Progresismo: cuántas fechorías se cometen en tu nombre 

Pedro Sánchez lleva semanas explicando, con esa convicción serena del hombre que cree estar en el lado correcto de la historia, que España necesita un gobierno «progresista». No dimite. No adelanta elecciones. No considera que la situación, con su mujer procesada, con su hermano investigado, su fiscal general condenado, sus exministros declarando ante la Audiencia Nacional y sus socios comprando el silencio con cargos y favores, tenga nada de anormal. ¿Por qué iba a considerarlo? Él es «progresista». Y los «progresistas», por definición, están por encima del bien y del mal. 

Hay palabras que nacen para describir la realidad y otras que sirven para protegerse de ella, como un escudo. Y «progresismo» pertenece claramente a la segunda categoría. Es una etiqueta extraordinaria. Flexible, resistente, impermeable a los hechos y capaz de soportar una carga que haría estallar cualquier otra definición política conocida. Bajo su amparo caben imputaciones, procesamientos, escándalos de corrupción, tráfico de influencias, favores a familiares, sospechas de enriquecimiento y campañas de descrédito contra quienes investigan. Todo rebota. Nada traspasa. Nada parece tener consecuencias. 

En Alemania, en Francia o el Reino Unido un gobierno rodeado por una sucesión de escándalos como los que afectan al entorno político y familiar del presidente difícilmente habría llegado hasta aquí. No porque los jueces lo hubieran derribado. Ni porque la oposición hubiera encontrado una fórmula mágica. Simplemente porque existe algo llamado responsabilidad política. Y porque existe otra cosa todavía más antigua: vergüenza. 

La acumulación de casos habría provocado dimisiones, una crisis de gobierno o la convocatoria de elecciones para devolver la palabra a los ciudadanos. Aquí no. Aquí el presidente se aferra al cargo “porque España necesita un gobierno progresista”. Como si la palabra funcionara al mismo tiempo como programa político, certificado moral y salvoconducto judicial.  

Porque el verdadero milagro del progresismo contemporáneo no consiste en transformar la sociedad. Consiste en transformar la percepción de la realidad. No tienen ustedes más que ver las televisiones que se autoproclaman “progresistas” para comprobar que sus contertulios han dejado de criticar a los políticos corruptos no tanto por lo que hacen como por lo que dicen representar. 

Por eso, cuando aparecen indicios de corrupción, no se habla de corrupción. Se habla de bulos. De conspiraciones. De campañas de la derecha. De jueces con agendas ocultas. De periodistas que hacen preguntas inconvenientes. De guardias civiles que investigan demasiado. De fiscales que no entienden su función histórica. El problema nunca parece ser el escándalo. El problema siempre es quien lo descubre. 

Durante años hemos asistido a la construcción de un entramado político y mediático dedicado a desacreditar a cualquiera que se acercara demasiado a determinadas zonas sensibles del poder. Jueces convertidos en sospechosos por investigar. Periodistas señalados por publicar. Agentes de la Guardia Civil sometidos a campañas de desgaste. Fiscales cuestionados cuando no seguían el guion esperado. Todo ello en nombre de una causa superior. El progresismo. Una palabra tan útil que permite simultáneamente reclamar superioridad moral y victimismo político. 

Al final, todas las organizaciones que funcionan mediante lealtades internas, protección mutua, silencios compartidos y miedo a que alguien tire de la manta terminan pareciéndose bastante entre sí. En Nápoles lo llamaron “Camorra”

José Luis Rodríguez Zapatero, sin ir más lejos, constituye probablemente el mejor ejemplo de esta anomalía nacional. En cualquier otro país resultaría difícil explicar determinadas amistades peligrosas, determinados negocios o determinadas actuaciones que han condicionado incluso el papel de España en el plano internacional en una medida que aún desconocemos. Pero aquí sigue siendo presentado como una especie de reserva espiritual del progresismo español. Un referente ético. Una autoridad moral. Un estadista caído en desgracia. Como si hubiera sufrido un accidente.  

En el Gobierno están convencidos de que existe una categoría de ciudadanos, políticos y dirigentes situados por encima de las reglas que exigen a los demás. Una élite moral autoproclamada que considera que sus fines justifican cualquier medio y que toda crítica constituye un ataque contra la democracia. Y si usted no comparte esa visión, no es que discrepe, es que procede del franquismo más rancio, como dice desahogadamente la nueva líder de las Juventudes Socialistas. 

Al final, todas las organizaciones que funcionan mediante lealtades internas, protección mutua, silencios compartidos y miedo a que alguien tire de la manta terminan pareciéndose bastante entre sí. En Nápoles lo llamaron “Camorra”. En Sicilia, “Cosa Nostra”. En otros lugares, la “Famiglia”. 

Aquí, como esos nombres ya estaban registrados, han preferido bautizarse como «los progresistas».