Más SMI, misma renta: la trampa de redistribuir sin aumentar la productividad 

España vuelve estos días a un debate ya recurrente: cuánto subir el salario mínimo, cómo revalorizar las pensiones y si es posible extender el llamado “escudo social” sin presupuestos en vigor. La discusión se formula casi siempre en términos morales —proteger o no proteger—, pero rara vez se aborda la pregunta verdaderamente incómoda: ¿de dónde saldrá la renta que queremos blindar en el futuro? 

La política de rentas ha ocupado casi todo el espacio público: desde una subida sostenida del SMI —que ha pasado de 735,9 € en 2018 a alrededor de 1.184 € en 2025 y podría situarse sobre 1.225 € en 2026 según estimaciones— hasta la revalorización de pensiones y ayudas familiares. Pero en pleno auge de la retórica del “escudo social”, la pregunta incómoda se impone: ¿puede España sostener bienestar duradero sin atacar sus problemas estructurales? 

Los partidos en el gobierno, junto con la coalición “progresista” que los sustenta, han ido estrechando su concepción de la política económica hasta concentrarla en dos instrumentos visibles y políticamente rentables: transferencias sociales crecientes y aumentos del SMI por decreto. Como si el progreso material pudiera construirse actuando casi exclusivamente sobre el reparto del resultado final del proceso económico, y no sobre los mecanismos que lo generan. 

El problema no es la redistribución. El problema es confundirla con el crecimiento. El bienestar no depende de redistribuir más renta ex post, sino de crear las condiciones para que los salarios crezcan ex ante, impulsados por la productividad y no por la norma administrativa. Sin este cimiento, la política social corre el riesgo de convertirse en una cinta de correr fiscal: cada año más esfuerzo para permanecer en el mismo sitio. 

La productividad por hora trabajada sigue rezagada frente a la UE, con un déficit persistente (unos puntos porcentuales por debajo de la media) que erosiona nuestra competitividad y renta media. Este es un problema estructural, no coyuntural. Desde antes de la crisis financiera de 2008, España no ha logrado cerrar la brecha de productividad con sus pares europeos, lo que se traduce en una renta per cápita inferior, en términos de paridad de poder adquisitivo, a la de otras grandes economías de la eurozona y de la OCDE. Esa falta de convergencia no se corrige con decretos. 

Mientras tanto, el SMI se ha convertido en el símbolo de una política centrada en redistribuir. La OCDE ha subrayado que las subidas del SMI en España han superado tanto la inflación como la productividad, lo que exige calibrar con más rigor técnico cualquier incremento futuro para evitar efectos secundarios sobre empleo y competitividad.  

Redistribuir renta es imprescindible, pero no puede ser el sustituto de una agenda estructural que sitúe a España en la senda de convergencia real con sus socios europeos

Proteger a los trabajadores vulnerables es un objetivo legítimo. Sin embargo, cuando la política pública se convierte casi exclusivamente en gasto corriente —subsidios, transferencias, SMI—, se ignoran las palancas que determinan el crecimiento salarial sostenible: mercados laborales dinámicos, capital humano de alta calidad, seguridad jurídica para la inversión, competencia e impulso a la innovación. 

Este enfoque parcial no solo es miope, sino también peligroso en un momento en que la economía global enfrenta incertidumbres: envejecimiento poblacional, presión sobre los sistemas de pensiones y necesidades de adaptación tecnológica.  

El debate actual debería trascender el titular de una subida del SMI para fijarse en lo que de verdad hará que los salarios crezcan. Mejorar la formación de capital humano y la activación laboral, facilitar el crecimiento empresarial de las pymes, mejorar la competencia regulatoria y atraer inversión de alto valor añadido no son consignas retóricas, sino decisiones que construyen productividad y renta futura. 

La política económica debería equilibrar lo urgente con lo fundamental. Redistribuir renta es imprescindible, pero no puede ser el sustituto de una agenda estructural que sitúe a España en la senda de convergencia real con sus socios europeos. Si no hacemos esta distinción hoy, mañana estaremos otra vez debatiendo si un titular electoral compensa décadas de estancamiento productivo. La prosperidad de futuros trabajadores y familias no se asegura con un cheque al final del mes, sino con una economía que genere riqueza de forma sostenible y creciente.