Demografía y política: cuando el corto plazo devora la inversión y el futuro 

Hay países que toman decisiones pensando en la próxima generación y otros que gobiernan mirando el próximo boletín electoral. España, cada vez con mayor claridad, pertenece al segundo grupo. Fundamentalmente, por una combinación de incentivos políticos y dinámicas demográficas que empujan sistemáticamente hacia el corto plazo. 

España recauda cada vez más —su presión fiscal supera el 37% del PIB, por encima de la media de la OCDE— pero invierte cada vez menos en lo esencial para crecer. El resultado es un país que ve cómo se estrecha el horizonte de prosperidad, atrapado en un sesgo estructural hacia el corto plazo que la combinación de demografía y política hace especialmente perverso. 

El envejecimiento demográfico es el primer motor de esta dinámica. La población española está envejeciendo a un ritmo que sitúa a la economía bajo una creciente presión de gasto en pensiones, sanidad y dependencia. Sin reformas de calado, el aumento del peso del segmento de mayores de 65 años reducirá el espacio fiscal disponible para invertir en el futuro de la economía. Aun así, el debate político sigue priorizando transferencias corrientes frente a inversión pública con retorno a largo plazo. 

Ese patrón no se explica solo por la demografía sino por los incentivos políticos. Sectores con fuerte presencia electoral y necesidades inmediatas compiten por recursos en gobiernos que miden su éxito en trimestres, no en décadas. El resultado es un Estado que gasta cada vez más —el gasto público alcanzó alrededor del 45% del PIB en 2023— pero destina una porción cada vez menor a activos que generen crecimiento futuro y productividad.  

Este fenómeno se expresa con crudeza en la inversión pública. Según datos recientes, España es hoy el país europeo con menor inversión pública en relación con su PIB, con apenas 2,7% del PIB en 2024, frente a una media de la Unión Europea cercana al 3,6%. Además, la inversión pública per cápita está un 42% por debajo de los niveles observados en 2009.  

La inversión pública per cápita está un 42% por debajo de los niveles observados en 2009

Esa cifra no es trivial: hace solo dos décadas, la inversión pública —medida por la formación bruta de capital fijo— rondaba el 4,1% del PIB, según promedios históricos. Hoy se ha desplomado hasta situarse en niveles comparables a los de 1996, pese al “maná” de los fondos europeos y las crecientes necesidades de modernización.  

Los recortes en inversión pública no solo reducen la construcción de nuevas infraestructuras, sino que erosionan las existentes y frenan la transformación tecnológica del sector público, la digitalización administrativa y la I+D orientada a sectores estratégicos. En la década reciente, la inversión pública en I+D ha permanecido débil: en 2023 representó apenas alrededor del 0,65 % del PIB, prácticamente sin avance respecto a 2010. Frente a esta caída estructural, las partidas que más crecen son las que sirven para garantizar consumos corrientes o para responder a presiones de gasto de corto plazo..  

Un sistema productivo que no renueva capital físico ni invierte en talento acabará atrapado en un círculo de bajo crecimiento y vulnerabilidad ante choques externos. El escaso peso de la inversión pública también modula la política económica: en lugar de actuar como palanca para atraer inversión privada —como lo hace en otros países— se convierte en un freno al dinamismo del sector productivo. La evidencia internacional muestra que cuando un gobierno deja de invertir en activos clave —infraestructuras, educación, capital humano y tecnológico— la inversión privada tiende a retraerse.  

A este marco mental se suma una carencia aún más profunda: la ausencia casi total de una agenda explícita de creación de riqueza. El proyecto de país que hoy se ofrece no pivota sobre cómo elevar la productividad, escalar empresas, atraer capital o invertir de forma sistemática en capital humano y tecnológico, sino sobre cómo repartir —vía transferencias y rentas— una base económica que apenas crece.  

La política económica se ha replegado desde la ambición transformadora hacia la mera administración de la escasez, confiando en la redistribución como sustituto de una estrategia de crecimiento. El problema es doble: no solo se renuncia a ampliar el pastel, sino que además se redistribuye mal, erosionando a la clase media productiva que debería sostener fiscalmente el sistema y financiar el progreso futuro. 

Este es el corazón del problema: no se trata solo de cuánto se gasta, sino de en qué se gasta. Sin inversión en capital público, lo que hacemos es consumir el patrimonio que debería ser la base de crecimiento y bienestar de futuras generaciones. El envejecimiento demográfico y los incentivos políticos de corto plazo no son excusas: son causas estructurales que exigen un cambio profundo de prioridades.