La fiscalidad verde europea: mucho en juego

Un mal diseño de las políticas fiscales para abordar el cambio climático puede tener consecuencias catastróficas, incluyendo la desaparición de sectores industriales enteros dentro de las fronteras de la Unión Europea

A estas alturas del partido no cabe duda del enorme reto que supone la crisis climática, un problema de gran alcance y complejidad que exige tomar medidas a corto plazo para descarbonizar la energía, la industria y la movilidad a nivel global.

En este sentido, a lo largo de la última década han aparecido multitud de ideas y herramientas fiscales, en mayor o menor medida inspiradas en la idea de los denominados impuestos pigouvianos: gravámenes sobre las actividades que más emisiones generan con el fin de desincentivar su uso.

Estos impuestos a priori no deben tener afán recaudatorio, de modo que los ingresos deben retornar a la ciudadanía, a menudo mediante incentivos para la descarbonización. Es lo que se conoce como doble dividendo: desincentivamos las actividades contaminantes a través de incorporar su coste ambiental en el precio y aceleramos doblemente la transición gracias a programas financiados con el montante recaudado.

En Europa se ha venido implementando desde hace más de una década una variante de este planteamiento: el programa EU-ETS, acrónimo de Emissions Trading System. Mediante este sistema se fija un límite de emisiones común y se sacan al mercado los derechos de emisión, de modo que determinados sectores deben obligatoriamente acudir a este mercado y comprar los derechos proporcionales a sus emisiones.

A medida que decrece el objetivo total de emisiones, el precio unitario de cada tonelada de CO2 emitida sube. Durante la primera década de funcionamiento de este programa, los resultados han sido discretos: se ha conseguido prácticamente eliminar la generación eléctrica mediante carbón, que ha dejado de ser competitiva si se incorpora el precio de los derechos de emisión en su estructura de costes – y poco más. Sin embargo, en 2021 hemos visto como los derechos pasaban de entorno a los 20€/TN CO2 a los actuales 80€/TN CO2, abriendo un escenario completamente distinto.

En este umbral, y ante la probabilidad que el precio del derecho de CO2 en Europa puede romper la barrera de los 100€/TN en el corto plazo, los europeos nos jugamos la continuidad de nuestro tejido productivo. Aparece el escenario de la pérdida de competitividad: si un taller de estampación de piezas para automóviles puede escoger entre un proveedor europeo de metal, sujeto a incorporar sus externalidades ambientales por valor de 100€/TN CO2, o un proveedor turco exento de dicha tasa, el riesgo parece evidente. Este fenómeno se conoce como “fuga de carbono”. Ahí yace la importancia y complejidad de compatibilizar los objetivos de descarbonización con la continuidad de la industria europea.

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El presidente del gobierno Pedro Sánchez, en la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26).- EFE/Pool Moncloa/Fernando Calvo

Europa ha llegado tarde y mal a atender esta cuestión. No ha sido hasta 2021 cuando se ha presentado una tasa de carbono fronteriza, de forma que el proveedor de metales turco que comentábamos en el párrafo anterior acabe incorporando también sus emisiones de carbono sobre el coste del producto una vez entre en territorio europeo.

Que este tipo de mecanismo aún no se haya implementado es tan incomprensible como lo sería que los productos importados no debieran pagar IVA en frontera – es sencillamente imposible que la industria interna sea competitiva ante tal disparidad de criterios.

Lamentablemente, la propuesta planteada en 2021 (que recibe el nombre de CBAM: Carbon Border Adjustment Mechanism) es muy tímida: aplica solo a un subconjunto de los sectores que participan del sistema ETS, lo cual solo garantiza la competitividad de algunos sectores industriales europeos, no de todos. La razón es diplomática: miedo a que determinados países donde Europa tiene una elevada exposición en exportaciones adopten represalias comerciales ante lo que pueden interpretar como un nuevo arancel.

Un mal diseño de las políticas fiscales para abordar el cambio climático puede tener consecuencias catastróficas, incluyendo la desaparición de sectores industriales enteros dentro de las fronteras de la Unión Europea. Considerando la velocidad a la cual aumenta el precio de mercado de los derechos de emisión en el marco del sistema ETS, estamos en el tiempo de descuento para incrementar la ambición de los mecanismos que deben garantizar la competencia en igualdad de condiciones. Destruir determinados sectores industriales contaminantes para pasar a importar estos bienes de otros países donde las empresas contaminan aún más no es una política climática inteligente.

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