Cuidado con ATLL, no juguemos más
En el juego de las mayorías parlamentarias de la falta de coherencia de algunos partidos políticos, incluso de la necesidad de ‘hacerse notar’ se van produciendo unas decisiones que son contradictorias con las recomendaciones (Directiva 2014/23/UE) europeas en la colaboración público-privada (CPP).
Uno de los casos sintomáticos es la concesión para la gestión de ATLL (2012), que se está poniendo en cuestión, cuando el órgano regulador, la Agencia Catalana del Agua (ACA) no ha detectado que se haya producido ninguna incidencia remarcable. La gestión del agua en el AMB y otros municipios obtiene los índices de eficacia, calidad y continuidad fijados en el contrato de concesión.
La colaboración sector público-sector privado es un sistema que ya tiene su historia, y es resultado tanto de la crisis financiera y presupuestaria del sector público como de una necesidad, cada día más evidente, de canalizar recursos privados hacia los equipamientos públicos.
La Administración ha pasado de gestionar directamente los activos a jugar un papel distinto pero igualmente clave de planificador, regulador y controlador de la actividad. El sector privado asume el papel de ejecutor de las decisiones públicas, garantiza la financiación de las inversiones y transfiere experiencia e I D i al sector público.
La gestión privada, mediante concesión u otras fórmulas, por su propia naturaleza, goza de mayor flexibilidad en la asignación de recursos materiales, de personal y financieros. Diríamos que se halla sometida a menos ‘corsés’ que el sector público, necesariamente más dependiente de las restricciones del Presupuesto y de las regulaciones de los empleados públicos.
Es cierto que hay que poner un especial cuidado entre el órgano que realiza la concesión, con sus requerimientos de transparencia, igualdad de oportunidades y publicidad, y el concesionario que tiene que acudir al proceso sabiendo que el dinero que aporta – en sus distintas fórmulas – no le da derecho a todo, sino a regirse por las normas de la concesión y ser consciente que será controlado para que cumpla todos los términos.
La CPP es un contrato regido por unas normas explícitas y sometido a los tribunales de Justicia.
Y ahí surge el conflicto. Algún que otro grupo político en Catalunya ha hecho bandera de la reversión del contrato de concesión de 2012 entre la Generalitat y un consorcio liderado por la compañía Acciona. Contrato que en su día generó un canon de 1.000 millones de euros para la administración pública, cuando esta llevaba acumulando déficits de funcionamiento de 700 millones, al tiempo que se pone en riesgo 136 millones más en proyectos y mejoras en la red.
Esta concesión, es cierto, está siendo objeto de una dura batalla judicial, por distintas razones, pero el camino establecido para dilucidarlas es precisamente los Tribunales. Lamentablemente con tiempos de decisión excesivos.
Se esgrime que la gestión de un recurso tan fundamental como el agua la debe ejercer el sector público. Si políticamente se tomará la decisión de la reversión nos encontraríamos ante distintos problemas.
El primero es que no parece que existan razones de incumplimiento de contrato. Si se considerara lo contrario el camino son los Tribunales, con procedimientos bien establecidos.
Pero en segundo lugar, si se decidiera la reversión, no creo que exista ningún estudio que apoye que, en otro régimen, la gestión sería mejorable. Los antecedentes no lo avalan.
En tercer lugar, no parece poca la cifra de la indemnización, la del canon y la del lucro cesante.
Pero por encima de todas estas razones, se daría una prueba de enorme inseguridad jurídica y de falta de credibilidad a la comunidad internacional.
Catalunya ha dado, hasta ahora, una imagen de rigor y credibilidad bien ganada a partir de los Juegos Olímpicos de 1992, y también es una referencia mundial de CPP; en la sanidad, especialmente, pero también en la educación, en la logística y en la gestión de infraestructuras. Esta imagen ha sido clave para captar inversión extranjera.
La nueva (diríamos moda) de volver a lo público lo que funciona con gestión privada me parece un grave error.
Otro ejemplo se da en el campo de la sanidad. Según ha anunciado el consejero Comín dos centros concertados dejarán de prestar asistencia para que sea canalizada hacia hospitales públicos-públicos, que no están preparados para absorber el nuevo flujo. El operador CVC ya ha anunciado un ERE de 257 profesionales.
La prestación de servicios públicos no puede regirse por impulsos de tipo político, algunas veces reclamados por los sindicatos del sector, sino que debe ser analizado con mucho cuidado porque nos jugamos la credibilidad y el prestigio logrados después de muchos años.
