La huelga de los desahuciados
En la sala de máquinas de Génova hacen falta ideas. Porque las razones que esgrimen sus fontaneros para armar el discurso del PP contra los convocantes de la huelga general corren el riesgo de resultar la peor medicina para la enfermedad de la soberbia, que es la que podría diagnosticarse en este caso. Y es que a alguien se le ha ocurrido introducir los desahucios como variable para establecer las comparaciones del coste de esta segunda huelga general que le ha tocado a Mariano Rajoy. Veamos.
El argumentario oficial de los populares para un día tan señalado como el 14-N establece que una jornada de paro general puede reducir en unos 4.000 millones de euros la aportación al PIB anual, que equivale, siempre según sus cuentas, al 80% de los desahucios que se llevan a cabo en este país. Según ese ocurrente discurso interno, para utilizar entre los cargos populares en sus declaraciones públicas, el coste de miles de millones de la huelga bien podría destinarse a gasto social.
La huelga puede ser el camino o no, como sostiene Luis de Guindos, ministro de Economía, pero establecer comparaciones tiene siempre el riesgo añadido de la pérdida de rigor. Hablando de comparativas, cualquier economista, observando el consumo energético para medir el impacto de esta huelga general con la anterior convocatoria, introduciría la variable estacional. Porque si abordamos el consumo energético total, no el industrial, dista mucho de ser el mismo en un mes templado, como fue marzo, con noviembre. Además, la del 29-M se celebró días antes del cambio a horario de verano, mientras que el horario de invierno, en esta ocasión, es una realidad hace semanas.
Y haciendo comparaciones y estimaciones de seguimiento, por ejemplo, no es lo mismo hablar del impacto de la huelga en la administración pública si entre los convocantes se encuentra también el CSI-F, que no es el caso. Por tanto, a la hora de establecer comparaciones, mucho ojo. Desde luego, el que no han tenido los chicos del PP hablando de los desahucios. Y es que en este país solo falta por conocer una estadística para cerrar el dramático círculo de los embargos de viviendas. La de los suicidios de propietarios incapaces de hacer frente a sus hipotecas.
Han tenido que ser los propios jueces y fiscales, algo inaudito, los que han ido por delante de la clase política al solicitar por activa y por pasiva cambios en la legislación. En contra de lo que opina el PP, no basta con revisar un código de buenas prácticas bancarias (qué ironía) aprobado hace seis meses, cuya adhesión es voluntaria y que por lo de ahora no ha llevado a ningún lado. Tanto unos, populares, como otros, socialistas, van en esta historia muy a rebufo de la sociedad. Y, además, no logran ponerse de acuerdo por muchas minicumbres de urgencia que celebren. Por todo ello, que hablen de la huelga general, y de sus consecuencias, pero que dejen las comparaciones para mejor ocasión. ¿Qué pensarán de todo esto los 100.000 desahuciados que ha habido en España en la primera mitad del año, entre ejecuciones y órdenes de desalojo?
