El Estado no es una empresa constructora

Probablemente, Compromís -el partido o movimiento político de la Comunidad Valenciana que se autodefine como valencianista, republicano, ecologista, ecosocialista, socialista democrático, socialdemócrata, progresista, foralista, antifascista, federalista y de izquierda- es la coalición electoral que mejor refleja la fobia y xenofobia de las izquierdas españolas ante la vivienda privada. En 2026, lo está demostrando con creces.

En marzo de 2026, Compromís promueve la campaña -hay que identificarse: nombre, apellidos, correo electrónico y código postal- La vivienda no es un negocio, la vivienda es un derecho. Título utilizado, por cierto, entre otros documentos de la izquierda, por ATTAC España y la UGT.

La fobia y la xenofobia

La fobia se atribuye a temores obsesivos que se manifiestan en determinadas circunstancias. Es un miedo irracional. Cuando se trata de la compra venta de viviendas, el partido político de izquierdas siente una fobia irreprimible hacia quien intenta poner su propiedad en el mercado.

Y de la fobia a la xenofobia. A la aversión al extranjero adinerado.

La teoría y la práctica de la fobia y la xenofobia habitacional de izquierdas

La teoría de la fobia y la xenofobia: la casa donde vivir no debería ser un lujo porque es un derecho, no es justo que algunos pocos hagan negocios con un derecho básico, no es aceptable un sistema que protege la especulación antes que a las personas. Todo eso hay que cambiarlo.

La práctica: limitar el precio del alquiler en zonas tensionadas, el precio del alquiler no puede superar el 30% de los ingresos de quien alquila, contrato indefinido de alquiler, limitar las subidas del alquiler al IPC, derecho de la Administración a comprar viviendas al precio justo antes que los especuladores, convertir el 100% de las viviendas de la SAREB en parque público de alquiler, fomentar viviendas con la colaboración de empresas de lucro limitado y alquiler asequible, prohibir la compra de viviendas a fondos buitres y a empresas y sociedades especulativas, crear barreras para inversores que buscan rentabilidades altas y rápidas, penalización fiscal a partir de la tercera vivienda vacía, eliminar los apartamentos turísticos en municipios con problemas habitacionales, garantías habitacionales a los vulnerables por riesgo de desahucio y así sucesivamente.

La teoría, de nuevo: a lo indicado en el párrafo anterior, hay que añadir -Compromís dixit– el veto a los extranjeros, porque “pagan un 76% más que los españoles” y disparan los precios. Por eso, el Gobierno ha de “prohibir” la compra de vivienda a la población no residente. Es decir, prioridad nacional. Una auténtica novedad, porque nadie hasta ahora había propuesto semejante despropósito. De hecho, se apreciaba al comprador extranjero por la riqueza -de la fiscalidad a la inversión pasando por el comercio y el ocio- que suele atraer. Advierto: es la segunda vez que Compromís defiende semejante disparate.

El sectarismo económico de la izquierda

A la izquierda, más que el desconocimiento, le pierde el sectarismo populista que conduce al desatino. Ha asumido las exigencias de sindicatos y asimilados según las cuales no puede ni debe haber ninguna persona sin hogar y, en consecuencia, hay que construir viviendas para todos. Ha impuesto a quien corresponda cómo se debe hacer: levantar pisos, controlar la especulación, inspeccionar y sancionar a los propietarios de viviendas vacías especialmente a los apartamentos turísticos, y detener los desahucios alargando los contratos. ¡Qué fácil!

La izquierda debería estar a pie de obra de la realidad. De las fluctuaciones de un mercado complejo, empezando por la burocracia, el precio del suelo, los costes, los impuestos, las imposiciones municipales, los cambios sociales, la variabilidad de la demanda. Ese rompecabezas de múltiples piezas y en constante movimiento.

Llegados a este punto, aparecen los iluminados de la izquierda fanática con su solución mágica: hay que topar/limitar el precio del alquiler de la vivienda, acabar con los apartamentos turísticos, penalizar la especulación prohibiendo que se compre más de una vivienda, y frenar los desahucios.

Hay que bajar de la nube

A ver si pisamos de una vez -nunca mejor dicho- el suelo. Si se topa el alquiler, los propietarios no alquilarán o venderán su vivienda reduciéndose así el mercado del alquiler y aumentando el precio. Si desaparecen los apartamentos turísticos, desaparecerán también miles de viviendas del mercado al tiempo que el ayuntamiento -los contribuyentes- deberá pagar el lucro cesante a los propietarios.

¿Desde cuando no se pueden comprar las viviendas que uno quiera para luego venderlas cuando le parezca conveniente?

Si se penaliza la “especulación” -¿desde cuando no se pueden comprar las viviendas que uno quiera para luego venderlas cuando le parezca conveniente?- seguirán desapareciendo viviendas del mercado y, consiguientemente, aumentarán de precios las restantes. Si se frenan los desahucios -además de incumplir la ley- se frenará igualmente el número de viviendas en el mercado.

El artículo 47 de la Constitución

A quienes recurren al artículo 47 de la Constitución -“todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda”-, debemos recordarles que dicho artículo pertenece al Capítulo Tercero del Título 1 que trata “de los principios rectores de la política social y económica”. Esto es, un mandato a los poderes públicos para que definan y ejecuten las prácticas necesarias, en su entender, para hacerlo efectivo. El Estado no es una empresa constructora. Cosa que no excluye que la Administración -Municipio, Autonomía y Estado- colabore con la empresa, por ejemplo, en la cesión del suelo y la puntual construcción público-privado.

A los sabelotodo de turno habría que prevenirles de los funestos resultados de sus propuestas. Y habría que aconsejarles informarse mejor, estudiar bien el tema y ponerse manos a la obra con todas las herramientas de un trabajador del oficio.