El maná europeo, crónica de una muerte anunciada
De nada sirve la lluvia de millones si la administración española no mejora su capital humano, mientras países como Portugal presentan datos de ejecución superiores
Los fondos europeos ya están aquí. El compromiso alcanzado el pasado julio por la Comisión Europea representa el paquete de ayudas más ambicioso de la historia reciente. Un plan especialmente generoso para España, cuyo presupuesto solo del fondo Next Generation (NGEU) ronda los 140.000 millones, unos 77.000 millones a fondo perdido y el resto en préstamos. En los próximos cinco años, la cifra de inversiones a desembolsar podría superar el 3% del PIB anualmente.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno serviría supuestamente para articular estos fondos, que irán regando el país durante los próximos años. Sin embargo, la rapidez con la que España ha accedido al maná europeo contrasta con la lentitud con la que el estímulo se está filtrando a la economía real. Resulta alarmante el último dato oficial que recoge un informe reciente de la CEOE: solo ha sido desembolsado a las empresas el 2%, 104 millones de los casi 5.000 millones que ya estaban comprometidos para la fecha.
¿Qué factores subyacen a tal escandaloso fracaso – un fracaso sobre el cual por cierto algunos ya veníamos alertando? En primer lugar, los criterios de reparto y los sistemas de adjudicación, tanto para el sector público como para el privado, son confusos y poco transparentes y presentan un grado elevado de discrecionalidad.
En un informe de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ya llamó la atención sobre “la heterogeneidad de procedimientos y complejas curvas de aprendizaje para los licitadores y la propia administración responsable”. No parece que esto se haya resuelto con la Ley de Contratos del Sector Público. Más bien al contrario. Se observa un uso cada vez más intensivo de los llamados contratos menores, mucho menos exigentes a la hora de rendir cuentas en términos de información y de gestión; o del elevado porcentaje que representan las licitaciones en abierto, comparadas con las que se hacen en otros países, y que elevan claramente los plazos de ejecución.
En algunos casos, los plazos de presentación para las empresas no han llegado a diez días hábiles. Así́, por ejemplo, la línea de ayudas para la iniciativa Industria Conectada 4.0/ACTIVA Financiación, lanzada en agosto por la Secretaria General de Industria, solo concedió́ ocho días hábiles de presentación, lo que ha supuesto que el porcentaje de ejecución haya sido únicamente del 10,4%: 9,9 del total de 95 millones. Probablemente el Comité Técnico que asesora al Gobierno podría haber incorporado algún miembro del sector privado (son todos funcionarios). Destaca también la falta de interlocución e información de las pymes respecto a las grandes empresas y consultoras.
Otra gran deficiencia que lastra la gestión de los fondos es la falta de formación, de capital humano. La contratación improvisada de interinos por parte del Gobierno y las comunidades autónomas para gestionar los fondos demuestra la temeridad de plantear un plan de gasto de 140.000 millones sin reforzar los recursos humanos para gestionarlos. De nada sirve la lluvia de millones si la administración española no mejora su capital humano. Países vecinos como Portugal presentan datos de ejecución superiores gracias a una gestión pública mucho más profesionalizada y menos politizada que la nuestra.
Es necesario incorporar perfiles especializados para los fondos europeos
La administración dedica ingentes recursos a actividades rutinarias que, más pronto o más tarde, serán automatizables y que en muchos casos podrían gestionarse a través del mercado. En cambio, se necesita incorporar perfiles especializados en el manejo de datos y herramientas analíticas a través de nuevos regímenes de empleo más flexibles, más próximos al régimen común del trabajo por cuenta ajena, y con el foco puesto en el rendimiento, el aprendizaje y la adaptación al cambio.
El último gran olvidado es la evaluación. Es incluso comprensible cometer errores en la gestión de los fondos, considerando las cantidades y la velocidad en la que deben ejecutarse los proyectos. Lo grave es perseverar en el error, y para evitarlo la única forma es establecer mecanismos e instancias permanentes que se comprometen con la rendición de cuentas de los resultados de las acciones públicas y miden su impacto para corregir el tiro si es necesario. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ya acostumbrada a hacer revisiones de la eficiencia del gasto o spending reviews, podría ejercer este papel.
Ante la lluvia de millones de los fondos NGEU, algunos ya alertamos que España carecía, sencillamente, de capacidad institucional. De un modelo de gobernanza inclusivo y de suficiente capital humano y capacidad de ejecución para hacer un uso eficiente de los 140.000 millones. Por esto sugerimos una solución descentralizada y mucho más simple y democrática (y que sí aplicó otro vecino, Italia): dedicar los fondos a reducir impuestos, sobre todo al empleo, dada su alarmante situación.
