Presentadas el pasado viernes al cierre del mercado, las cuentas del Banco de Valencia pasaron un tanto desapercibidas. Pero, aparte de los 901 millones de euros de pérdidas declarados al final del tercer trimestre del pasado, algunos datos, ahora expuestos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) –administrador de la entidad desde que el Banco de España la interviniera el pasado 21 de noviembre–, algunas argucias contables llevadas por el equipo dirigido por José Luis Olivas son de juzgado de guardia.
No resulta normal que, de la noche a la mañana, aparezcan más de 2.000 millones de créditos otorgados en su día para la promoción y construcción inmobiliaria, y tampoco lo es que 700 de esos millones, en torno al 35% de estos nuevos créditos distraídos, estén clasificados como no urbanizados. Son activos ilíquidos ya que, dada la actual situación del mercado, parecen abocados a no poder desarrollarse en mucho tiempo –quizá nunca– y su venta alternativa pasaría por asumir unas pérdidas del 90%, si no más.
¿Cómo es posible que en solo tres meses se incremente el crédito al ladrillo un 40%? La variación obedece simplemente a, como comentan los nuevos administradores del Frob, “reclasificaciones de contratos que, antes, atendiendo a su finalidad, se clasificaban en sectores distintos a la promoción inmobiliaria, y que, ahora, se han clasificado como riesgo vinculado a la promoción”. En definitiva, que para reducir el alcance de su exposición inmobiliaria real, tenían computados esos créditos al ladrillo en otras actividades. Alucinante.
Otro dato aflorado en tan solo un trimestre hace referencia a los 1.000 millones de euros nuevos de créditos a los promotores sin garantía hipotecaria que los respalden, es decir, otorgados con el respaldo de bienes personales u otro tipo de garantías personales.
Con la nueva realidad contable, la que se encontraría la entidad que se quede con el Banco de Valencia tras el proceso de venta anunciado por el Banco de España, pasa por asumir un saldo vivo de crédito con finalidad inmobiliaria que, a 30 de septiembre –habrá que esperar a los datos del cierre del ejercicio para conocer la situación con más exactitud–, se eleva a 5.252 millones de euros. Cantidad realmente alta para una entidad de este tamaño. Y no lo es peor. Lo peor es que el 71% está en riesgo, con 1.599 calificados como dudosos y 1.158 como subestándar. Créditos solo cubiertos en un 25% con los 684 millones, a los que hay que sumar 25 millones del fondo genérico.
La recién creada Pro Banco Valencia, Asociación para Defensa de los Accionistas del Banco de Valencia, presidida por Vicente Simó, ve la situación de la entidad de otra manera. Barren para casa y por eso aseguran que la evolución del negocio es positiva, con unos recursos propios de 410 millones y unos ingresos típicos de 237 millones de euros, un 40% superior respecto al cierre del primer semestre. Y achacan exclusivamente los datos contables negativos a las “extraordinariamente elevadas provisiones realizadas por los actuales administradores”.
