Cuando el miedo gobierna: por qué España está usando Europa para justificar lo injustificable
Regular es necesario. Pero gobernar desde el miedo no es regular: es desordenar
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Durante los últimos años, el debate sobre el alojamiento turístico y de corta estancia en España ha dejado de ser técnico para convertirse en político. No se ha regulado desde la evidencia, sino desde el miedo. Un miedo construido deliberadamente que ha permitido presentar el alojamiento de corta estancia como una amenaza sistémica y, bajo ese relato, justificar medidas excepcionales que alteran las reglas básicas del Estado de Derecho.
La realidad —y ahora también Europa— demuestra exactamente lo contrario. La reciente resolución de la Comisión Europea sobre la tramitación de la Ley de Turismo Sostenible de Andalucía introduce un mensaje inequívoco que va mucho más allá de una norma autonómica: la regulación no puede construirse sobre un estado de excepción permanente.
No se trata de una opinión del sector. Es una constatación jurídica emitida por la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea en el marco del procedimiento TRIS. Y su alcance es mucho mayor de lo que algunos quieren admitir.
Europa no cuestiona la regulación. Cuestiona el uso político de la regulación.
El pronunciamiento europeo es nítido en varios aspectos esenciales. En primer lugar, recuerda que el Reglamento de Servicios Digitales establece un marco plenamente armonizado para la intermediación online. Esto significa que las plataformas digitales operan bajo reglas comunes en toda la Unión Europea y que dichas reglas no pueden ser ampliadas, replicadas o reinterpretadas de forma territorial.
Cuando distintas administraciones —y especialmente la Administración General del Estado— multiplican registros, crean ventanillas paralelas y trasladan funciones de control a terceros privados, no están regulando: están securitizando. Es decir, están construyendo un relato de urgencia permanente para legitimar restricciones extraordinarias.
Europa no niega la necesidad de control. Lo que niega es la legitimidad de gobernar desde el miedo.
Cuando el registro se convierte en castigo
La Comisión introduce además un elemento clave que rara vez aparece en el debate público: la duplicidad administrativa. Registros que se superponen, ventanillas que no se comunican entre sí y obligaciones reiterativas que ya obran en poder de la Administración no responden a una necesidad técnica. Responden a una estrategia: hacer del cumplimiento una carrera de obstáculos.
Cuando el sistema se vuelve técnicamente inviable, el resultado no es mayor cumplimiento, sino el buscado por este enfoque securitario: reducción artificial de la oferta legal y desplazamiento silencioso de la actividad. Paradójicamente, en nombre del control se termina destruyendo el propio control.
Europa es clara: una vivienda, un registro. España hace lo contrario.
La resolución recuerda también que el Reglamento europeo sobre alquileres de corta duración establece expresamente que una unidad de alojamiento no puede estar sometida a más de un procedimiento de registro.
Este principio, plenamente aplicable a partir del 20 de mayo de 2026, desmonta la arquitectura que el Gobierno de España está construyendo: múltiples registros, múltiples obligaciones y un uso sancionador del dato. No se trata de elegir entre control o desregulación.
Se trata de elegir entre un sistema interoperable y eficiente o un laberinto administrativo que ni el propio sector ni la Administración pueden gestionar.
El problema no es Europa. El problema es cómo España decide interpretarla.
España no sufre un vacío normativo. Sufre un exceso normativo instrumentalizado.
- registros autonómicos obligatorios.
- partes de viajeros.
- comunicaciones fiscales.
- ventanillas digitales estatales.
- obligaciones periódicas de información.
El problema no es la ausencia de datos. Es la decisión consciente de no integrarlos para poder justificar nuevas capas de control.
Europa señala con claridad que el futuro pasa por la interoperabilidad, el intercambio automático de información y la cooperación administrativa, no por trasladar al ciudadano la carga de reconstruir una y otra vez datos que la propia Administración ya posee.
Registradores: del registro a la presión regulatoria
La resolución de la Comisión Europea tampoco avala que el Registro se utilice como mecanismo de cierre administrativo de la actividad.
Convertir el Número de Registro en un título revocable por incumplimientos meramente formales —y anunciarlo públicamente como amenaza— no es coordinación administrativa: es coacción regulatoria.
Europa nunca concibió el registro como una licencia para expulsar operadores legales del mercado. Para abandonar el relato del conflicto permanente y avanzar hacia políticas públicas basadas en evidencia, datos útiles y seguridad jurídica. Porque la sostenibilidad no se mide por el número de sanciones impuestas, sino por la capacidad de un sistema para ordenar la realidad sin destruirla.
El verdadero riesgo democrático
El alojamiento turístico y de corta estancia forma parte estructural del modelo económico, laboral y territorial del país. Gestionarlo adecuadamente exige rigor técnico, coordinación institucional y respeto al marco europeo. Europa ha hablado.
Ahora corresponde al Gobierno de España decidir si quiere gobernar desde la evidencia o seguir utilizando la excepcionalidad como método permanente. Regular es necesario. Pero gobernar desde el miedo no es regular: es desordenar.
