Demografía, inmigración y la factura del bienestar

España discute la inmigración como si fuera un juicio moral: si “nos quitan” trabajos o “se llevan” subsidios. Pero el Estado del bienestar no se sostiene con consignas. Y cuando uno mira los datos —sin romanticismo y sin caricaturas— aparece una imagen más incómoda: el debate migratorio es, en realidad, un espejo del modelo productivo que hemos decidido tolerar.

Empecemos por lo básico, que suele perderse entre tertulias. Las economías intensivas en servicios de bajo valor añadido –turismo, agroalimentario, servicios domésticos, construcción– no “atraen” inmigrantes por casualidad: los necesitan para sostener sectores con escasa inversión en capital, convirtiendo la inmigración en un mecanismo de ajuste que retrasa —más que resuelve— el salto en productividad.

Los perfiles fiscales por edad estimados para España por el economista Pablo García Guzmán con datos de 2023 (datos de ES-SILC, HBS, Eurostat y European National Transfer Accounts) dibujan una regularidad casi biológica. Durante la infancia y la adolescencia todos “cuestan” al Estado: educación, sanidad, transferencias. La contribución neta ronda entre –6.000 y –9.000 euros por persona y año. A partir de los 25 o 30 años el signo cambia y comienza la fase de superávit: se trabaja, se cotiza, se paga IRPF. El Estado respira.

Aquí vienen los matices. Los nativos alcanzan en la madurez laboral un pico cercano a los 10.000–11.000 euros anuales de contribución neta. Los inmigrantes nacidos en la UE se quedan algo por debajo, en torno a 6.000–7.000. Los extracomunitarios más cerca de 3.000–4.000. El patrón es idéntico; la altura, no. No hay misterio ideológico detrás: salarios distintos producen impuestos distintos.

Y luego llega el punto ciego del debate: la edad. Alrededor de los 60–65 años, la curva fiscal se rompe como una ola contra el espigón. La contribución neta cae a cero y entra en negativo. En España, el desplome es especialmente abrupto entre los nativos: déficits cercanos a los –20.000 euros anuales por persona en edades avanzadas. Entre los inmigrantes también hay déficit —pensiones, sanidad—, pero menos profundo, en el entorno de –12.000 a –13.000 euros. El problema fiscal no es solo quién llega, sino quién envejece… y cuántos somos capaces de sostenerlo trabajando. El reloj demográfico no hace discursos, pero siempre acaba dando la hora. Recordemos, además, que la tasa de actividad en España es del 53.5% a partir de los 60 años – la mitad de los mayores de 60 no trabajan.

La mitad de los mayores de 60 no trabajan

Si observamos el caso nórdico, Dinamarca ofrece una radiografía interesante de la tensión entre cohesión social, integración y gasto público. La contribución neta total, agregando cada grupo ponderando por el peso relativo de cada tramo de edad, de los daneses nativos fue de 5.501 millones de euros mientras que la contribución neta total de los inmigrantes y sus descendientes fue negativa, en 3.220 millones de euros (Datos del Gobierno danés, 2021). Dada la fuerte relación entre la edad y la contribución financiera, se espera que el gap fiscal se reduzca con los años, siempre y cuando se produzca una asimilación de la siguiente generación de inmigrantes.

A partir de aquí, la discusión deja de ser moral y pasa a ser contable. La inmigración rejuvenece la base de cotizantes y mejora la foto a corto plazo. Pero no es una varita mágica. Si los empleos que crea la economía española son mayoritariamente de baja productividad —hostelería intensiva, servicios personales, construcción—, el sistema entra en una lógica de cinta de correr: hacen falta cada vez más trabajadores para financiar lo mismo. Más población, sí; más músculo fiscal, no necesariamente.

Aquí entra una idea clave que rara vez se formula: la inmigración no es un plan económico, es un amplificador. Amplifica lo bueno… y también lo malo. En un país que invierte en capital humano, innovación y sectores de mayor valor añadido, los recién llegados —y, sobre todo, sus hijos— escalan salarios, pagan más impuestos y convergen eventualmente con los nativos. En un país atrapado en sueldos bajos y movilidad social limitada, la inmigración se queda en parche demográfico y se convierte en munición política.

Por eso la verdadera apuesta no está en la frontera, sino en el aula y en el mercado laboral. Los datos muestran que la contribución fiscal neta es negativa tanto para nativos como para migrantes sin estudios. Los únicos que tributan más de lo que reciben son aquellos contribuyentes con estudios superiores.

Hay países, como Portugal e Italia, donde los inmigrantes aportan, en general, más de lo que reciben y los nativos, menos. Otros, como EE. UU., donde ambos grupos son deficitarios (el factor distintivo es fundamentalmente el nivel educativo), y otros donde ambos presentan un superávit, como Noruega (OCDE, 2021). Los datos de la OCDE muestran que la segunda generación es decisiva: cuando hay integración educativa, dominio del idioma y expectativas de progreso, la contribución fiscal mejora de forma sustancial; a partir de la tercera generación, los perfiles apenas se distinguen de los autóctonos. Cuando eso falla, el ciclo de baja aportación se perpetúa.

Por eso es importante vincular la entrada a contratos laborales en origen y programas duales de integración lingüística y profesional, inspirados en experiencias del norte de Europa. Estos programas han demostrado acelerar la inserción, mejorar la productividad y reducir la precariedad.

España puede elegir. Puede seguir discutiendo sobre “subsidios” mientras importa mano de obra para sostener un modelo agotado. O puede tomarse en serio la aritmética del bienestar: productividad, salarios, educación e integración exigente. La inmigración no es necesariamente un problema. Tampoco es la solución automática. Es, sencillamente, el test de estrés de un país que aún no ha decidido qué economía quiere ser.