De la Coca Cola a Montilla
Dicen que le preguntaron una vez al todopoderoso presidente de la Coca Cola si no creía que su empresa gastaba excesivo dinero en publicidad teniendo en cuenta la cómoda posición de liderazgo que disfrutaba. El ejecutivo respondió que sí, que la mitad de su presupuesto publicitario iba casi con toda seguridad a la basura, pero que el problema estaba en que no podía saber cual de las dos mitades era ésa.
La boutade tiene una cierta gracia, porque al fin y al cabo Coca Cola es exclusivamente de sus accionistas y éstos pueden gastarse su dinero en lo que les apetezca, sea en publicidad, en bonus para sus directivos o en subvencionar proyectos de “interés social”. Los gobiernos no pueden hacer lo mismo.
El dinero que manejan los que tienen la responsabilidad de gobernar es de todos los ciudadanos. Tienen, por tanto, que tener mucho cuidado en saber qué parte del dinero que están metiendo en ayudar a empresas y sectores es inversión de futuro y cuál es puro gasto sin retorno. Ellos no pueden ignorar qué parte del presupuesto que destinan a ayudar será útil y cuál servirá únicamente para dar de mamar a llorones.
El ejecutivo catalán, con sus limitaciones, no está permaneciendo impasible ante los efectos que la crisis está teniendo en sectores de la economía catalana con un fuerte peso en la economía del país. Hay que reconocerle, pues, al ejecutivo que preside Montilla un activismo necesario para que la situación no provoque en nuestro tejido empresarial un roto aún mayor del que en estos momentos ya pintan las estadísticas.
Spanair, Seat, Nissan, el Salón del Automóvil, Ficosa, Ercros… son nombres de la actualidad más inmediata en los que la administración autonómica se ha visto empujada a intervenir recientemente. En algunos casos, las razones de ese apoyo y la manera en que se han concretado parecen más justificadas que en otros, pero sólo con el tiempo podrá evaluarse con sensatez lo acertado de esas decisiones políticas.
Pero el tiempo es un juez benévolo para los dirigentes políticos. La lógica de sus actos se desarrolla en escenarios temporales de un máximo de cuatro años. Sólo responden ante los electores que acudirán a las urnas en el próximo proceso electoral. Fuera de ese marco, nada parece tener sentido.
Y, sin embargo, las consecuencias las pagamos todos a través de nuestros impuestos. Los gobiernos no deberían permitirse, pues, un comportamiento como el que se le atribuye al máximo ejecutivo de la mayor empresa de refrescos del mundo. Los gobiernos tendrían que tener instrumentos de análisis y control que garantizaran el adecuado retorno, en los términos que sea, de ese dinero que no es suyo y que, simplemente, gestionan.
En definitiva, deberían ser más sensibles a razones de futuro que a objetivos de lobbies, deberían ir un paso por delante para no tener que dar años después varios pasos hacia atrás… Pero no sé si esto es pedir demasiado. A veces el balance entre unos y otros no está equilibrado. A veces, como se está viendo ahora con motivo del crash financiero, los recursos para defender sus intereses y esquivar el control administrativo de algunos conglomerados empresariales son mucho más poderosos que los que tienen las administraciones públicas, y más si son autonómicas.
