Reconozco de entrada las tragedias humanas que atenazan a aquellos que no pueden pagar su hipoteca, les embargan la vivienda y, además, deben seguir pagando la deuda. Pero más allá de la desdicha familiar, existe un componente social general que se debe analizar y valorar.
Si apostamos por potenciar la dación en pago (la devolución del inmueble) con el elemento añadido de saldar la deuda «entregando las llaves», estaremos creando un gran problema financiero al país.
Explico el por qué. Los bancos al recibir esos inmuebles podrían ver en peligro sus balances y deberían extradotar ese riesgo en un contexto de capitalización débil lo cual afectaría sin duda a toda la sociedad por varias vías. Los tipos de los nuevos créditos, no solo los hipotecarios, serían más altos. Si ya hoy en día se produce una alta contracción del crédito esa nueva normativa afectaría aún más negativamente a las empresas que necesiten financiación para sobrevivir.
Por otro lado, si los bancos quiebran se socializarán las pérdidas. El Estado debería hacerse cargo de la entidad/es ya que no hacerlo es hundir el sistema financiero del país.
Como se puede ver la medida afectaría a toda la sociedad, por contaminación. Aparte que encarecería la financiación, aquellos que no se han comprado una vivienda serían los paganos de los que se endeudaron para comprar.
En el fondo de lo que estamos tratando es de saber ¿quién ha de pagar las irresponsabilidades de los compradores? ¿Toda la sociedad? Además, los propietarios que devolvieran sus pisos se convertirían en nuevos potenciales compradores. Se produciría un subsidio cruzado del “buen deudor” frente a aquel que lleva a cabo un comportamiento oportunista. Y es que si eres responsable para firmar una hipoteca, lo eres para aceptar sus consecuencias.
Estoy de acuerdo que se ha de cambiar la Ley Hipotecaria y que la banca en el futuro no infravalore sus riesgos. Es verdad que, con la actual normativa, la banca ha infravalorado sus riesgos. Nunca se debió romper la regla no escrita de conceder como máximo el 80% del valor de tasación de la vivienda, teniendo en cuenta además que la cuota del préstamo no exceda del 30% de la renta disponible del tomador.
Una posible solución a plantear de cara a futuro es obligar a asegurar la depreciación del activo mediante una póliza, un seguro de impago que podría incluir eventualidades como el desempleo.
Es por todo ello que considero que aceptar la reforma es contraproducente para el conjunto del país.
