Llegar a fin de mes: las decisiones que la política aplaza

¿Qué haría un economista si pudiera llevar una primera medida al Consejo de Ministros para que la gente viviera mejor? La Plaza abre su temporada 34 con esa pregunta a Rafael Doménech, responsable de análisis económico de BBVA Research y catedrático de la Universidad de Valencia. Su respuesta distingue entre aliviar las dificultades inmediatas de las familias y transformar las condiciones que determinan sus ingresos a largo plazo. Ambas tareas requieren decisiones y obligan a explicar quién las paga.

En conversación con Ismael García Villarejo, Doménech defiende que las ayudas frente al encarecimiento energético sean selectivas, temporales y rápidas. También advierte de que mejorar los salarios de forma sostenida exige inversión, formación y productividad. El diagnóstico, sostiene, está identificado desde hace años. La dificultad es convertirlo en reformas que sobrevivan a los cambios de gobierno.

Ayudar con criterio

Ante una subida de los combustibles, Doménech prefiere una transferencia directa o un crédito fiscal a una rebaja general de los impuestos sobre la gasolina. El objetivo es apoyar a quienes necesitan ayuda sin borrar la señal que transmite el encarecimiento de una energía que España importa.

Lo explica con un ejemplo: una familia que recibe 200 euros puede distribuirlos entre sus necesidades y, al mismo tiempo, reducir el consumo de combustible. Una subvención a la gasolina, en cambio, abarata específicamente ese consumo, aunque su coste internacional haya aumentado.

La medida más visible no tiene por qué ser la más eficaz. Una rebaja en el surtidor se percibe de inmediato; una ayuda bien dirigida exige organizar su aplicación. Por eso, el economista insiste en combinar precisión y rapidez: una intervención que llega cuando el problema ha pasado pierde su utilidad.

También hay límites. El Estado puede amortiguar el golpe, pero no compensar indefinidamente cualquier incremento del coste de las importaciones energéticas.

La factura pública

Una rebaja fiscal obliga a decidir cómo se financia. Doménech plantea distintas posibilidades: prestar los mismos servicios a menor coste, reducir otros gastos o recurrir a la deuda. Cada alternativa tiene consecuencias que deberían explicarse al ciudadano.

Mejorar la eficiencia de las administraciones ofrece margen, aunque requiere tiempo. La tecnología y una mejor organización pueden facilitar servicios más útiles y menos costosos. Pero esos avances no se obtienen automáticamente al aprobar una bajada de impuestos.

La discusión afecta, por tanto, a las prioridades colectivas. Proteger a determinados hogares supone distribuir entre el conjunto de la sociedad parte del coste que soportan. Si el encarecimiento energético se prolonga, unas ayudas concebidas como temporales pueden convertirse en compromisos cada vez más difíciles de sostener.

Precios que permanecen

Otra distinción atraviesa la entrevista: moderar la inflación no devuelve necesariamente los precios a su nivel anterior. Una subida más lenta sigue siendo una subida, y las familias continúan haciendo frente al encarecimiento acumulado.

Doménech señala que esta diferencia ayuda a entender por qué una mejora de los indicadores puede convivir con una sensación persistente de pérdida de capacidad de compra. Los ingresos no siempre avanzan a la misma velocidad que los gastos, y la situación varía entre hogares.

El acceso a la vivienda añade otra dificultad. Para quien ya tiene una casa, su encarecimiento tiene implicaciones diferentes de las que experimenta un joven que intenta independizarse. Las cifras agregadas de renta no describen por completo esas diferencias.

Reformas que duren

Cuando la conversación pasa del alivio inmediato a la mejora del bienestar, Doménech enumera tareas conocidas: educación, funcionamiento del mercado laboral, adopción tecnológica y sostenibilidad de las cuentas públicas.

Sus efectos se acumulan durante varias legislaturas. De ahí la necesidad de acuerdos amplios que permitan mantener el rumbo cuando cambia el Gobierno. Aprobar una reforma para deshacerla pocos años después dificulta que produzca resultados.

El economista considera que los principales partidos comparten buena parte del diagnóstico y de las soluciones, aunque la competición política concentra la atención en sus diferencias. Su propuesta es preservar ese terreno común y dejar espacio para que cada mayoría introduzca sus matices.

La continuidad resulta especialmente relevante en educación y formación. Preparar a los trabajadores para aprovechar nuevas tecnologías exige un esfuerzo sostenido cuyos beneficios no caben en un calendario electoral.

Invertir para cobrar más

La productividad ocupa un lugar central en el análisis. Doménech vincula la capacidad de pagar mejores salarios con la inversión, la incorporación de tecnología y el valor que las empresas pueden generar.

En ese proceso influyen tanto las decisiones empresariales como el entorno en el que se toman. La regulación, las cargas administrativas, la fiscalidad o el funcionamiento de la justicia condicionan la rentabilidad de los proyectos y su localización.

El economista señala una paradoja europea: parte del ahorro disponible se invierte fuera porque encuentra mejores oportunidades de rentabilidad. Facilitar que más proyectos prosperen dentro de España y de Europa permitiría reforzar su capacidad productiva.

Durante la entrevista cita obstáculos concretos, desde los plazos para desarrollar suelo hasta las dificultades de acceso a la red eléctrica. También recuerda que España cuenta con empresas competitivas en numerosos sectores. El reto es extender esas condiciones y facilitar que más compañías puedan crecer.

Evaluar cada euro

El debate sobre el gasto público necesita atender tanto a su volumen como a sus resultados. Doménech señala las infraestructuras como una prioridad que ha perdido peso, pero rechaza que la respuesta consista en construir sin evaluar la necesidad y la utilidad de cada proyecto.

Su criterio es que los recursos aportados por los contribuyentes se traduzcan en bienes y servicios cuyo valor justifique el esfuerzo. Un sector público insuficiente puede impedir que la sociedad y la economía funcionen; uno sobredimensionado e ineficiente también perjudica el bienestar.

La entrevista deja una exigencia aplicable al conjunto de las políticas económicas: explicar qué se quiere conseguir, qué recursos se necesitan y cómo se comprobarán los resultados. Para las familias que rehacen sus cuentas cada mes, aplazar esas decisiones también tiene un coste.

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