Cae el relato woke, la mayoría a favor de más control sobre las bajas y en contra de la regularización masiva

Coincidiendo con la publicación del informe policial, al que ha hecho oídos sordos el ministerio del Interior, y que señala que 400.000 solicitantes de regularización jamás han vivido en España, se ha difundido el Polibarómetro del Instituto DYM para Grupo Joly que indica que dos de cada tres españoles creen que el proceso de regularización tendrá un efecto llamada de más inmigrantes ilegales hacia España.

El informe policial explica que la cifra de 0,4 millones es la que, según sus cálculos, corresponde a las personas que han solicitado la regularización sin haber vivido un mínimo de cinco meses en nuestro país antes del 1 de enero de 2026.

El gobierno al anunciar el proceso preveía que recibirían medio millón de solicitudes, pero al cierre del periodo de peticiones estas ascendieron a 1.170.000 cerca de los 1,25 millones de personas que el CNP considera que viven sin la documentación en regla en España.

Los expertos señalan que muchas de las personas que están en España en situación irregular o por desconocimiento o por temor a ser expulsados ni tan siquiera han intentado acogerse a la regularización con lo que decenas de miles de ellas habrían llegado de otros lugares del mundo.

De hecho, durante el proceso de regularización la policía ha dado publicidad al desmantelamiento de diversos carteles de venta irregulares de papeles. El caso más relevante fue el de la detención de 19 personas en el País Vasco que vendían un pack completo de documentación para lograr la regularización con precios que oscilaban entre los 5.000 y los 10.000 euros.

DYM en su barómetro recoge que el dato de que el 55,7% de los consultados considera que la cantidad de inmigrantes que se va a regularizar es excesiva. Además, un 54,3% de los españoles consultados creen que la regularización favorece electoralmente al PSOE frente al 6,2% que considera que beneficia al PP.

Donde parece haber más consenso es en el efecto llamada de la regularización dado que un 63,9% afirma que la tendrá y atraerá aún a más inmigrantes irregulares a nuestro país. El estudio también aborda otra ley polémica como la llamada ley de nietos y en un 53,4% de los casos cree que el principal objetivo del gobierno no ha sido hacer justicia con los exiliados de la República española sino ampliar el censo electoral para lograr más votos.

Instituto DYM no solo ha preguntado sobre inmigración, sino que también ha interpelado a la opinión pública sobre las bajas laborales y una amplísima mayoría, tres de cada cuatro, creen que debe haber mayor vigilancia sobre las bajas fraudulentas. No solo un 75,7% está de acuerdo en que deben incrementarse los controles, sino que más de un tercio, un 32,2%, reconoce que es conocedor de casos de bajas fraudulentas. Eso si, un 53,2% es contrario a que se reduzca el sueldo mientras un trabajador esté de baja.