Correos: un dopaje público de 427 millones que atenta contra la libre competencia
Mientras otras empresas deben financiar sus reestructuraciones con sus propios recursos, aquí el Estado absorbe el coste de un ajuste laboral masivo
El Gobierno sufraga salidas anticipadas en Correos mediante 427 millones de euros y se presenta como una medida de reorganización interna. Pero a poco que se analice con rigor, se proyecta una preocupación mucho más seria, porque estamos ante una ayuda de Estado incompatible con el Derecho de la UE.
Correos es una S.A., compite en un mercado liberalizado, especialmente en el segmento de paquetería y notificaciones, y esta financiación pública directa, sin licitación ni contraprestación, produce un falseamiento del mercado postal y distorsiona gravemente las condiciones de competencia.
El principio de neutralidad competitiva queda vulnerado
Mientras otras empresas deben financiar sus reestructuraciones con sus propios recursos, aquí el Estado absorbe el coste de un ajuste laboral masivo. ¿Qué operador económico postal, ya sea pyme, empresa logística o competidor puede aspirar a competir así?
El principio de neutralidad competitiva queda vulnerado. Y sobre todo, ¿quién controla la justificación y proporcionalidad de este tipo de medidas en un contexto de deuda pública récord? Es momento de exigir mayor transparencia, rendición de cuentas y respeto a las reglas del juego, no solo por legalidad, sino por equidad. Porque el coste no lo asume Correos, lo asumimos todos.
Los datos oficiales de Correos confirman que la empresa opera con pérdidas estructurales, exige un nivel de financiación pública que triplica el coste neto verificado del Servicio Postal Universal (SPU), y aprovecha la red subvencionada para competir en mercados liberalizados.
Esta asimetría lesiona la libre concurrencia y mina la eficiencia del gasto público.
La financiación proyectada multiplica por cinco el coste neto auditado, creando una presunción reforzada de sobrecompensación y de ayuda de Estado ilícita (arts. 107-108 TFUE).
Hay que subrayar que estos números obligan a inyecciones públicas que alteran la igualdad de condiciones y que sus asociados cofinancian vía Fondo SPU.
Correos registró el pasado año unas pérdidas récord de 485,5 millones de euros
Correos usa su red SPU (capilaridad, oficinas) para vender seguros AXA, Correos Cash, telecom, logística refrigerada, marketplace, Citypaq. Estos servicios compiten con operadores privados que no gozan de apoyo presupuestario ni de la marca pública.
El grupo Correos se encuentra en un momento clave, tratando de aprobar un plan de bajas y de negocio que permita la viabilidad de una de las compañías con mayor plantilla en España, 50.000 empleados.
El pasado año registró unas pérdidas récord de 485,5 millones de euros, tras contabilizar una provisión «extraordinaria del plan de rejuvenecimiento», y tras encadenar año tras año pérdidas superiores a los 100 millones, en el último lustro. El dopaje público de Correos no solo atenta contra la libre competencia, sino que está por demostrarse que sea eficaz.