Justicia vs. Dinero
Con la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona contra 54 miembros del Consejo de Administración de CatalunyaCaixa –el ex presidente Serra y el ex director general Todó, incluidos- por «retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su situación real de solvencia» se cierra, por el momento, el mapa de judicialización de la crisis bancaria. Y pone al filósofo Platón como referencia y premisa cuando declaró hace 2.400 años “que la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte”.
La crisis financiera se ha saldado con ayudas públicas comprometidas en diversas formas de capital por un total de 61.366 millones de euros desde mayo de 2009, siendo muy numerosas las actuaciones judiciales derivadas de la mala gestión que llevó a la quiebra a buena parte del sistema de cajas de ahorro. E innumerables las actuaciones judiciales emprendidas –-preferentes al margen– contra los gestores de tal desaguisado.
Aunque no han conseguido que ninguno de los protagonistas del caos producido haya visitado los excelentes centros penitenciarios españoles, salvo el ex presidente de Caja Madrid, Blesa, que puntualmente paso unos días en Soto del Real acusado de existencia de indicios delictivos en la compra del City Bank of Florida en 2008. El auto del juez Elpidio Silva consideraba «aberrante» su conducta en Caja Madrid y le imputaba delitos de administración desleal y falsedad documental.
El magistrado ha terminado suspendido por el pleno del Consejo General del Poder Judicial por causas ajenas al caso, mientras la Fiscalía de Madrid presentaba una querella contra él por dos delitos contra la libertad individual, otro de prevaricación y un último continuado de retardo malicioso en la Administración de Justicia.
En el caso de CatalunyaCaixa –nacionalizada y en la que se han inyectado 12.000 millones de euros de capital de origen público–, la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona basa su denuncia, entre otras cosas, en el hecho de que los miembros del Consejo de Administración adoptaron los acuerdos que constan en las actas del 19 de enero de 2010 y del 13 de octubre de 2010 donde se suscribieron fondos de pensiones, seguros, pólizas e indemnizaciones que pudieron suponer una «administración desleal».
Según reza el escrito, las «retribuciones e indemnizaciones merecen ser investigadas, máxime cuando se han producido en un entorno de grave crisis económica imperante en nuestro país». Y cuando la entidad había pedido la inyección de dinero público de fondos del Frob. Las políticas de remuneración, en opinión de la Fiscalía, deben ajustarse a la estrategia empresarial y a los objetivos, valores e intereses a largo plazo de las entidades financieras –como, por ejemplo, sus perspectivas de crecimiento sostenibles– y han de ser coherentes con los principios que rijan la protección de los clientes y de los inversores durante la prestación de los servicios.
La lista de demandas y querellas contra ex directivos y ex administradores de cajas de ahorro desde que se diera el pistoletazo de salida con la intervención del Banco de España en la Caja Castilla-La Mancha para “garantizar su futuro” en marzo de 2009, resulta interminable.
A CatalunyaCaixa se unen casos como el de Bankia y sus 33 consejeros, Caja de Ahorros del Mediterraneo (“lo peor de lo peor”), Banco Valencia, Novacaixagalicia, Caixa Penedés, Banca Cívica, Caja Sur, Caja Castilla La Mancha. Y otros como las cajas de Sabadell, Terrassa y Manlleu por denuncias tan determinantes como la concesión de préstamos supuestamente irregulares; por prejubilaciones opacas autoconcedidas; por supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal; por saqueo; por delitos continuados de apropiación indebida con afectación de los intereses generales, o simplemente por robo.
Los años pasan y las sentencias judiciales se hacen esperar. Probablemente, por la complejidad de muchas de las causas investigadas y el temor de los expertos y acusadores reside la dificultad de demostrar una culpabilidad clara, dado que la diferencia entre un error de gestión y un fraude es comprobar si se hace con reiteración y si alguien se beneficia de una forma continuada.
Cerca de 150 ex mandatarios de las cajas esperan fallos y sentencias que pueden terminar con algunos de ellos en prisión, aunque expertos judiciales y las acusaciones particulares se muestran pesimistas al reto a que se enfrenta la justicia española, lo que hace que la celebrada sentencias de Séneca de que “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, cobre toda su vigencia.
El gobierno español optó en su momento por una reforma financiera que impedía que ninguna entidad financiera quebrara, muriera, desapareciera. En definitiva, no aceptó que existieran problemas de solvencia aparte de liquidez. Todo ello ha costado el equivalente a 10.126.000.000.000 pesetas y los manuales apuntan a que todo ello no puede pasar sin que alguien asuma responsabilidad.
