La vivienda y la responsabilidad

Cataluña se ha convertido en un auténtico (y peligroso) laboratorio ideológico en materia de vivienda. Y, como suele ocurrir con los experimentos ideológicos, cuando los resultados fracasan los malos políticos no revisan el método: aumentan la dosis de la misma receta. En lugar de preguntarse por qué una política no ha funcionado, se insiste en aplicarla con más intensidad.  

En su libro El retorno de los chamanes (Península, 2015), el politólogo Víctor Lapuente describe con acierto esta forma de hacer política. Frente al gobernante que actúa como un explorador, alguien que avanza con prudencia, que prueba políticas públicas y corrige el rumbo cuando los resultados no son los esperados, aparece la figura del chamán: el dirigente convencido de poseer una verdad revelada que debe imponerse a la realidad. Es, en el fondo, una renuncia al método de ensayo y error que defendía Karl Popper: experimentar, evaluar resultados y rectificar cuando la evidencia demuestra que el camino elegido no conduce a donde se pretendía. 

Algo parecido describen Ezra Klein y Derek Thompson en Abundancia (Capitán Swing, 2025), un libro que analiza cómo incluso gobiernos con buenas intenciones pueden acabar bloqueando los objetivos que dicen perseguir. En muchos estados gobernados por los demócratas en Estados Unidos, explican, la acumulación de regulaciones, procedimientos administrativos y barreras legales ha terminado dificultando enormemente la construcción de vivienda o el desarrollo de grandes infraestructuras. Su ejemplo más conocido es el del tren de alta velocidad de California, anunciado con ambición política hace años y convertido hoy en un proyecto atrapado en un laberinto regulatorio, administrativo y judicial. Cuando la ideología sustituye a la realidad como guía de las políticas públicas, incluso los objetivos más nobles, como es construir más vivienda, mejorar el transporte o ampliar el acceso a los servicios, acaban siendo cada vez más difíciles de alcanzar. 

Lo que describen Lapuente, Klein y Thompson no es una discusión académica lejana. Es, en gran medida, lo que está ocurriendo hoy en Cataluña con las políticas de vivienda. Durante años el debate público se ha articulado alrededor de una idea aparentemente simple: si el alquiler sube, el mercado debe ser intervenido. El problema es que, tras sucesivas oleadas de intervención, los precios no han dejado de aumentar. En las llamadas zonas tensionadas, el precio del alquiler por metro cuadrado sigue subiendo, demostrando que, una vez más, la ideología política no coincide con la realidad económica. Cuando se limita el precio de un bien escaso, lo que suele ocurrir es que ese bien se vuelve todavía más escaso. Muchos propietarios optan por retirar sus viviendas del mercado o buscan fórmulas alternativas para protegerse de un marco normativo que perciben cada vez más hostil. 

A esa reducción progresiva de la oferta se suma otro factor determinante: la inseguridad jurídica. En Cataluña, paraíso europeo de la okupación, recuperar una vivienda ocupada ilegalmente puede llevar años. Para cualquier pequeño propietario ese riesgo resulta simplemente inasumible. Poner un piso en alquiler deja de ser una actividad razonable si existe la posibilidad de perder el control de la propiedad durante un periodo tan largo. Y sin propietarios dispuestos a alquilar, el mercado se contrae aún más. 

Lejos de corregir estos problemas, las administraciones socialistas han optado por doblar la apuesta regulatoria. Mientras se mantienen los controles de precios en las zonas tensionadas, ahora se pretende regular también el alquiler de temporada, uno de los pocos espacios que aún ofrecían cierta flexibilidad dentro del mercado. Al mismo tiempo, se incrementa el impuesto de transmisiones patrimoniales, encareciendo todavía más el acceso a la vivienda y dificultando la movilidad residencial. En Barcelona, además, persiste la famosa reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones, una medida que sobre el papel podía soportar ciertas buenas intenciones, pero que en la práctica ha desincentivado tanto la construcción como la rehabilitación de edificios. Los proyectos sencillamente han dejado de ser viables. Y como si todo ello fuera poco, el pacto entre el govern de Salvador Illa y los Comunes amenaza con nuevas restricciones que impedirán la venta de viviendas si no es para uso residencial.  

Durante décadas, Barcelona fue una ciudad capaz de atraer talento, inversión y oportunidades. Hoy empieza a enfrentarse a un fenómeno inquietante. Cuando las ciudades dejan de construir vivienda, el mercado siempre encuentra una salida, pero esa salida suele ser peor: habitaciones improvisadas, pisos sobreocupados o alquileres cada vez más precarios. La falta de oferta está empujando a muchos ciudadanos fuera del mercado formal de vivienda y alimentando formas de precariedad habitacional que recuerdan a otras épocas. En silencio, la escasez empieza a degradar el propio funcionamiento de una ciudad que ha visto reaparecer con fuerza el fenómeno del chabolismo. 

En definitiva, Cataluña se ha convertido en un auténtico laboratorio ideológico. Y lo más llamativo es que cuando los experimentos salen mal, en lugar de rectificar se aumentan las dosis de regulación tóxica. A menudo, además, con la voluntad de exportar ese mismo modelo al resto de España. 

Pero quizá el problema no termina en los gobiernos. En su libro La culpa es nuestra (La esfera de los libros, 2025), el economista Benito Arruñada plantea una idea incómoda: muchas de estas políticas existen porque responden a las preferencias de la propia sociedad. Los políticos, al fin y al cabo, reaccionan a lo que los votantes premian. En Cataluña eso se percibe con claridad. Existe una fuerte preferencia política por castigar al propietario, por limitar el mercado o por penalizar la inversión inmobiliaria. Medidas que, en apariencia, parecen proteger al inquilino, pero que en la práctica terminan perjudicando sobre todo a quienes buscan una vivienda en alquiler. 

Porque cuando se persigue al propietario, el resultado no es más vivienda, sino menos. Quizá ha llegado el momento de recuperar algo que se ha ido perdiendo en el debate público: una cultura de la responsabilidad. La responsabilidad de los gobiernos para evaluar si sus políticas funcionan y rectificar cuando la realidad demuestra que no lo hacen. Y también la responsabilidad de la sociedad para preguntarse si las soluciones que reclama realmente ayudan a resolver el problema que pretende solucionar. Sin ese cambio cultural, seguiremos atrapados entre chamanes que prometen soluciones mágicas y una realidad que, cada año, ofrece menos viviendas disponibles.