La reforma laboral de 2012 es, como mínimo, ineficiente

La Dirección de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE considera que España ha realizado una reforma laboral (2012) que califica de «lenta, ineficiente e injusta».

Nuestro país, de 2008 a 2013, ha perdido 3,5 millones de empleos y la tasa de paro ha pasado del 10% al 25%. La reforma laboral decía que pretendía mejorar el funcionamiento del mercado; entre otros aspectos, que el coste del despido fuera menos caro, pero también pretendía atacar la dualidad fijos-temporales para mejorar la asignación de recursos.

Hay que tener en cuenta que una buena parte de la actividad económica es estacional y, por tanto, tiene un componente temporal muy significativo. Y también está muy condicionada al ciclo.

Es cierto que la rigidez salarial –y también el coste de despido de fijos– dificulta a las empresas adaptarse a las condiciones del mercado, lo que ha dado como resultado que éstas han contratado temporales tanto si desempeñaban una función temporal como si no. De ahí que la tasa de temporales de la economía española esté en el 25%.

En definitiva, las empresas españolas se han llenado de trabajadores con contrato temporal o a tiempo parcial como casi una norma para que los empresarios pudieran tener la impresión de que su «pasivo» (sic) no fuera tan alto.

Hasta ahora los resultados de la reforma son muy decepcionantes en muchos aspectos y contrarios a los objetivos pretendidos. En primer lugar, se penaliza el trabajo temporal por dos caminos; estos empleos están obviamente más sujetos a la precariedad, lo que es injusto, y sufren en sus carnes unos recortes más pronunciados cuando renuevan los contratos. La caída de los salarios durante lo que llevamos de crisis ha sido en los temporales del 20% frente al 5% de los fijos. Una caída mucho más pronunciada en los salarios más bajos que en los altos.

La reforma, por otro lado, ha incentivado el despido de los trabajadores que llevaban menos tiempo de contrato, no los menos productivos, ya que se despide no en función de la eficacia de los trabajadores sino en función del coste del despido. Entre los fijos, los que llevaban menos tiempo han tenido más probabilidad de ser despedidos, sin que los empresarios tuvieran en cuenta el coste-beneficio de la medida.

No hace falta decir que este sistema dual provoca unos fuertes desajustes en nuestro mercado de trabajo, y en la eficiencia de nuestra economía. Con trabajadores temporales no puede establecerse un buen sistema de innovación, que es fundamental para todas las empresas. Ni puede organizarse una formación permanente con el 25% de media de la plantilla en situación tan precaria. Pero sobre todo , los empresarios no pueden pretender que los trabajadores temporales se sientan identificados con la empresa ni que participen de sus objetivos, pendientes de que su contrato inevitablemente se va a extinguir por el paso del tiempo. Y no parece, por la información disponible, que el empleo temporal se convierta en fijo. Y la gente que está angustiada o que no trabaja contenta no es, lógicamente, productiva.

La verdadera reforma que habría que haber hecho, o hacer de nuevo, es erradicar la dualidad del mercado laboral. Igualar las condiciones entre los trabajadores temporales y los indefinidos. Sólo así se mejoraría la tasa de ocupación y la del paro. Es cierto que la crisis ha golpeado muy fuertemente a las empresas pero la solución a sus problemas no pasa por la precarización de sus trabajadores, ni por su desmotivación. Tienen que existir otras soluciones, porque el país no se puede permitir estas ineficiencias, ni a los empresarios les interesa el continuo trasiego, cada vez a salarios más bajos, de jóvenes trabajadores como «zombis» por el mercado, o la exportación de talento.

En pleno debate sobre la eficiencia de nuestro mercado laboral ha irrumpido una valiente propuesta del BBVA Research. Pretende acabar con la excesiva temporalidad proponiendo el «modelo austríaco» que ya estuvo encima de la mesa durante el gobierno de Rodríguez Zapatero. En síntesis, se trata de que el trabajador vaya creando un fondo con el que hacer frente a la posible extinción de su contrato de trabajo, con aportaciones mixtas. Según los proponentes, abarataría el despido a la empresa y ésta se vería más incentivada a contratar indefinidamente.

También proponen establecer sólo tres clases de contratos, el indefinido, el temporal causal y el de formación y aprendizaje, que debería dar paso al empleo indefinido.

Los partidos y sindicatos de izquierda se han apresurado a manifestar su «más fuerte» rechazo, pero creo que, con serenidad, su implementación merecería un estudio detallado y sin prejuicios. El actual funcionamiento de nuestro mercado laboral es ineficiente e injusto. Quizá convendría pensar en algo distinto.