Basurero. Cloaca. Lodazal. Saqueo. Atraco. Son algunos de los calificativos que circulan estos días sobre lo ocurrido en Emarsa, la antigua empresa pública encargada de las aguas residuales de Valencia. Ya hay 18 imputados por estafa, malversación y delitos societarios, y la cifra sigue creciendo. Entre ellos, el vicepresidente de la diputación y alcalde de Manises, Enrique Crespo, del PP.
El caso que instruye el magistrado Vicente Ríos lleva camino de convertirse en el mayor escándalo de corrupción que se haya destapado en la ciudad, y puede salpicar también a la alcaldesa, Rita Barbera, de quien dependía Emarsa cuando se produjeron las irregularidades, cuyo agujero inicial se contabilizó en 17 millones de euros, pero que ya supera los 40.
La mierda ha llegado muy lejos, me decía esta semana un alto cargo del PP, partido que teme la espinosa cuestión relativa a la contratación de mujeres rumanas en varios hoteles de Alicante y Castellón. Según el gerente de la compañía, Esteban Cuesta, también del PP, empleadas para traducir. No se sabe muy bien qué. Y eso es lo que quiere averiguar el juez. Pero Cuesta, ex alcalde de la pedanía de Benimamet, donde junto a sus hermanos, también imputados, hacía y deshacía, ha pedido la suspensión del interrogatorio por enfermedad. Fraude, y prostitución. Es lo que suena por el Cap i Casal.
La magnitud del asunto es tal que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que en repetidas ocasiones ha expresado la vergüenza que le produce el asunto, no ha dudado en aceptar la comisión de investigación propuesta por los socialistas, y además, ha anunciado que el ejecutivo se personará en la causa. “No hay marcha atrás”, ha dicho el jefe del Consell. “Quien haya metido la mano, la pague”.
Muy bien. De entrada es un cambio de actitud que llega tras la victoria electoral, y en medio de una crisis brutal que ha minimizado la nefasta gestión de una empresa pública cuyos responsables, una pandilla de ociosos, se dedicaba a viajar por todo el mundo, en los periodos festivos, claro, a costa del erario público. No me extraña que la empresa se fuera al garete y tuviera que cerrar. Lo que no entiendo son las razones, nunca explicadas, de mantener a Crespo, máximo responsable del desaguisado, en sus cargos públicos.
Y de un hecho a otro. El de Iñaki Urdangarin. Con fuertes lazos empresariales con la Comunidad Valenciana. Anticorrupción ha interrogado a varios altos cargos del ejecutivo valenciano, entre ellos Jorge Vela, responsable del Instituto Valenciano de Finanzas, y hermano del conseller de Hacienda, sobre las tres ediciones del evento Valencia Summit, y la preparación de la candidatura de los Juegos Europeos, que organizaba el instituto Nóos, que el marido de la infanta Cristina presidió hasta el 2006.
Nóos, una empresa sin ánimo de lucro, recibió más de 3 millones de euros del Gobierno Valenciano y del Ayuntamiento. Ambas instituciones han señalado que el contrato con la empresa del duque de Palma era correcto y que disponen de todas las facturas correspondientes. Ya lo dirá el juez y la policía.
Si no teníamos suficiente, también hemos conocido esta semana la actividad viajera del presidente de Feria Valencia, Alberto Catalá, con invitados, todos alojados en el Four Seasons, de Budapest y Viena, con dinero público, mientras ejecuta un ERE que afectará a más de 100 personas, como cuenta el diario Levante. Los gastos de Catalá están siendo investigados por los tribunales. Compromís ha pedido a Barberá su cese.
