Analogías y diferencias entre la riada de Biescas y la DANA 

Dentro de unos días, el 7 de agosto, se cumplirán 29 años de la riada que arrasó el cámping de Las Nieves en Biescas (Huesca). Allí murieron 87 personas y 183 resultaron heridas. Cuando tiene lugar una tragedia de estas dimensiones, al horror inicial le sigue un dolor inmenso y un impacto emocional profundo, especialmente entre quienes han perdido a seres queridos. Fue el caso de mi familia. Allí se fue para siempre mi hermana M.ª José, de 42 años. Por eso entiendo perfectamente a quienes, una vez pasada la primera etapa del shock, como en el caso de la DANA de Valencia, exigen que se depuren responsabilidades.

Aunque ambos sucesos, el del Pirineo y el de Valencia, están separados por casi tres décadas, creo que guardan entre sí algunos paralelismos que empiezan a tomar cuerpo, gracias a la labor de investigación de la Guardia Civil, y que apuntan en una misma dirección: el papel de las confederaciones hidrográficas, organismos dependientes del Gobierno de la nación. Está claro que hace tres décadas no contábamos con los actuales avances tecnológicos para la gestión de emergencias, y que las alertas meteorológicas de entonces eran rudimentarias comparadas con las actuales, pero, a pesar de todo, se evidenció una grave negligencia estructural en la prevención de riesgos.

En el proceso judicial que se abrió sobre la tragedia de Biescas, las responsabilidades penales quedaron diluidas. Sin embargo, la Audiencia Nacional acabó dictando sentencia y responsabilizó, aunque por razones diferentes, tanto al Gobierno de Aragón como a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Al gobierno autonómico se le hizo responsable de haber dado la autorización para la instalación del cámping en una zona con riesgo de inundación y a pesar de la existencia de informes técnicos que advertían del peligro.

Y a la CHE se le condenó porque, aun contando con esos mismos informes, nunca ejecutó obras de protección ni planteó reubicar el cámping en otro sitio. La Confederación Hidrográfica del Ebro era la responsable de la cuenca hidrográfica y, por tanto, del mantenimiento de cauces e infraestructuras. Así que fue señalada desde el primer momento por no haber canalizado adecuadamente el barranco ni advertido del riesgo a las autoridades locales. Ambos organismos, tanto el Gobierno autonómico como la Confederación, tuvieron que pagar las indemnizaciones a las familias de las víctimas.

Ambos desastres, el de Biescas y la DANA valenciana, tienen claras diferencias: el primero fue una catástrofe de montaña, con 87 muertos; el otro fue una tormenta mediterránea que causó 228 víctimas mortales. Pero los dos tienen un patrón institucional que se repite: las confederaciones hidrográficas, como entidades gestoras de las cuencas, aparecen en el centro del debate sobre lo que se pudo o no prevenir. En ambos casos, la atención mediática y judicial se desplaza desde las causas naturales hacia la gestión de los riesgos.

En ambos casos, la atención mediática y judicial se desplaza desde las causas naturales hacia la gestión de los riesgos

La gran diferencia, sin embargo, reside en el contexto tecnológico y de gestión de emergencias. En 1996, los sistemas de alerta eran casi inexistentes, y la responsabilidad recaía sobre decisiones estructurales mal tomadas. En 2024, sin embargo, pese a que existían avisos de lluvias torrenciales, no se actuó preventivamente sobre una infraestructura deficiente. Es decir, no hubo solo deficiencias y fallos en los avisos, sino también una falta de actuación, de mantenimiento adecuado de algunos barrancos, especialmente el del Poyo.

En este sentido, los últimos y amplios informes de la Guardia Civil no solo cuestionan la ejecutoria de la AEMET el día de la DANA, sino que también señalan a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), lamentando que no proporcionara al momento los datos que permitieran actuar sobre el barranco del Poyo. El informe de la Guardia Civil sobre el suceso vuelve a apuntar hacia una confederación hidrográfica, en este caso la del Júcar (CHJ). Según la investigación, el canal de desagüe que debía evacuar el agua acumulada en la zona no funcionó correctamente, al estar obstruido y sin mantenimiento adecuado. La inundación fue rápida y letal. De nuevo, la responsabilidad recae sobre el organismo que debe velar por la limpieza de barrancos, acequias y cauces.

En el caso de Biescas, quedaron claras las responsabilidades: la del Gobierno autonómico por permitir un cámping donde nunca debió instalarse; y la del Gobierno de la nación por no alertar del peligro de la zona y no haber asumido las obras de mantenimiento del barranco, cuya acumulación de piedras y ramas a lo largo de los años provocó la tragedia. En cuanto a la DANA, los jueces siguen recabando información para establecer las responsabilidades en materia de avisos y alertas: quién, cuándo, cómo y dónde tenía que haber comunicado lo que se venía encima. Lo que sí parece cada vez más evidente es que tanto la CHE como la CHJ son organismos autónomos pero dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y, por lo tanto, brazos del Gobierno central en la gestión de aguas.

A pesar de que comunidades autónomas y ayuntamientos también tienen competencias en protección civil o urbanismo, el mantenimiento de cauces y la previsión hidrológica sigue dependiendo del Estado. La pregunta ahora es si estas confederaciones tienen las ideas claras y los medios necesarios para actuar de manera preventiva o si, por el contrario, forman parte de un aparato administrativo que solo es capaz de actuar cuando los demás estamos ya con el agua al cuello.