Cuando la tragedia desnuda la incompetencia 

Una democracia adulta, como se supone que es la nuestra, no puede refugiarse en el silencio piadoso cuando se produce una tragedia como la de Adamuz, sobre todo cuando lo ocurrido apunta, como mínimo, a una cadena de negligencias políticas que vienen de lejos.

Se podrá decir que lo ocurrido es un hecho desgraciado que se produce una vez entre un millón. Y es cierto, pero no deja de ser igualmente verdad que el transporte ferroviario en España ha sido, en los últimos tiempos, objeto de innumerables quejas y protestas que, lejos de gestionarse con eficacia, han llevado a la desconfianza de la ciudadanía a viajar en tren. 

Habrá investigación. Habrá informes técnicos. Habrá, con el tiempo, conclusiones judiciales que aclaren las causas exactas del accidente de Córdoba y, si procede, depuren responsabilidades penales. Todo eso debe hacerse con rigor y sin interferencias. Pero mientras ese proceso sigue su curso, hay una realidad política que no puede obviarse: el Ministerio de Transportes, bajo la gestión de Óscar Puente, es hoy un símbolo del deterioro del servicio público ferroviario en España. 

Resulta especialmente hiriente recordar, a la luz de los hechos, aquella afirmación triunfalista del ministro asegurando que los trenes vivían “la edad de oro”. Es difícil encontrar una expresión más desafortunada. No solo por el accidente, sino por la acumulación de incidencias, retrasos, averías, caos organizativo y abandono territorial que han marcado los últimos años. Quien viaje en tren por España sabe que no hablamos de una anécdota ni de una campaña de exageración mediática, sino de una experiencia cotidiana. 

Extremadura es el ejemplo más obsceno. Una comunidad entera convertida en símbolo del desprecio institucional, con infraestructuras impropias de un país europeo del siglo XXI y promesas que se repiten legislatura tras legislatura sin cumplirse jamás. Pero no es solo Extremadura. Cercanías colapsadas, AVE detenido durante horas, sistemas de señalización fallidos y una sensación creciente de improvisación permanente. El accidente de Córdoba no surge en el vacío: se produce en un contexto de degradación evidente. 

En cualquier democracia homologable, el ministro de Transportes ya habría puesto su cargo a disposición del Presidente. No porque se le atribuya automáticamente la culpa del siniestro, sino porque la responsabilidad política existe precisamente para estos casos. La dimisión no es una condena penal; es un acto de higiene democrática. Aquí, en cambio, se confunde asumir responsabilidades con “politizar la tragedia”, una coartada cada vez más gastada. 

Porque no, exigir una dimisión no es utilizar a las víctimas. Es evitar que el poder se parapete tras ellas. Es reconocer que la gestión ha sido manifiestamente incompetente y que alguien debe pagar un precio político por ello. Ya habrá tiempo —y debe haberlo— para determinar responsabilidades más profundas. Pero lo inmediato es apartar a quien ha demostrado no estar a la altura. 

“Hay una realidad política que no puede obviarse: el Ministerio de Transportes, bajo la gestión de Óscar Puente, es hoy un símbolo del deterioro del servicio público ferroviario en España”

Hay además una cuestión incómoda que no puede barrerse bajo la alfombra: la sombra de la corrupción. No se trata de acusar sin pruebas, sino de despejar cualquier duda razonable. En un ministerio salpicado en el pasado por escándalos, contratos opacos y decisiones difícilmente justificables, es imprescindible garantizar que nada de eso, directa o indirectamente, haya tenido relación con una tragedia de esta magnitud. La transparencia no es un favor; es una obligación. 

En estas mismas páginas se ha publicado que la constructora sevillana  Azvi, que formó parte del consorcio adjudicatario junto a Ferrovial, FCC (Convensa) y OHLA (Guinovart), tuvo en nómina a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, justo durante los meses críticos en los que se ejecutaban los trabajos sobre el terreno. Así que quedan muchas cosas por aclarar. 

Conviene, por último, señalar el doble rasero. Si Óscar Puente fuera ministro de un gobierno de derechas, ya habría sido lapidado desde determinados medios. Ya se estarían haciendo camisetas con el número de fallecidos y su nombre al lado. Pero cuando gobiernan los propios, el listón moral se rebaja, el silencio se impone y la indignación se administra con cuentagotas. 

Ojalá esta tragedia sirva, al menos, para algo más que para un duelo colectivo. Ojalá enseñe a nuestros políticos que gestionar servicios públicos esenciales no admite propaganda ni eslóganes huecos. Y ojalá sirva para bajar el grado de polarización y enfrentamiento mediático alimentado en nuestro país por quienes viven del canibalismo entre españoles. Utilizar las tragedias humanas como munición política está mal. Ahora y siempre.