El PP mete las manos en la empresa privada

Digo el PP porque los últimos movimientos están siendo demasiado escandalosos. Estas incursiones contradicen de forma clara su discurso liberal de antes de las elecciones.

Bankia, intervenida por el FROB, tiene la obligación de desprenderse de todas sus participaciones industriales y de servicios, así como de su red fuera de su área de influencia. Ya lo ha hecho con Iberdrola (4,94%), Mapfre (12%), IAG (12%) o Inversis.

Ahora le ha tocado el turno a Deoleo. Y aquí ha intervenido el Gobierno, bajo el criterio de que el aceite es estratégico para España. Ha obligado a La Caixa y a Kutxa, que querían vender sus participaciones, a permanecer en la empresa para poder tener un núcleo español de control. Como faltaban acciones y accionistas, le ordenan a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que complemente.

Deoleo es una empresa cotizada que bajo la gestión profesional de Jaime Carbó, y últimamente con la presidencia no ejecutiva de Óscar Fanjul, había conseguido superar la catastrófica gestión de los Salazar. Consiguió recortar su deuda en un 59% en tres años.

Deoleo es la primera y muy relevante empresa del sector, pero no se comprende la intromisión del sector público en una empresa privada, sujeta a la competencia internacional. Nos esperan más capítulos.

El segundo caso es Indra. Bankia tenía el 20% y, cómo en el caso anterior, tuvo qué ponerlo a la venta. La SEPI compró la participación por 337 millones de euros. ¿Porqué? Indra es una empresa con grandes contratos con el Estado español y otros. Tiene tecnología sensible, pero había prosperado hasta ahora sin que el sector público tuviera que intervenir y hacerse visible. La hábil gestión de su presidente Javier Monzón había conseguido, desde su privatización en 1991, auparla a uno de los primeros puestos como empresa tecnológica, con contratos e implantación en todo el mundo.

¿Qué se conseguía? ¿Mantenerla independiente? ¿Española? ¿O es que Bankia representaba al Gobierno indirectamente?

Además, esta participación de la SEPI tan significativa entraba en posible conflicto de interés con los concursos públicos a los que acude Indra. ¿Porqué no colocar el paquete en el mercado? ¿Esta participación pública ayuda o perjudica a Indra? ¿Qué instrucciones de la SEPI tienen sus dos representantes en el consejo?

El tercer ejemplo es Enagas. La SEPI detenta un 5% de una empresa que, con Red Eléctrica Española (REE), sí son estratégicas, sin discusión. Las dos tienen un estatuto especial que les confieren unas protecciones, para gestionar las grandes redes de electricidad y gas. Si existe una actividad claramente sensible es esta. Empresa de éxito, muy bien gestionada por su presidente Antoni Llardén, que se ha entendido con el ministro de Industria para desarrollar la red de gasoductos en alta y tomar participaciones en el mercado internacional, y, además, con una buena trayectoria en la bolsa.

Llega la hora de la renovación estatutaria del consejo, y, sin mayores problemas, el PP decide sustituir a cinco consejeros, casi todos independientes, por cinco históricos militantes del partido del Gobierno. Dos de ellos, Isabel Tocino y Antonio Hernández Mancha, de la antigua Alianza Popular. Los otros tres, Ana Palacio, ex ministra de Asuntos Exteriores con Aznar; Luis Valero, ex secretario general de Industria con el PP; y Gonzalo Solana, ex presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia. Repito, la SEPI sólo detenta el 5% de las acciones. Y ninguno de los nombrados se le conoce ningún conocimiento de energía y gas, y tampoco haber gestionado empresas.

¿Defienden activos estratégicos españoles? ¿No lo hacían los consejeros relevados? ¿No sirve la comisión reguladora para estos efectos? ¿O es que el PP ha cambiado de ideología?

El último caso. El Gobierno ha propiciado una fusión de los entes reguladores sectoriales en uno solo junto con el anterior Tribunal de Defensa de la Competencia, fórmula que no ha gustado nada a la Comisión Europea. Aprovechando el viaje, ha renovado a todos los consejeros y ha cedido muchas competencias a los ministerios. Es ir hacia atrás.

La intervención del Estado en la economía tiene una larga historia en todos los regímenes políticos.

A medida que la economía se hacía más abierta y liberalizada, el papel del Estado ha ido disminuyendo; siendo reemplazado, en cierta forma, por las comisiones reguladoras, de la competencia o del mercado eléctrico, entre otras.

La intervención del Estado fue fundamental para abordar épocas difíciles, como la reconversión industrial; proteger la industria naciente en algunos sectores: o dirigir la desinversión pública en sectores desregulados como, por ejemplo, el de las comunicaciones o la banca.

La ola liberalizadora acabó llevándose por delante todo un fuerte sector público empresarial.

Actualmente, la SEPI –de la que cuelgan principalmente Navantia (construcción naval), Mercasa, Hunosa y las participaciones en REE y Enagas; ahora se le ha sumado Correos— ya no es lo que había sido. Pero parece que subsisten los mecanismos de intervención sobre la iniciativa privada en cuanto aparece una ocasión.

El PSOE liberalizó la economía y preparó la desregulación, pero fue el primer gobierno del PP quien realmente vendió las joyas de la corona: las grandes participaciones de control en Telefónica, Repsol, Tabacalera, Iberia, etc. Eso si, con sus gestores ya al mando de esas empresas.

Todo ello en un clima europeo y mundial de dejar operar a los actores privados sin interferencias políticas, ni empresas públicas fuertes (salvo en Francia). El Reino Unido y España fueron los grandes abanderados de las privatizaciones.

¿Vuelven a España los viejos tiempos? ¿O solamente se trata de ir colocando amigos y arañar más poder?