Economía (in)sostenible

Escribo este post a horas intempestivas, al despuntar el alba (que en invierno despunta muy temprano), así que espero no decir demasiadas insensateces al hablar de algunos aspectos llamativos de la nueva ley de economía sostenible y que conste que la iniciativa no me parece mal sino todo lo contrario, muy necesaria. Dada la extensión del tema lo trataré en varios posts, no necesariamente consecutivos.

Algo que me ha llamado poderosamente la atención como contratista habitual de la administración es el contenido de la ley en lo referente a la morosidad de las Administraciones Públicas. Ley dixit “el pago se efectuará a los 30 días” hoy la ley obliga a pagar a 60 días o a pagar los intereses de demora de oficio (cosa harto difícil de ver)… ¿fantasía o realidad?.

Veamos qué nos dicen los testarudos datos: plazos medios de pago de las AAPP: 144 días; deuda de las administraciones sanitarias: 10.843 millones de euros; la consejería de Sanidad de una CCAA (líbreme Dios de dar el nombre) ha sido sancionada judicialmente por 193.000 facturas impagadas; deuda bancaria de los ayuntamientos: 26.128 millones de euros; por cada 10.000 euros que una empresa no cobra se generan 100 euros de coste financiero… ¿sigo?. Mi experiencia personal me dice: el pago depende exclusivamente de la Administración pagadora por lo que hay que ser extremadamente cuidadoso al seleccionar con quién se trabaja, no sea que te coja el toro.

De nuevo estamos delante de una iniciativa legislativa bienintencionada pero bienalejada de la realidad, como la ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a la administración, que hace suyo el enunciado de otra ley anterior (ley de procedimiento administrativo de 1992) acerca de que la administración no podrá solicitar al ciudadano documentación que ya obre en su poder, y –además- pone fecha al inicio del obligado… Leer más…