Sostenibilidad sin tornillos: el problema de olvidar la ingeniería  

España encadena semanas de incidentes que parecen desconectados, pero que responden a una misma lógica. Trenes de alta velocidad detenidos por fallos en la vía, limitaciones de velocidad por fatiga del material, cercanías colapsadas por averías eléctricas, inundaciones que vuelven a ocupar titulares en zonas históricamente vulnerables. No es mala suerte. Es una decisión implícita de política pública. 

Durante décadas, el Estado moderno se definía por su capacidad de anticipar riesgos: canalizar ríos, reforzar taludes, mantener redes ferroviarias, invertir en redundancias. Hoy hemos sofisticado el discurso, pero hemos descuidado la ingeniería básica. Y eso tiene consecuencias. 

El debate contemporáneo sobre sostenibilidad se ha estructurado en torno a un concepto dominante: la mitigación. Reducir emisiones, transformar el mix energético, rediseñar incentivos. Todo ello es legítimo y, en muchos casos, necesario. El problema surge cuando la mitigación absorbe casi todo el capital político, presupuestario y simbólico, relegando a un segundo plano aquello que históricamente ha garantizado la supervivencia de las sociedades: la adaptación. 

Adaptar no es un eslogan. Es reforzar infraestructuras, actualizar mapas de riesgo, desplegar sistemas de alerta, rediseñar drenajes urbanos, modernizar líneas ferroviarias, invertir en mantenimiento preventivo. Es aceptar que el riesgo no se elimina, sino que se gestiona. Sin embargo, en el reparto real de prioridades, la adaptación ocupa un lugar marginal. Incluso en la arquitectura conceptual de la Unión Europea, donde figura como uno de los seis grandes objetivos de la Taxonomía, la asignación efectiva de recursos es claramente asimétrica. 

Los números lo confirman. La Comisión Europea estima que la UE necesitará entre 500.000 y 620.000 millones de euros adicionales al año en inversiones vinculadas a la transición energética hasta 2030, de los cuales solo una fracción se destina a adaptación. La Agencia Europea de Medio Ambiente calcula que la brecha de inversión en adaptación supera los 100.000 millones de euros anuales en sectores clave como infraestructuras, agua o transporte. Y el Banco Europeo de Inversiones advierte de que más del 70% de las infraestructuras críticas europeas no están preparadas para escenarios de riesgo crecientes. 

Aquí emerge el verdadero trade-off. Cada euro destinado a objetivos de mitigación con impacto incierto en el bienestar inmediato es un euro que no se invierte en resiliencia tangible. Cada regulación diseñada sin evaluar sus efectos sobre el crecimiento reduce el margen fiscal para financiar adaptación. Y cada punto de PIB perdido por políticas mal calibradas es capacidad de inversión futura que desaparece. 

El deterioro de las redes ferroviarias o la reiteración de daños por inundaciones no son anomalías técnicas. Son síntomas de un modelo de prioridades

La dimensión geopolítica agrava el dilema. Europa decidió liderar la transformación global incluso si otras potencias no acompañaban con la misma intensidad. Mientras la UE elevaba sus costes energéticos y regulatorios, Estados Unidos impulsaba la reindustrialización con el Inflation Reduction Act y China consolidaba su dominio en cadenas de valor críticas. El resultado es una pérdida relativa de competitividad: entre 2000 y 2023, la participación de la UE en el PIB mundial cayó del 25 % al entorno del 15 %, mientras Estados Unidos y China reforzaban su posición. 

Ignorar esta realidad tiene un coste estratégico. La capacidad de adaptación depende del crecimiento. Sin crecimiento, la resiliencia es retórica. Y sin inversión en infraestructuras básicas, la sostenibilidad se convierte en un concepto decorativo. 

El deterioro de las redes ferroviarias o la reiteración de daños por inundaciones no son anomalías técnicas. Son síntomas de un modelo de prioridades. Hemos invertido en transformar el sistema sin garantizar que el sistema siga funcionando. Hemos discutido el futuro sin asegurar el presente. 

La cuestión no es abandonar la mitigación, sino reordenar el tablero. Adaptar debe convertirse en la primera línea de defensa, no en un apéndice presupuestario. Las políticas de mitigación deben justificarse no sólo por su coherencia ambiental, sino por su contribución a la competitividad, la autonomía energética y el crecimiento económico. 

Porque una sociedad que no invierte en adaptación no es más sostenible: es simplemente más frágil. Y cuando los trenes se detienen en mitad de la nada o el agua vuelve a ocupar su cauce natural, lo que falla no es la tecnología. Es la jerarquía de prioridades.