El Popular debe aportar 2.881 millones más en año y medio
Cuadrar las cuentas cada trimestre, con el lastre que supone tener que provisionar 85.000 millones de euros hasta finales de 2012 –o de 2013 si las entidades se han visto sometidas a algún proceso de integración– está obligando a los bancos españolas a hacer verdaderos encajes de bolillos para presentar unos resultados lo más equilibrados posibles, con dos aspectos a salvaguardar como sea. No ofrecer pérdidas por el deterioro de la imagen que esto supondría y poder, por tanto, mantener intacta la política de dividendos.
La cosa no está resultando nada fácil. Desde luego mucho menos de lo que algunos alardeaban inicialmente. Y todos cruzan los dedos para que el Gobierno no se vea ‘obligado’ por las circunstancias a aprobar una tercera ronda de refinanciación que aumente todavía más las considerables provisiones contempladas en los dos reales decreto-ley aprobado hasta ahora. Hay que tener en cuenta que ambas normas se basaban en la situación de las entidades a 31 de diciembre de 2011, y en estos siete meses la situación ha cambiado, al menos en cuanto a los activos adjudicados se refiere.
Un dato que nadie quiere airear por razones obvias, pero que está ahí, y que cada día que pasa es mayor. Hablamos de cerca de 200.000 nuevas viviendas que, de seguir la tendencia registrada en el primer trimestre, se van a adjudicar los bancos tras otras tantas ejecuciones hipotecarias.
El dato del Consejo General del Poder Judicial echa por tierra el cómputo de las provisiones que debían hacerse por los activos adjudicados, equivalente a un 35% sobre el valor de tasación de cada vivienda. Sólo en el primer trimestre de 2012 han sido 46.559 las viviendas embargadas, que, en principio, al no estar contabilizadas al cierre de 2011, quedarían fuera de las provisiones obligadas a aportar en base a los dos reales decretos.
Hagamos una traslación de las consecuencias. Pongamos a cada casa un valor medio de 150.000 euros. Si a esos 30.000 millones le aplicamos la provisión del 35% establecida en el real decreto-ley del pasado febrero, serían 10.500 millones adicionales los que los bancos tendrían que aportar. Demasiado carga adicional en la que nadie quiere pensar.
Analicemos el caso de la nueva entidad surgida de la integración entre los bancos Popular y Pastor. Para el nuevo banco el impacto conjunto del RDL 2/2012 suponía un impacto, vía resultados o de capital, de 4.000 millones de euros. En el primer trimestre se cargaron 2.400 millones, en su mayoría contra equitiy, cumpliendo así con el 60% de las obligaciones contempladas en esa norma, y previendo cargar el resto a lo largo de 2012.
Tres meses después las cosas han cambiado. Ya no serán solo 1.600 millones, el 40% restante del referido real decreto-ley. Por el camino, el conocido Guindos 2.0 del pasado mayo ha vuelto a modificar las condiciones. Así, serán otros 2.314 millones netos (3.300 brutos) el cómputo de las coberturas que, por esta nueva norma, deben constituirse , a absorber por las reservas disponibles y por la propia generación de recursos. Y, según insisten desde la entidad presidida por Ángel Ron, sin necesidad de ayuda pública alguna.
Quedarían, por tanto, por aportar 2.881 millones netos en año y medio, ya que en el primer semestre el banco ha destinado 3.433 millones a provisiones (2.400 en el primer trimestre y algo más de 1.000 en el segundo). De haber igualado lo aportado de enero a marzo en el periodo comprendido entre abril y junio, la entidad hubiera entrado en pérdidas, ya que al final del semestre ha declarado beneficios de 175,6 millones. Sólo con 80 millones más que hubiera provisionado en el segundo trimestre habrían sido superiores a los 75,6 millones de beneficios obtenidos en este periodo, y los números rojos hubieran prevalecido.
No obstante, la entidad sigue confiando en su estrategia para seguir creciendo en ingresos y en incrementar los márgenes. Y, de cara a cumplir con las exigencias de solvencia de la EBA, asegura tenerlo todo bajo control con los 2.500 millones de refuerzo de capital realizado durante el primer semestre mediante diferentes operaciones de canje y conversión de activos, logrando que la ratio CT1 EBA supere el 10%, por encima del límite del 9% exigido a 30 de junio.
En cuanto a su liquidez, los 10.343 millones con los que cuenta tras la constitución del liquidity buffer o segunda línea de liquidez le permiten tener cubiertos sus vencimientos de deuda hasta 2014.
