Está a punto de cumplirse un año desde que la inmobiliaria Colonial segregara en una filial los suelos, promociones de viviendas y centros comerciales que habían aportado las operaciones con Inmocaral y Riofisa durante el periodo en que el empresario sevillano Luis Portillo fue accionista de control de la compañía. Activos no estratégicos o ‘discontinuados’ agrupados, primero en Colren, y ya en Asentia de forma definitiva.
Un negocio discontinuado que fue totalmente provisionado a finales del 2010, por lo que el resultado negativo generado por esta actividad segregada se aplica a la provisión asignada al 100% del valor que tenía la participación de Colonial. Hecho que determina que el impacto de este negocio en el beneficio neto consolidado del grupo es cero.
La segregación de Asentia fue determinante para que los bancos acreedores aceptaran, en febrero de 2010, el acuerdo de refinanciación de los 4.960 millones de euros que arrastraba Colonial. Un pacto condicionado a que en un plazo de cinco años se procediera a gestionar y vender esos activos –entonces valorados en unos 1.900 millones y con una deuda asociada de 2.000 millones–, a cambio de que en ese periodo no se pagaran intereses ni principal de la deuda.
RBS, Eurohypo y Crédit Agricole controlan, a partes iguales, casi el 60% de Colonial; Coral Partners (con el fondo Orion a la cabeza), cerca del 15%, Popular y La Caixa, algo más del 10%; Goldman Sachs dispone del 4,9%, y el restante 15% en free float y autocartera.
Pues bien, casi un año después de esa segregación, el Grupo Asentia, como el resto del sector inmobiliario nacional, trata de capear el temporal. Sus activos ya valen menos de 1.600 millones y la deuda financiera neta se sitúa ahora ligeramente por debajo de los 1.400 millones netos, de los que 876 corresponden a Asentia Project, 393 a Riofisa y los 125 restantes a otras filiales.
Y su reserva de suelo, tanto residencial como comercial, no ha variado. Se mantiene en los 3,12 millones de metros cuadrados al no haber vendido nada. La mitad de los 1,7 millones de metros para levantar viviendas están ubicados en Andalucía y el 49% restante se distribuye entre Madrid y la zona este peninsular.
Como continuación a su estrategia, instada por los bancos, de reducir la presencia de estos negocios discontinuados a la mínima expresión, ya solo quedan por entregar 227 viviendas, de las que 13 ya están comercializadas y solo 214 restan por vender. Durante los primeros nueve meses de 2011 las 34 viviendas entregadas contabilizaban ingresos por 6,4 millones de euros.
Respecto a la deuda financiera, Asentia, Riofisa y el resto de filiales englobadas como actividades discontinuada suman 1.394 millones de euros, con un préstamo de 846 millones proveniente de la reestructuración del sindicado que el Grupo Colonial formalizó con las entidades acreedoras el 19 de febrero de 2010.
El margen aplicable es de 400 puntos básicos, acumulables al principal y liquidables en el vencimiento del crédito, previsto para el 31 de diciembre del 2014. De momento, ya se han capitalizado intereses por un importe de 70 millones de euros.
Este préstamo tiene un tramo de 275 millones de euros garantizado con un warrant, convertible bajo determinadas circunstancias en acciones de Colonial, a un precio de 12 euros por acción. A 30 de septiembre pasado existía una cobertura swap de tipos de interés de 171 millones de euros, asignada íntegramente a la deuda de otras filiales.
Con todo, Riofisa sigue siendo el lastre más pesado. La mitad de sus 410 millones de deuda bruta vencen a corto plazo y hay que volver a negociar con la banca acreedora para prorrogar los pagos, lo mismo que ha sucedido con los aplazamientos por seis millones de euros alcanzados con la Agencia Tributaria, ya que su venta sigue siendo inviable en la actual situación del mercado.
Nadie está dispuesto a llegar, ni de lejos, a los 2.000 millones pagados hace cinco años a la familia Losantos. Además, la compra de la gestora de centros comerciales sigue en los tribunales, con una demanda interpuesta contra Luis Portillo por la que Colonial le reclama casi 700 millones por entender que el precio pagado fue excesivo.
