El Gobierno contra la FP privada: el intervencionismo llega a la formación profesional 

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado un nuevo real decreto para «poner límites» a la apertura de centros privados de Formación Profesional. La medida, presentada durante la clausura de una jornada sobre FP celebrada el pasado miércoles en el Ministerio de Educación, replica el esquema del polémico decreto aprobado para las universidades privadas en octubre de 2025. El mensaje es claro: donde el sector privado crece y responde a la demanda, el Gobierno interviene.

La retórica oficial habla de «blindar la calidad» y evitar centros sin «garantías públicas de calidad». Pero los datos cuentan otra historia. Uno de cada cinco alumnos de FP estudia actualmente en centros privados, proporción que alcanza el 40% en Madrid y País Vasco. Más revelador aún: la oferta privada ha crecido en muy poco tiempo más del doble que la pública. ¿La razón? El sector público, con su burocracia y rigidez, no da abasto.

La explosión de la FP privada es la respuesta del mercado a un problema concreto: la incapacidad del sector público para cubrir la demanda. Según datos del propio Ministerio de Educación, la matrícula en FP ha crecido exponencialmente en los últimos años, pero la oferta pública no ha seguido el mismo ritmo. El resultado es previsible: largas listas de espera, plazas insuficientes y calendarios de matriculación inflexibles que excluyen a quienes no pueden adaptarse a los tiempos administrativos.

La FP privada a distancia, diana de las restricciones que la Generalitat de Catalunya intentó imponer en 2021 (anuladas por el Tribunal Superior de Justicia catalán), ha demostrado ser especialmente eficaz. En un país donde el desempleo juvenil ronda el 30%, esta modalidad ofrece exactamente lo que miles de estudiantes necesitan: flexibilidad para compatibilizar formación con trabajo, acceso inmediato sin esperas interminables y conexión real con las necesidades del mercado laboral.

El decreto que prepara el Gobierno introducirá restricciones similares a las aplicadas a las universidades: criterios más estrictos para la autorización de nuevos centros, mayor control sobre la oferta formativa y requisitos de calidad definidos desde la Administración. En teoría, se trata de garantizar estándares. En la práctica, supone añadir burocracia a un sector que funciona precisamente porque ha sabido adaptarse sin ella.

La contradicción es evidente. El mismo Ejecutivo que anuncia restricciones a la FP privada reconoce la insuficiencia de la red pública al comprometerse a crear diez nuevos centros de excelencia en 2026. Si el problema es la falta de plazas y calidad en lo público, ¿por qué no concentrar esfuerzos en mejorar la oferta pública en lugar de limitar la privada? La respuesta parece más ideológica que práctica.

Si el problema es la falta de plazas y calidad en lo público, ¿por qué no concentrar esfuerzos en mejorar la oferta pública en lugar de limitar la privada?

El sector privado ha sido capaz de innovar donde lo público se estanca. Ha desarrollado metodologías flexibles, conexiones directas con empresas para las prácticas y programas actualizados que responden a la demanda real de empleo. Limitar el número de grupos virtuales, establecer ratios de alumnos por profesor o restringir la competencia entre centros —medidas que ya intentó aplicar la Generalitat catalana— no mejora la calidad: la ahoga.

Muchos países están adaptando sus regulaciones para fomentar la competencia y la innovación en educación superior. En España, la normativa sigue encontrando múltiples obstáculos que no responden a principios de regulación económica eficiente. La competencia en el sector educativo está altamente restringida porque se sustrae a los centros la capacidad de elegir su organización, oferta docente y selección de alumnos.

En lugar de limitar la oferta con nuevas restricciones, el Gobierno debería preguntarse por qué la FP privada ha crecido tanto. La respuesta es sencilla: porque ofrece lo que los estudiantes necesitan y lo público no ha podido proporcionar. 

El decreto prometido se someterá a consulta pública en los próximos dos meses. Sería deseable que esa consulta escuchara no solo a la Administración, sino también a los miles de estudiantes que han encontrado en la FP privada una oportunidad que el sistema público les negó. Mientras tanto, la pregunta persiste: ¿se trata realmente de garantizar calidad o de controlar un sector que crece sin necesidad de planificación centralizada?