Desconvocar la democracia 

El caso Zapatero afecta al núcleo del poder terrenal y espiritual del sanchismo. Eso hace que la reacción de este Gobierno sea tan desaforada como previsible. España pide a Pedro Sánchez una convocatoria electoral, pero Pedro Sánchez decide desconvocar la democracia española. 

Lo confirmó en Italia con una declaración extravagante incluso para quien ha hecho del cinismo su principal recurso retórico. Mientras la legislatura se descompone, mientras los escándalos cercan a su entorno gubernamental, partidista y familiar, el presidente aseguró que no convocará elecciones. Lo hizo con la seguridad de quien parece haberse emancipado de la realidad. O, quizá, de quien considera que la realidad ya no merece ser consultada. 

La cuestión ya no es únicamente la corrupción. Los autos de los jueces Calama y Pedraz apuntan a presuntos delitos de enorme gravedad. Hablan de tráfico de influencias, de blanqueo, de estructuras opacas de poder y de actuaciones que afectan al corazón mismo del sistema democrático. Lo que emerge no es solo una trama de corrupción. Es la sospecha de un plan para hackear la democracia desde dentro. 

Durante años se nos dijo que las cloacas eran un invento de la derecha y una conspiración mediática. ¡Bulos de la fachosfera! Hoy descubrimos que las cloacas estaban en la superficie de Ferraz. Y que no se limitaban a la marrullería política habitual, sino a erosionar los controles democráticos y neutralizar los contrapoderes. Eso ya no es un problema de higiene política. Es un ataque frontal a la democracia liberal. 

La reacción del Gobierno resulta tan reveladora como los propios hechos investigados. En lugar de ofrecer explicaciones, desacredita a quienes preguntan. En lugar de responder a las investigaciones, ataca a quienes investigan. El caso más llamativo es el de Óscar Puente, un ministro de Transportes convertido de facto en ministro de Propaganda. Sus ataques sistemáticos a la libertad de prensa y a la independencia judicial indican algo más nerviosismo. Revelan una determinada y peligrosa concepción del poder.  

Los autoritarismos nunca llegan anunciándose como tales. Empiezan desacreditando a los contrapoderes. Empiezan cuestionando la legitimidad de los jueces. Empiezan señalando a los medios incómodos. Empiezan sustituyendo la rendición de cuentas por la descalificación permanente. Y continúan hasta que la democracia deja de ser un sistema de controles para convertirse en un mero mecanismo de ratificación del poder. 

Puente desempeña además otro papel político especialmente interesante. Es un puente colgante. El puente colgante que une a los cabecillas de dos tramas distintas. La de José Luis Ábalos y la de José Luis Rodríguez Zapatero. Dos José Luises, dos entornos bajo sospecha. Ese puente sostiene políticamente a Sánchez. Y cuanto más se tambalea, más agresiva se vuelve la defensa del Gobierno. 

Pero a Sánchez no solo le defiende Puente. Lo sostienen unos socios que han renunciado a cualquier pretensión de autonomía para convertirse en simples apéndices del sanchismo. Algunos de ellos avalaron operaciones tan controvertidas como el rescate de Plus Ultra. Otros han decidido ejercer de vergonzosos palmeros del poder. Resulta difícil no pensar en Gabriel Rufián cada vez que el Gobierno necesita una coartada parlamentaria.  

Esos mismos socios aprovechan la debilidad del Gobierno para avanzar en su verdadero proyecto: debilitar al Estado. Sus objetivos coinciden con la desconvocatoria de la democracia de Sánchez. Es el proceso “plurinacional” español que algunos llevan años diseñando. Es la fragmentación progresiva de las capacidades estatales para transferir poder a élites territoriales cada vez menos controladas por los mecanismos nacionales de supervisión. 

España se aleja cada vez más de los estándares normales de una democracia parlamentaria

Cataluña constituye el principal laboratorio de esa operación. Allí el nacionalismo lleva décadas intentando reducir la presencia efectiva del Estado. Ahora cuenta además con un aliado dispuesto a facilitar ese proceso desde La Moncloa. Salvador Illa representa la versión menos estridente, pero más eficaz, de esa lógica: menos capacidad de control del Estado y mayores espacios de impunidad política. 

España se aleja cada vez más de los estándares normales de una democracia parlamentaria. Se gobierna sin presupuestos. Se gobierna bloqueando leyes. Se gobierna sin voluntad de someterse al veredicto de las urnas. El decreto se ha convertido en sistema. La excepción se ha convertido en costumbre.  

Y es que la democracia no consiste únicamente en votar. Consiste también en aceptar que existen límites al poder. Consiste en respetar la separación de poderes. Consiste en rendir cuentas. Consiste en comparecer ante los ciudadanos cuando la confianza se ha quebrado. Consiste en convocar elecciones cuando ya no se puede seguir gobernando.