La Empresa Nacional de Autopistas, enésima tomadura de pelo a los contribuyentes
El Gobierno de Mariano Rajoy está a punto de perpetrar la estatización parcial de una decena de autopistas privadas. El Ejecutivo tiene ultimada la puesta en marcha de la Empresa Nacional de Autopistas para aglutinar diez vías de pago, seis de las cuales ya se han declarado formalmente en suspensión de pagos.
El Estado lucirá la mayoría de la flamante sociedad y los accionistas de las empresas explotadoras, el resto. Las negociaciones entre unos y otros han avanzado a paso de carga y ahora sólo quedan pendientes algunos pormenores, entre ellos el reparto de los cupos de capital. Aunque parece ser que el Estado acaparará una cifra cercana al 80%.
El momento procesal en el que se encuentran los acuerdos recuerda aquel viejo aforismo que habla de reuniones de pastores y ovejas muertas. Porque en este asunto los que van a palmar, y de qué manera, son los paganos de siempre, esto es, el conjunto de los contribuyentes.
Al nonato engendro se le ha bautizado como la autopista mala. Los ciudadanos ya han tenido que pechar con el banco malo para salvar de la quiebra a la mayoría de las cajas de ahorros, dinamitadas por unos gestores incompetentes, corruptos y politizados hasta la náusea. Ahora estamos en vísperas de asistir a otra gigantesca estafa a los españoles.
La media docena de vías rápidas que ya han caído en el fallido son la AP-41 que conecta Madrid y Toledo; la AP-36 que discurre entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete); la R-3, entre Madrid y Arganda; la R-4, que enlaza la M-50 (Madrid) con Ocaña (Toledo); la R-5, entre Madrid y Navalcarnero; y la que une Cartagena (Murcia) con Vera (Almería).
El conjunto de estas concesiones arrastra una deuda de 4.000 millones de euros y el pasado año acumuló pérdidas de 550 millones. El origen de sus problemas se encuentra en la deficiente planificación, diseño y ejecución realizados tanto por las propias concesionarias como por los sucesivos Gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.
Las expropiaciones previstas se calcularon en 400 millones de euros, pero han acabado costando la friolera de 2.300 millones, de los que casi la mitad están todavía pendientes de desembolso. A ello se añade que el tráfico ha sido un 45% inferior al que se auguraba, debido a la crisis, entre otros factores. Estas dos circunstancias por sí solas dibujan el cuadro demencial que ha desembocado en la presente catástrofe.
La eviterna ley del embudo
Así, pues, se está gestando el enésimo episodio de socialización de las pérdidas de un grupo de empresas privadas. Es decir, su reparto a escote entre los ciudadanos de a pie, que no tuvieron arte ni parte en el estropicio.
Si las autopistas hubieran arrojado la rentabilidad esperada, sus accionistas se habrían distribuido hasta el último céntimo de los beneficios. Con toda la justicia del mundo. Pero como no hay ganancias, sino quebrantos a porrillo, con toda la injusticia del mundo se las endosan al contribuyente. Hay algo en todo este asunto que recuerda a la famosa ley del embudo, la que para sí pone lo ancho, y para los otros, lo angosto.
El Gobierno dice que la nacionalización es el mal menor, ya que liquidar las empresas concesionarias costaría 4.800 millones. Pero lo más chocante es que el ministerio de Fomento sostenga con todo el desparpajo que la creación de la Empresa Nacional de Autopistas no tendrá impacto en el déficit del Estado ni coste para el contribuyente. Vamos, que saldrá gratis, cosa que nadie en su sano juicio puede ni siquiera imaginar.
Los accionistas de las concesionarias quebradas componen la flor y nata de las constructoras carpetovetónicas. Ahí están Acciona, ACS, Comsa, FCC, Ferrovial, OHL, Sacyr y Sando, entre otras. A ellas se suma un ramillete de cajas y bancos, entre ellos Banco Espirito Santo, la antigua Kutxa, Cajamar, Unicaja, Bankia, Caja Castilla-La Mancha y CAM. Las tres últimas, en particular, han dejado unos boquetes descomunales de decenas de miles de millones.
La lista de marras abarca el Gotha de reinas de la hormigonera, la paleta y el andamio, un sector que se había acostumbrado a vivir a cuerpo de rey gracias a la obra pública y las concesiones administrativas. Pero la vida da muchas vueltas y hoy la mayoría de ellas pasan apuros porque las contratas de las Administraciones se han hundido.
El episodio de las autopistas estatizadas a costa del Erario demuestra una vez más la alegría con la que los políticos de todo signo mangonean el dinero público. En el fondo, dados los incontables precedentes, no nos debería extrañar. Ya lo dejó dicho uno los entrañables mafiosos que aparecen en la inigualable saga de El Padrino: “La política y la actividad delictiva son la misma cosa”.
