Las coberturas adicionales incorporadas en esos más de 23.000 millones de euros solicitados por Bankia tras la llegada de José Ignacio Goirigolzarri han puesto sobre aviso al resto del sistema financiero, cuyos balances están siendo analizados por las dos consultores, Oliver Wyman y Roland Berger, y por las cuatro empresas auditoras, tal y como recogen los procedimientos reglados tanto del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) como del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que entra en vigor el próximo 1 de julio.
Algunos, dentro y fuera de Bankia, han comentado sotto voce que Goirigolzarri se había pasado tres pueblos con el alcance de las ayudas, pero lo cierto es que el resto de bancos va a seguir la misma pauta a la hora de cubrirse las espaldas. Se trata de poner sobre la mesa el peor escenario posible de aquí a dos años.
Y no ya sólo con la exposición inmobiliaria –más o menos cubierta con las provisiones y dotaciones de capital de los reales decretos de febrero y mayo– sino con el agujero enorme que puede abrirse con el deterioro del resto de activos. A saber, los polémicos créditos fiscales, esas minusvalías en las carteras de empresas participadas, las hipotecas minoristas, los créditos al consumo y el resto de préstamos concedidos a empresas del resto de sectores, cuyos retornos también están en entredicho.
En este sentido, el Banco Popular, tomando la referencia de los cálculos realizados por Bankia, ha querido adelantarse a lo que puedan determinar Wyman & Berger, primero, y las cuatro auditoras, después. En el caso de Bankia, desglosado en la ya famosa carta despechada del ex presidente de la entidad, Rodrigo Rato, se cuantificaba el monto total de las ayudas en 22.000 millones. Tres mil millones de provisiones para los créditos fiscales, 4.000 para cubrir la cartera de participadas y 15.000 para las coberturas de la carteras de créditos e inmuebles.
Descontados los 7.000 millones de la exposición inmobiliaria, se apunta la necesidad de poner otros 3.000 millones más por pérdidas adicionales de los activos adjudicados, 2.000 millones para las hipotecas de los particulares –esos créditos que, a la vista está, no deben estar tan al día como algunas entidades se empeñan en encubrir– y otros 3.000 millones por las pérdidas de impagos futuros de las empresas.
Al Popular no le salen tantos millones por las pérdidas adicionales que pudieran darse. La cosa, según los cálculos realizados por la entidad presidida por Ángel Ron, se quedaría en 2.800 millones de provisión para cubrir el 7,9% de los 79.000 millones de su cartera no inmobiliaria. Y no habrá, aseguran desde la entidad, problema alguno para obtenerlos ni tener que pedir, por tanto, ninguna ayuda pública.
Siempre, claro está, que se cumplan las previsiones realizadas en su plan de negocio de obtener 905 millones de beneficios (325 millones en 2012 y 480 en 2013). ¿Cómo? Con la obtención de 2.000 millones de plusvalías por la venta de inmuebles, sucursales, el negocio de medios pago y el de seguros de vida en Portugal.
