Sabadell y Criteria no son suficientes para frenar la sangría empresarial de Cataluña

El retorno del Sabadell y de Criteria a Cataluña, así como el balance de “solo” 109 salidas más que entradas de empresas en todo 2025 permitía tanto a la Generalitat como a las patronales catalanas soñar con que 2026 sería el año definitivo en el que Cataluña volvería a números negros en lo que en materia de idas y venidas de empresas se refiere.

Sin embargo, lo datos de primer trimestre del año aportados por el Colegio de Registradores han sido un mazazo para las aspiraciones de Salvador Illa y vienen a echar por tierra el discurso de “normalización” de Cataluña que quiere vender el presidente autonómico dado que en los tres primeros meses del año han salido de Cataluña 61 empresas más de las que han llegado, de mantenerse la tendencia el dato al finalizar el año será peor que en 2025.

Además, en 2025 Cataluña se pudo consolar con que Madrid también sufrió más fugas que aterrizajes corporativos, en concreto 65, ahora vuelve a liderar la captación de sociedades con 55 llegadas más que reubicaciones de sede. 

Madrid, desde que Registradores realiza estos informes, hace más de diez años era hasta el año pasado la única comunidad, junto a Baleares que siempre había arrojado datos positivos pero el año pasado Baleares se quedó sola y Madrid sucumbió debido a que el gobierno central impulso un impuesto sobre grandes fortunas que forzó a Madrid a reintroducir el impuesto de patrimonio.   

Si ponemos el foco solo en cuantas empresas catalanas se han marchado a Madrid o al contrario, la comunidad presidida por Díaz Ayuso también sale vencedora dado que 108 empresas catalanas se realojaron en Madrid y 87 madrileñas viajaron hacia Cataluña. El resultado es de 21 empresas ganadas por Madrid.

El 43% de las empresas catalanas que optan por marcharse de Cataluña se van a Madrid, pero solo el 21% de las empresas madrileñas que cambian su sede de comunidad lo hacen camino de Cataluña.

Los anuncios de retorno de grandes empresas como la corporación industrial de Caixabank, Criteria, o del Banco de Sabadell, que buscaba con ese gesto atraer el favor del gobierno en su lucha por no sucumbir en la OPA del BBVA, no han sido suficiente para que las empresas catalanas sigan buscando en otros lugares de España una fiscalidad menos voraz, un marco regulatorio menos denso y una administración más competente.

Los que creen que los motivos de las salidas de empresas de Cataluña son únicamente de carácter político se equivocan dado que la fuga fue, efectivamente masiva, en 2017 y 2018 tras la declaración unilateral de independencia por parte de los dirigentes del gobierno autonómico hoy aliados de Sánchez, pero los datos de Registradores demuestran que había empezado mucho antes.   

Los cambios en materia regulatoria y fiscal introducidos por algunas comunidades como Andalucia o la Comunidad Valenciana, las facilidades para encontrar suelo en otras como Aragón, o la tramitación rápida de permisos, hacen que muchas empresas opten por plantar su sede en comunidades donde sea más fácil desarrollar su actividad y crecer. En el caso de las empresas catalanas tras Madrid sus otros dos destinos preferidos son, por este orden, la Comunidad valenciana y Andalucia.

En el caso de Madrid también, pero de forma inversa, Andalucia capta casi tantas empresas como Cataluña, 87 y 73 respectivamente, y la Comunidad presidida por Pérez Llorca se sitúa en tercer lugar. 

Illa anunció cuando asumió la presidencia de la Generalitat que realizaría una reforma administrativa y encargo a su consejero de presidencia que pilotara este proceso de revolución administrativo-burocrática, pero hasta ahora los resultados han sido magros y las reformas pocas.

Asimismo la influencia de los Comunes-Sumar y ERC en el gobierno Illa impulsado nuevos tributos, regulaciones absurdas en materia inmobiliaria, apoyando con entusiasmo el cierre de las centrales nucleares catalanas, el atraso de Cataluña en materia de renovables y la inestabilidad política es lo que hace que grandes empresas puedan tomar decisiones de carácter político pensando que eso les otorga ventajas, pero en cambio, las PYMES siguen actuando por criterios racionales y lo que sucede en Cataluña a nivel normativo y fiscal es tan poco racional que las empresa siguen huyendo.