Dogi, o la ineptitud subvencionada
La Generalitat va a inyectar 2,5 millones de euros al fabricante de tejidos elásticos Dogi, de El Masnou, en forma de préstamos participativos y avales. En estos tiempos de ajustes brutales, escasez de recursos e impagos masivos del Govern, resulta casi increíble que siga volcando recursos públicos sobre esta máquina de perder dinero que es Dogi.
Conviene recordar que el InstitutCatalà de Finances ya concedió 14 millones a la familia propietaria en 2003 y otros 8 millones a la empresa cinco años después. Mentes aviesas achacan tales apoyos a los estrechos vínculos de José Domenech, principal accionista y mandamás de Dogi, con los jerarcas de CiU.
La historia de la firma durante los últimos lustros está señalada por dos hitos memorables: salida a bolsa en 1998 y suspensión de pagos en 2009. El primero significó el arranque de una etapa de fuerte crecimiento. El segundo reflejó el fracaso de la gestión realizada y la ruina de la empresa.
En el salto a bolsa, Domenech dio un pelotazo de 22 millones limpios de polvo y paja. Años después soltó otro de 24 millones por la venta de la fábrica que Dogi ocupaba en el centro de El Masnou, previa recalificación urbanística. En ese trasiego, la caja social de Dogi no ingresó un céntimo, pues el local pertenecía al patrimonio particular de los Domenech, que recibían de la empresa 0,9 millones anuales de alquiler.
La sociedad cotizó durante dos años sin sobresaltos. La racha se truncó a comienzos del presente milenio, cuando empezó a aflorar pérdidas.
Desde entonces, sigue sumida en ellas y luce el triste récord de haber encadenado catorce ejercicios consecutivos de números rojos, con la sola excepción de 2010. En éste, realmente no hubo excedente alguno, sino pérdidas a porrillo, pero se compensaron gracias a que los acreedores condonaron buena parte de las deudas derivadas de la suspensión de pagos de la compañía.
Una gestión calamitosa
Dogi padeció siempre crónicos problemas de gerencia, que acarrearon trepidantes cambios en los altos ejecutivos. Richard Rechter, el director general que orquestó el ingreso en el parqué, propinó un petardazo de seis millones con la venta de sus acciones y se largó poco después con viento fresco.
Le sucedió Francisco Reynés (actual consejero delegado del grupo Abertis), bajo cuyo mandato Dogi se expandió por Asia mediante la compra de una serie de factorías pertenecientes a Courtaulds/Sara Lee, por 50 millones. La familia Domenech siempre le ha culpado de ese despliegue, que se saldó posteriormente con un reguero de quebrantos.
Luego aterrizaron sucesivamente FerranConti, Carlos Schroeder y Jordi Torra. A este último le cupo, en 2009, la ingrata tarea de instar la suspensión de pagos. Hoy empuña la batuta Ignacio Mestre.
Los últimos gestores han tenido que aplicar ajustes draconianos. Se ha cerrado o malvendido la mayoría de las fábricas sitas en el extranjero. Los acreedores han sufrido una feroz quita de sus créditos. La plantilla se ha recortado de 2.000 a poco más de 300 personas. Las ventas se han desplomado un 80% desde sus cotas máximas. Los escasos accionistas supérstites del aciago estreno bursátil han perdido su peculio.
Sin otra salida que endosar la empresa a un tercero, Domenech lo ha encontrado en el fondo de inversión Sherpa Capital, del hombre de negocios valenciano Eduardo Navarro. Sherpa se hace con Dogi a precio de saldo. Aportará hasta cuatro millones por medio de un par de ampliaciones de capital, a las que seguirá una oferta pública de adquisición de los demás títulos. Con estos recursos frescos, prevé restaurar el amenazado equilibrio patrimonial. Que la suerte le acompañe.
