Mas gana tiempo
Artur Mas se ha llevado, en líneas generales, el gato al agua: garantiza la aprobación del Presupuesto para el 2015 y pospone las elecciones hasta una fecha que le resulta más cómoda, el 27 de septiembre. Ha debido ceder, eso sí, en unas condiciones que resultaban absurdas y abusivas, como era que Esquerra renunciara a presentarse con sus siglas, primero, o a que incorporara independientes en sus listas, después. El pacto implica que ambas partes, y las que se sumen (¿CUP, ICV?), irán a las elecciones con una parte de sus programas común, aquel que tenga que ver con «el proceso de transición nacional».
El líder de CDC evitó ayer aclarar si él encabezará una lista «del president«, formada por independientes, es decir, sin siglas de partido; o, por el contrario, ahora que ya no tendrá el monopolio para fichar a personalidades procedentes de la ANC u Omnium, optará por lo más tradicional: ser el cabeza de lista de CiU y aparcar para tiempos mejores la refundación/voladura de una Convergència lastrada por los escándalos de corrupción.
Obtuvo asimismo una especie de pacto de no agresión con Esquerra, que se iniciará con las municipales de mayo, con ese compromiso pergeñado en su intervención de anoche de que la «hoja de ruta» de los soberanistas se aplicará ya en estas primeras elecciones (¿un acuerdo de auxilio mutuo para conservar las alcaldías frente a terceros?).
¿Por qué le resulta más cómodo convocar las elecciones para septiembre que ceder a la presión de sus socios y celebrarlas en marzo próximo? Ayer habló de la necesidad de aprobar en los próximos meses leyes pendientes, de construir «estructuras de Estado» y, sobre todo, de afianzar la cultura de unidad con ERC, tan malparada en las últimas semanas, y acordar una «hoja de ruta» hacia la independencia (referéndum, sí o no; mayorías reforzadas o no; negociación con el Gobierno de España antes o después de proclamar la independencia, etcétera). Pero, aunque no lo dijo, Mas necesita alejar lo máximo posible las elecciones de los acontecimientos judiciales en torno a los asuntos de la familia Pujol, que estarán en los informativos y en las primeras páginas de los diarios en las próximas semanas, en la confianza de que después del verano habrá escampado. Y por supuesto, gana tiempo para tratar de sumar más adeptos al independentismo de los que se movilizaron el 9 de noviembre pasado (insuficientes para alcanzar la mayoría necesaria). Es una pena que no haya logrado alargar aún más los plazos, al menos hasta comprobar si en la gobernación de España se producen cambios sustanciales.
Como contrapartida, hasta septiembre la comisión de investigación parlamentaria sobre la corrupción en Catalunya tendrá tiempo de trabajar y explicar qué hay detrás del enriquecimiento de los vástagos del expresidente Pujol. Bueno, eso siendo optimistas, pues la experiencia de anteriores comisiones de investigación no resulta especialmente alentadora. Y en cualquier caso, el reconstruido acuerdo de gobernabilidad con Esquerra le garantiza de que nada se saldrá de madre.
Esquerra tendrá que justificar ahora su cambio de actitud ante los Presupuestos de este año (había presentado enmiendas a la totalidad a las cuentas de todos los departamentos), por qué lo que antes tenía tantos problemas ahora merece su apoyo. Hasta el lunes, Esquerra y el Departamento de Economía tienen tiempo para introducir retoques que hagan ver que hay cambios que justifican ese cambio de parecer. De lo contrario, la credibilidad de Esquerra quedaría en entredicho y su amenaza de devolver las cuentas aparecería como lo que era: un chantaje. No vale –no debería valer– decir que el compromiso independentista lo cubre todo.
Como ya nos tiene acostumbrado, el president que habló anoche es más presidente de unos catalanes que de otros. No hace falta decir de cuáles. Este tipo de reuniones, más partidistas que institucionales, deberían celebrarse fuera de Palau. En la sede de Esquerra, por ejemplo, ya que la de Convergència está embargada.
