Indignación sin responsabilidad 2.0.

Acampadas en Sol, un Gobierno llamando a la movilización contra el Gobierno y decretos “contrarreloj” después de ocho años de políticas que han destruido el mercado de la vivienda. Quieren una sociedad indignada cuando lo que necesitamos es un gobierno responsable. Tremendo déjà vu. Ya hemos vista esta película y sabemos que acaba mal. La política de alta emocionalidad, concebida para polarizar a la sociedad en lugar de resolver sus problemas, puede proporcionar una buena cosecha de likes y hasta algunos votos despistados. Pero rara vez construye nada duradero y sus consecuencias acostumbran a pagarlas los ciudadanos más vulnerables. 

Despreciar el rigor y la verdad en aras del sentimentalismo solo trae amarga decadencia. Usan a una Maricarmen y perjudicarán a miles como ella. Hay algo de narcisismo irresponsable en todo esto, de pasiones desatadas a golpe de iPhone. En su momento, el 15-M obtuvo la simpatía de una parte no menor de la población española. Había razones para el malestar frente a un gobierno socialista que negaba la crisis. Sin embargo, como tantas veces ocurre, los profesionales de la politología se hicieron con el control y pervirtieron el movimiento. La indignación al servicio de la manipulación. 

Víctor Lapuente lo señaló en el magnífico libro El retorno de los chamanes (editorial Península, 2015). Según el politólogo español, “en lugar de cooperación y solidaridad, la indignación irreflexiva alimenta todo lo contrario: la confrontación social, el tribalismo. El enfado desincentiva la cooperación. En lugar de colaborar más, unos grupos sociales castigan más a los otros. Entramos así en una espiral de agravios y desagravios”. 

Quince años después, la historia se repite como farsa. La vivienda no era un problema de estas dimensiones en nuestro país cuando la extrema izquierda asaltó el poder ejecutivo. Las malas regulaciones han paralizado la construcción, dificultado la rehabilitación, castigado fiscalmente al propietario y expulsado viviendas del mercado del alquiler. Los okupas tenían más protección que los decentes. La mala política se impuso. 

Los topes de precios solo son topes a las posibilidades de los jóvenes de encontrar una vivienda asequible. Si cada vez hay menos propietarios dispuestos a poner sus pisos en alquiler, quienes más dificultades tendrán para acceder a ellos serán precisamente quienes disponen de menos recursos, menos ahorros y menos garantías que ofrecer. Es decir, los jóvenes y las familias con mayores dificultades.  

«Se presenta al propietario como una suerte de rentista sin escrúpulos, olvidando que detrás de muchas viviendas en alquiler hay familias, pequeños ahorradores o personas que buscan complementar una pensión»

Claro, siempre es más fácil señalar a un enemigo que gobernar. Por eso se busca el choque contra los propietarios, aunque ello termine perjudicando a quienes se dice defender. Es el precio de la demagogia. Se presenta al propietario como una suerte de rentista sin escrúpulos, olvidando que detrás de muchas viviendas en alquiler hay familias, pequeños ahorradores o personas que buscan complementar una pensión.  

Bien calados tiene a estos portavoces del resentimiento Douglas Murray, el autor de La masa enfurecida (editorial Península, 2020): “Su deseo no es remediar, sino dividir; no aplacar, sino inflamar; no mitigar, sino incendiar. Una vez más, atisbamos aquí los restos de una subestructura marxista. Si no puedes gobernar una sociedad —o fingir gobernarla, o derrumbarla en el intento de gobernarla—, puedes hacer otras cosas. Puedes elegir una sociedad sensible a sus propios defectos —y, aunque imperfecta, mejor que el resto de las opciones— y sembrar en ella la duda, la división, la discordia y el miedo”. 

La vivienda necesita exactamente lo contrario. Menos chamanes y más constructores. Menos pancartas y más grúas. Menos señalamientos y más viviendas. Menos regulación que expulse la oferta y más seguridad jurídica que permita recuperarla. Y, sobre todo, necesitamos abandonar una política infantil que promete derechos como si bastara con escribirlos en un decreto para convertirlos en realidad. La indignación sirve para encontrar culpables. La responsabilidad, para encontrar soluciones. Y España no necesita más indignados profesionales: necesita viviendas.