La actual política migratoria no es la solución, es el problema
Al tensar aún más el debate migratorio, al ignorar al Parlamento y al reforzar la sensación de improvisación, el Gobierno empuja a sectores desencantados hacia posiciones más radicales
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España es ese coche viejo que nadie quiere llevar al taller porque el mecánico siempre da malas noticias. Consume más de lo que debería, pierde aceite por todos lados y hace un ruido extraño incluso al ralentí. Pero, en lugar de reparar el motor, el Gobierno ha decidido colgarle un ambientador nuevo del retrovisor. Los frenos siguen sin funcionar, pero al menos el coche huele a humanidad, a derechos y a progresismo. Y si cerramos los ojos podemos imaginar que tenemos coche nuevo.
De la misma forma, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de regularizar a medio millón de inmigrantes mediante decreto, sin pasar por el Parlamento, no es una política de Estado. Es un apaño. Un gesto de supervivencia de quien es incapaz de aprobar unos Presupuestos. Un pago en especie a Podemos para seguir ocupando el sillón de La Moncloa. Y, como casi todos los apaños, puede que sirva para aguantar unos kilómetros más, pero garantiza que la avería será mayor.
Desde hace más de veinte años, España ha convertido la inmigración en una coartada. Cada vez que surgía un problema estructural —envejecimiento de la población, falta de mano de obra, sostenibilidad del sistema de pensiones— se sacaba la misma carta: “la inmigración es la solución”. No una política migratoria seria, ordenada, selectiva y vinculada al mercado laboral, sino inmigración a granel, con la esperanza de que el tiempo y la buena voluntad arreglaran lo que la gestión política no sabía o no quería afrontar.
El resultado está a la vista. Si comparamos la España de hace dos décadas con la actual, el balance es difícil de maquillar. La sanidad pública, orgullo nacional, está tensionada hasta el límite, con listas de espera eternas y profesionales exhaustos. La educación ha perdido nivel. Los salarios reales llevan años estancados mientras el coste de la vida se dispara. El acceso a la vivienda es una quimera para los jóvenes. La seguridad es la preocupación cotidiana en nuestras ciudades. La deuda pública se ha disparado. Y las infraestructuras y servicios públicos, lejos de mejorar, envejecen al mismo ritmo que la población a la que se suponía que la inmigración iba a rejuvenecer.
El problema no es quién llega, sino cómo se asume y se gestiona su llegada, su integración y su impacto en un Estado del bienestar que ya estaba debilitado. Pero reconocer eso exige algo que la política española ha evitado sistemáticamente: planificación, control, evaluación y asumir costes políticos.
La regularización masiva por decreto es la enésima huida hacia delante. No responde a un debate nacional, no nace de un consenso parlamentario, no va acompañada de una reforma profunda de los servicios públicos ni de una estrategia de integración real. Es un gesto simbólico, cargado de moralina, pero vacío de estructura. Sánchez empezó a gobernar con un gesto propagandístico, cuando recibió al barco Aquarius, y va a terminar de la misma manera.
«La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de regularizar a medio millón de inmigrantes mediante decreto, sin pasar por el Parlamento, no es una política de Estado»
Lo más inquietante es que el presidente debería ser perfectamente consciente de las consecuencias políticas de su decisión. La sensación de deterioro, de transformación acelerada y desordenada del país, alimenta una reacción social que ya se ha visto en otros lugares de Europa. Allí donde la inmigración descontrolada ha cambiado barrios, ciudades y equilibrios sociales sin que el Estado supiera o quisiera responder, han emergido opciones políticas radicales que capitalizan el malestar. España no es una excepción, solo va con algo de retraso.
En ese contexto, Vox no crece por generación espontánea ni por una conspiración mediática. Crece porque hay jóvenes, trabajadores y clases medias que perciben que el sistema les ofrece menos que antes y les exige más. Y porque sienten que cualquier duda o crítica sobre inmigración es automáticamente descalificada como xenofobia, sin matices ni debate. El silencio impuesto siempre acaba gritando en las urnas. Y algo así ocurrió con el triunfo del Brexit británico, motivado más por la ineficaz política migratoria de Europa que por cualquier otra cosa.
La paradoja es que esta regularización puede terminar beneficiando precisamente a quienes Sánchez dice combatir. Al tensar aún más el debate migratorio, al ignorar al Parlamento y al reforzar la sensación de improvisación, el Gobierno empuja a sectores desencantados hacia posiciones más radicales. No tanto por convicción ideológica como por hastío.
España, como dijo Alfonso Guerra cuando el socialismo ganaba en los años 80, no la va a conocer ni la madre que la parió. Pero no porque vaya a cambiar, que eso es inevitable, sino porque lo está haciendo sin rumbo, sin relato compartido y sin un contrato social renovado. Porque va a peor. La regularización de 500.000 inmigrantes no es el problema central. Es el síntoma. El ruido del motor antes de que se gripe del todo. Y cuando el coche se pare en medio de la carretera, no bastará con otro ambientador.
