaki Urdangarín.
Según El Mundo, tanto el juez como el fiscal son objeto de seguimiento desde hace meses. Además, al juez le han pinchado las ruedas de su automóvil, le han sellado con silicona las cerraduras y lanzado excrementos sobre las puertas. El fiscal, por su parte, ha recibido dos anónimos con amenazas contra él y su esposa.
Todo ello ocurre cuando Castro estudia la posibilidad de acusar de dos delitos a la infanta Cristina. El asunto despide un intenso hedor a elementos cercanos a los servicios secretos, unos consumados expertos en este tipo de actuaciones.
Narcís Serra, ante el juez
También va a tener que pasar por el juzgado la cúpula entera de Caixa Catalunya. La fiscalía quiere empurarla por haber aprobado aumentos de sueldos a sus dirigentes cuando la entidad ya estaba al borde del precipicio.
El principal afectado es el inefable Narcís Serra, el que fuera todopoderoso vicepresidente del Gobierno en la etapa de Felipe González. Para tratar de escabullirse de las acusaciones, Serra ha esgrimido el peregrino argumento de que él era un mero elemento decorativo, un simple florero en el organigrama de la casa y que carecía de poderes ejecutivos. Pero pese a no pintar nada, el caballero se embolsó entre 2004 y 2010 unas pagas de más de 1 millón de euros.
La lista de esta remesa de acusados supera el medio centenar. De momento se ha librado Josep Maria Loza, director general de la antigua Caixa Catalunya entre 1998 y 2008, año este último en el que cesó previo cobro de una indemnización de 8 milloncejos de euros.
Loza es presumiblemente el máximo artífice de la febril expansión territorial y de la delirante exposición al ladrillo, que han desembocado en la estatización de la entidad y en un rescate público de más de 12.000 millones. Esta suma aún se hinchará más, pues Catalunya Banc, heredero de las actividades financieras de la caja de la Diputación de Barcelona, sigue sumido en graves problemas de rentabilidad.
El Frob, dueño del capital, se lo quiere sacar de encima como sea antes de fin de año, pero los aspirantes a hacerse con la propiedad exigen nuevas inyecciones de fondos del Estado. También se libra de cargos, al menos por el momento, el eviterno presidente de la casa, Antoni Serra Ramoneda. Éste, como es sabido, fue desalojado de la poltrona por su primo Narcís.
Don Antoni, capitoste entre 1984 y 2005, repite a quien quiera oírle el mismo argumento que su primo: que él era músico, que pasaba por allí y que no tenía la más mínima responsabilidad en el día a día. Con otras palabras, que los dos Serra no hacían nada en la casa salvo cobrar unas jugosas mamandurrias.
Igual que ocurre con el asunto de los “eres”, el escándalo de Caixa Catalunya va para largo. Además, acontece justo cuando la entidad se apresta a cercenar draconianamente su red de oficinas y despedir a varios millares de empleados.
Los trabajadores a la calle y los exdirectivos al banquillo, este podría ser el epitafio de una institución que un día quiso ser como La Caixa pero acabará deglutida por algún gigante del dinero.
Por último, una breve referencia a Demetrio Carceller Arce, mandamás de la compañía cervecera Damm y una de las mayores fortunas de España. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz le achaca a él y a su padre Demetrio Carceller Coll haber evadido copiosos caudales de la familia a Panamá, Antillas Holandesas y otros paraísos fiscales.
El binomio hurtó así al fisco español el devengo de impuestos por valor de centenares de millones de euros.
En fin, así está el panorama. Como decimos en Catalunya, “n’hi ha per llogari cadires”.
