La dignidad del salario mínimo interprofesional
El debate en relación con el salario mínimo interprofesional (SMI) en Catalunya se parece más a una nueva reivindicación independentista que a lo que debería ser: un serio debate de políticas de rentas y de desigualdad salarial o de los problemas sociales que se derivan.
El importante aumento en estos últimos años de las desigualdades sociales proviene de la crisis económica, que ha producido más desempleo, y especialmente de la desregulación laboral a resultas de la reforma laboral del PP en 2012, con sus negativos efectos sobre los salarios. Las políticas conservadoras han producido pues más desigualdad, agravadas por la consolidación fiscal que han supuesto profundos recortes en los niveles de cobertura o protección social en general, especialmente graves en la protección del desempleo.
Los que en Catalunya «Van a mil por un SMI Catalán» -así se autodenominan lo promotores- quieren que «Madrid, es decir, el Gobierno de España, fije en torno a 1.000 euros o más el salario mínimo, que hoy se encuentra en 750 euros al mes por 12 pagas», según Eurostat. Si Madrid no atiende su petición, se entenderá como un nuevo agravio a Catalunya y, así, verán y harán como único responsable de la pobreza catalana al Gobierno de España. Parece muy simple, incluso algo superficial, pero en el marketing político de las acusaciones nacionalistas todo es posible.
Una propuesta más en orden parece la de Democràcia i Llibertat (DiL) presentada en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de modificar el salario mínimo, y más concretamente del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores que lo regula.
La resolución legislativa aprobada finalmente ha conseguido un amplio consenso transversal para que el cálculo del SMI sea más acorde con las necesidades básicas de las personas. En la modificación será posible una nueva concreción territorial del mínimo, para que este sea más acorde a los diversos marcos territoriales de competitividad económica. De este modo se podría financiar el SMI por medio de la actividad productiva real de bienes y servicios, de forma sostenible, y sin dañar la competitividad y el empleo de las empresas en los mercados de destino en que operan sus productos.
Otra interesante innovación social del momento son los denominados salarios de vida, en los que está trabajando el Área Metropolitana de Barcelona y los alcaldes socialistas del Baix Llobregat. Estos salarios los calculan administraciones no estatales a partir de un riguroso análisis de los gastos básicos necesarios para vivir, siempre ajustándose al territorio concreto, para así poder determinar los ingresos mínimos necesarios. Y así establecerlos como salarios de referencia de sus sistemas retributivos directos o indirectos.
El salario mínimo interprofesional general o normativo se fija por parte de los gobiernos estatales analizando la situación de la economía nacional e internacional, sobre todo la realidad de los mercados de destino de los productos manufacturados en el país de origen, y principalmente, el poder adquisitivo del salario en su actualización.
Hay que dejarse de maniobras políticas de corto alcance y pasar a reclamar un salario mínimo europeo, origen y destino de una buena parte de nuestros productos manufacturados. Este salario mínimo europeo debería ajustarse en torno a los 1.200 euros como base para todos los países de la UE.
Se debería asimismo establecer y de forma federal el salario o renta vital, de vida, como referencia de las políticas retributivas de las distintas administraciones en los territorios subnacionales, territorios con una dimensión de población relevante y con un buen nivel de autocontención en el mercado local de sus manufacturas.
Para la reducción de las desigualdades es necesaria la consecución de una regulación laboral más equilibrada y así evitar que sigan polarizándose los salarios entre salarios altos que crecen para muy pocos y salarios bajos que siguen perdiendo poder adquisitivo. Se impone pues un nuevo pacto de rentas en España y en él tendrá un destacado lugar conseguir un salario mínimo interprofesional que satisfaga las necesidades básicas o vitales de las personas asalariadas en todo el territorio.
Las autoridades en los diferentes niveles de la administración, local, regional, nacional y europea, están llamadas a la concertación de mínimos salariales y de rentas. Pacto en el que deben jugar un papel clave los acuerdos entre las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
Diálogo social y un acuerdo político de amplia transversalidad parecen el único camino para conseguir un salario digno, no hay atajos.
