Eran las 6 de la mañana de un frío día de febrero de hace casi dos años. A esa hora Francisco Camps recibía la noticia de que estaba siendo investigado por un delito de cohecho, como él mismo confesó en su primera declaración institucional horas más tarde. El ex presidente de la Generalitat Valenciana estaba acusado de recibir trajes, chaquetas y otros accesorios, por valor de 12.783 euros, a cambio de conceder contratos que superaban los 5 millones de euros. La imputación judicial se confirmó tres meses más tarde.
Camps, que dimitió el pasado julio, tras revalidar su mayoría absoluta, tiene, a partir este lunes, la oportunidad de demostrar lo que el magistrado le ha exigido desde el comienzo de la instrucción del sumario. Pruebas que certifiquen que las acusaciones son falsas como ha reiterado el político popular. Camps tiene la ocasión que siempre ha reclamado, su sueño, sus ganas locas, como decía en el hemiciclo cuando la oposición le pedía explicaciones, de contar todo lo que sabe de las empresas de Correa y de su lugarteniente en Valencia, Álvaro Pérez Alonso, presidente de Orange Market, la compañía que, según el auto del juez, pagó los trajes del entonces presidente, y de otros tres altos cargos de su ejecutivo.
Camps deberá, además, explicar su relación de amistad con el bigotes, y los numerosos contratos que éste obtuvo, también, para organizar casi todos los eventos del PP de esta etapa. Y no solo tiene que convencer al juez. Por primera vez en la historia, un jurado compuesto por nueve personas, se encargará de dictaminar si el ex responsable de la Generalitat Valenciana cometió el delito del que se le acusa.
Han transcurrido casi dos años desde que el juez Baltasar Garzón iniciara la instrucción de la trama Gürtel. Y el asunto no pinta bien para el político valenciano que a punto estuvo de declararse culpable para evitar el juicio como le pidió su partido. Pero en el último momento se echo atrás, y con él Ricardo Costa, otro de los cuatro imputados.
Sin embargo, es difícil que el jurado comprenda las razones que han llevado a un ex vicepresidente del Gobierno Valenciano, Victor Campos, a aceptar la pena que pide el fiscal y declararse culpable, y a otro de los imputados, Rafael Betoret, jefe de gabinete de la consellera de Turismo cuando se adjudicaron los contratos millonarios a El Bigotes, a hacer lo mismo, e incluso a devolver la ropa regalada. Y que los otros dos implicados, Camps y Costa, sigan diciendo que son inocentes. En total, los cuatro obtuvieron dádivas por valor de 34.908 euros procedentes de las tiendas de Milano y Forever Young de Madrid.
La era Camps ha traído consigo una de la etapas más negras de la Comunidad Valenciana, en la que la palabra corrupción ha ido ganando terreno cada día, y donde el paro afecta a más 600.000 personas. El desgobierno autonómico ha sido de tal magnitud desde que se inició el proceso judicial que en el trayecto hemos perdido el poco poder financiero del que disponían las empresas valencianas. Primero fue Bancaja, después la CAM, y al final el Banco de Valencia. Y como telón de fondo los desmanes producidos en todas ellas, la mierda de Emarsa, y los negocios de Urdangarin.
¿Qué nos queda? Bueno, de momento vamos a contratar halcones y hurones por 90.000 euros más IVA para que nos despejen de aves y conejos las pistas, sin aviones, del aeropuerto de Castellón.
