El calendario de la recuperación
Los mismos que fueron incapaces de prevenir la crisis se atreven a poner fecha a una situación sujeta a muchos avatares
Hay políticos que se obstinan en adornar sus intervenciones,o en acabarlas, con la fijación del momento en que terminará el proceso de aumento del paro o el que indique la vuelta al crecimiento.
Más que un lugar común suele ser una incongruencia, porque los mismos que fueron incapaces de prevenir la crisis se atreven a poner fecha a una situación sujeta a muchos avatares,entre los que su propia intervención también cuenta y, quizámás de lo que ellos mismos suponen, tanto para bien como para mal. El fallo reiterado en las promesas y predicciones, la falta de análisis y el cambio continuo de opinión llevan al descrédito de los improvisadores y la desconfianza de los receptores del mensaje, con lo que éste se vuelve contra el emisor.
El fin de la destrucción de empleo requiere, como primera actuación,que se resuelva la situación de liquidez de las empresas, que pasa por que la banca supere sus limitaciones actuales en términos de recursos y disposición y se atreva a prestar a las empresas, a pesar del riesgo de sistema. En octubre de 2006 la tasa interanual de crecimiento del volumen prestado a las empresas era del 27,8% frente al 8,9% en el mismo mes de 2008. Esto indica que, aunque en las tuberías financieras hay líquido, falta la presión para que llegue a su destino.
COMO FACILITAR EL CRÉDITO.Para facilitar la concesión de crédito, o simplemente reducir las reticencias a concederlo, quizá podría ayudar la asunción estatal de una parte del riesgo –si fuera todo podría haber relajamiento en el análisis e instrumentación–que podría aportarse en forma de reducción fiscal activada si se produce un fallido. Por el contrario, perjudica el hecho de que particulares y empresas (incluso públicas) compren deuda reduciendo sus depósitos en entidades crediticias, con lo que el efecto final será nulo o nocivo. Además, la iniciativa de inducir a la asunción de riesgo, por medio de la reducciódel coste de los recursos que el Estado concede a los bancos que trasladan a créditos una parte más elevada del préstamo público que reciben, es un estímulo adicional a la predisposició a colaborar en la normalización crediticia.
Si hay acceso al crédito y se resuelve el problema de las garantías,aparece el del coste, que depende de la autoridad monetaria,de la inflación y de la prima de riesgo. La autoridad monetaria puede seguir generando incertidumbre o informar de su decisión –indeseada– de bajar el tipo de interés y del tiempo que supone que persistirá. La baratura del crédito es un factor subyacente a la situación de crisis, ya que propicióun endeudamiento excesivo. Ahora se requiere que familias y empresas reduzcan su deuda hasta un volumen que puedan pagar cuando el interés vuelva al nivel que determinen la oferta de ahorro y la demanda de financiación. Para que se produzca ese ajuste, ayudaría que se anunciara el plazo previsto para cambiar la pauta elegida, aunque se deje margen para adecuarlo a las circunstancias. En otro plano, la incidencia del precio del petróleo importa y sus fluctuaciones no parecen resolubles a corto plazo. Pero, en cambio, la prima de riesgo puede reducirse si el sector público absorbe una parte reducida de la nueva capacidad de financiación de la sociedad.
LA EFICIENCIA,MÁS IMPORTANTE QUE NUNCA. Si las empresas están obligadas a dedicar tiempo y recursos para aclarar imputaciones, errores o incumplimientos, se descuidan del mercado y la competencia. Si las Administraciones Públicas son más obstaculizadoras que facilitadoras de la actividad económica, la propensión a invertir se resiente. Si las obras públicas responden más a proximidad ideológica, o a densidad de voto favorable de la zona beneficiada, que a necesidad o a impulso económico, es lógico que las inversiones se reduzcan o se vayan a zonas menos inhóspitas. Por eso es importante dar ejemplo de eficiencia, de calidad en la asignación de recursos y de rigor en la gestión; en lugar de la magnificación de minucias formales que proliferan donde se da más peso a los aspectos formales de la vida social o a la aspiración a cambiar la humanidad o el mundo.
Se pueden hacer reglas de tres en base a estimar cuántos años se necesitan para absorber el exceso de viviendas construidas en los últimos seis u ocho años, añadiendo las que se hagan en los próximos. Se pueden deslindar las viviendas apropiadas para segunda residencia de las urbanas, las nuevas de las antiguas y segmentar los diferentes mercados. Pero el pasado –que siempre es fuente de enseñanzas– pocas veces es un buen predictor del futuro. Es éste, el futuro, el que orienta las actuaciones de hoy y mañana para configurarlo en función de las expectativas. Éstas inducirán, o no, a iniciar nuevas obras.
La verdadera disyuntiva está entre el esfuerzo por reducir en parte los sinsabores y dificultades que crea el desempleo y la utilización parcial e ineficiente de los recursos disponibles o, por el contrario, la voluntad de crear una opción sólida, atractiva y persistente. Otra forma de decirlo estriba en plantear la disyuntiva entre dedicarse a apoyar lo indefendible frente a esforzarse en lo posible. Esto puede conseguirse si se liberan las ideas y la fuerza de la sociedad en lugar de tratar de sustituirlas por sus organizaciones, representantes o administraciones, que nunca pondrán el empeño en lo que no tienen ni pueden gestionar, ni la imaginación y la dedicación derivada de fundir el compromiso personal con la responsabilidad por el patrimonio y los actos propios.
