Mercosur-UE: el reto de competir en igualdad

Nunca llueve a gusto de todos. Este dicho popular resume bien el clima que ha rodeado al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur tras más de 25 años de negociaciones.

En los últimos meses, el texto ha despertado el entusiasmo entre el sector industrial, y el temor entre agricultores y ganaderos europeos que, una vez más, se encuentran en la línea de fuego de las políticas globales.

Las reacciones a la firma del acuerdo no han cesado desde que se anunció un principio de acuerdo, intensificándose las protestas en las últimas semanas con la firma del pacto.

Los agricultores y ganaderos europeos no rechazan el libre comercio, sino que manifiestan su enorme preocupación por la competencia desleal que puede suponer este tratado. Esta apertura no puede traducirse automáticamente en unas reglas de juego que favorezcan los desequilibrios, perjudicando a aquellos que producen bajo una de las regulaciones más exigentes del mundo.

Esta normativa, recogida en el Modelo Europeo de Producción Agroalimentaria (MEP), establece los más altos estándares de seguridad alimentaria del mundo en trazabilidad, bienestar animal, protección del medio ambiente, entre otros.

Cada una de estas exigencias tiene un coste asociado. Un coste muchas veces invisible para el consumidor, pero que todo el sector agroalimentario asume con la convicción de que es un modelo capaz de generar valor a largo plazo. Sin embargo, resulta difícil asumir la entrada de nuevos jugadores cuyos productos no compiten con estos requisitos.

Los temores de los agricultores y ganaderos no son infundados.

Mercosur es una potencia exportadora de carne bovina y avícola, azúcar, arroz o etanol, principalmente. Para España, Mercosur es el quinto socio comercial, con exportaciones de bienes y servicios que alcanzan los 7.100 millones de euros e importaciones que rozan los 6.700 millones, según el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (MINECO).

Aunque el saldo sea favorable en su conjunto, el sector agroalimentario español presenta un resultado negativo de 3.655 millones de euros en 2024 con respecto al bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Si a este terreno de juego se suman los costes de producción notablemente inferiores a los europeos, la agricultura y ganadería de nuestro continente se verían abocadas a la venta por debajo de los costes de producción o a su desaparición. De ahí que uno de los elementos clave de este acuerdo sean las cláusulas de salvaguarda y contingentes limitados.

Estas cláusulas fueron diseñadas para reintroducir aranceles, limitar las importaciones o establecer volúmenes máximos y una entrada gradual en el tiempo de los productos cuando sea necesario.

Sin embargo, la verdadera cuestión no reside en los mecanismos de corrección como en la rápida y firme determinación en aplicarlos.

El campo europeo no está reclamando privilegios, sino que ambos jugadores se rijan por las mismas normas, pues resultaría incomprensible exigir a un agricultor o ganadero español que cumpla una normativa estricta de bienestar animal, uso de fitosanitarios o de trazabilidad, mientras se permite la entrada de productos que no están sometidos a los mismos controles efectivos. El libre comercio, para ser legítimo, debe ser también justo.

No es casual que, tras un cuarto de siglo de negociaciones, el acuerdo haya avanzado en el último año

Pero la presión a la que está sometido este pacto ya no se limita al ámbito político y sectorial, sino que ha escalado hasta el plano institucional.

El Parlamento Europeo ha acordado elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una solicitud para que revise si este es compatible con los tratados comunitarios, añadiendo, de facto, una capa más de incertidumbre sobre su tramitación y puesta en marcha.

Este movimiento refleja que las dudas van más allá de las expresadas por los agricultores y ganaderos, alcanzando ahora a su formulación y adecuación al marco institucional.

Todo este debate adquiere un protagonismo mayor si se observa el contexto internacional en el que se encuentra.

No es casual que, tras un cuarto de siglo de negociaciones, el acuerdo haya avanzado en el último año. La Unión Europea se ha visto empujada a diversificar mercados por un entorno en el que las políticas arancelarias se han reavivado y en el que existe una competencia feroz por el control de los recursos naturales y de las cadenas logísticas.

El tratado con Mercosur, en este sentido, responde a una triple necesidad de Europa de proteger sus intereses, garantizar un acceso a recursos estratégicos y reivindicar su capacidad de actuación como un actor global.

Esta ambición se materializa en la creación de unos de los mayores espacios comerciales del mundo, con más de 800 millones de consumidores y con un PIB combinado que representa una cuarta parte de la economía mundial, según el Banco de España.

Esta área de libre comercio podrá beneficiar a empresas, agricultores y ganaderos europeos, permitiendo la reducción en más de un 90% los aranceles existentes en la actualidad, lo que supondrá un ahorro cercano a los 4.000 millones de euros para el conjunto de la UE.

Pero el alcance del acuerdo va más allá de los términos económicos al incluir mecanismos que protegen los productos agroalimentarios reconocidos mediante los certificados de denominación de origen (DOP) e indicación geográfica protegida (IGP) –como el aceite, el vino o los quesos–, salvaguardando así el valor de los productos europeos.

Esta necesidad de construir un futuro económico y comercial más estable y predecible no puede terminar debilitando a todo un sector.

Abrirse al mundo es una opción, pero desproteger a quienes mantienen vivo el territorio, el empleo rural y la seguridad alimentaria sería un error estratégico que Europa no puede permitirse.

El acuerdo con Mercosur puede ser una oportunidad, pero siempre que vaya acompañado de una vigilancia estricta en su cumplimiento y de nuevas inversiones que garanticen la sostenibilidad del campo europeo en el largo plazo. Solo así se logrará que la integración entre ambos bloques no termine traduciéndose en un debilitamiento del sector agroalimentario.