Hay situaciones a las que es difícil que el análisis añada algún matiz o enfoque que permitan un mayor abanico de interpretaciones de modo que el lector tenga nuevas perspectivas. La radióloga del hospital de Sant Pau, Carme Pérez, pidiendo ayer al conseller Boí Ruiz que «limpie la sanidad pública de los políticos y gestores incompetentes y corruptos» tras presentar ante el juez una denuncia por estafa, malversación de fondos públicos y delitos societarios contra una docena de gestores y patronos del hospital de Sant Pau es una de ellas.
Ignoro los motivos que han podido llevar a esta profesional a liderar una denuncia de tal calibre contra los rectores del centro en el que trabaja, pero el cúmulo de noticias que vienen publicándose en diversos medios sobre las supuestas irregularidades que se habrían producido desde hace años en este hospital, financiado enteramente por fondos públicos y regido por un patronato en el que participan el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y la Iglesia católica, merece algo más que explicaciones.
Según he leído en el diario El País, entre esas supuestas irregularidades estarían un buen número de contratos, pagos de sobresueldos a directivos e indemnizaciones injustificadas. La denuncia de esta mujer ha recibido hasta ahora el apoyo de diversas asociaciones profesionales de médicos y enfermeras y un par de sindicatos (Metges de Catalunya y Sant Pau Assistencial) y podría recibir nuevas adhesiones en los próximos días. De la Iglesia o los partidos políticos que nombraron en su día a esos patronos, sobre cuya gestión se extienden hoy tan graves sospechas, ni una palabra hasta el momento.
Que el que fuera delegado de la Generalitat en Madrid, José Ignacio Cuervo, y teniente de alcalde del ayuntamiento de Barcelona con Joan Clos, entre otros cargos socialistas, aparentara multiplicar su jornada laboral como si fuera el milagro de los panes y los peces, compaginando su plazo a tiempo completo como médico inspector en Bellvitge con otra de media jornada como asesor en Sant Pau, no merece al parecer ningún comentario desde la sede de la calle Nicaragua. Como tampoco sobre el hecho de que Ricardo Gutiérrez cobrara sin trabajar durante 7 años entre 80.000 y 100.000 euros anuales y que formalmente fuera «despedido» el año pasado mereciendo una indemnización de 158.000 euros, como al parecer ha sucedido.
Por eso, cuando he leído las palabras de Carme Pérez, he pensado que tenía poco que añadir a los hechos que alimentan su indignación. Cómo no entender el enfado de esta profesional, con 33 años de servicio a la sanidad pública a sus espaldas, aguantando día a día la presión de unos servicios sometidos a unos severos recortes, mientras delante de sus ojos desfila tal cúmulo de supuestas irregularidades cometidas o permitidas o ignoradas negligentemente desde el entorno de los que dirigen el país.
Es obvio que la profunda crisis económica que atravesamos exige duras medidas, que todos, aunque en muy diferente medida, hemos sido corresponsables de la situación a la que hemos llegados, pero también creo, y así lo he dicho en numerosas ocasiones, que una parte de nuestros problemas, y de las dificultades para una más pronta recuperación, vienen de la falta de liderazgo moral de nuestra actual clase política. Y que no se me enfade el señor Duran i Lleida, tan presto siempre a descalificar este tipo de quejas. La carga de la prueba la tienen ellos, no los que, como la radióloga Carme Pérez, ha visto como la única posibilidad de arreglar algo las cosas era llevar su denuncia ante los tribunales a la vez que exigía al primer responsable del sector que limpiara «la sanidad pública de los políticos y gestores incompetentes y corruptos».
