Desde el Gobierno presidido por Mariano Rajoy no dan crédito. Ajustamos todo lo ajustable, hemos presentado los presupuestos más austeros de la historia, y, aun así, los mercados siguen castigando sin piedad la deuda soberana de España. La prima de riesgo seguirá subiendo y, con ella, el spread del bono español a 10 años, ya por encima del 5,7%, muy cerca del punto de no retorno vaticinado por algunos analistas.
Quizás detrás de toda esta nueva crisis de deuda soberana lo único que pasa es que los inversores no se fían de nada de lo que viene de España, y empiezan a tener serias dudas de que se pague la deuda y sus intereses. Hay motivos para ello. El propio presidente tomó la decisión, de forma unilateral, de rebajar la previsión de déficit. Y la semana pasada todos vieron cómo Banca Cívica, valorada en diciembre en 2.800 millones, realmente no vale ni los casi 1.000 millones en acciones pagados por CaixaBank tras aflorar 2.150 millones de pérdidas no declarados, sobre todo procedentes de crédito concedido a promotores.
Y es que éste sigue siendo el gran agujero de la banca española por varias razones. Porque esos 52.000 millones de provisiones adicionales y de capital para sanear el sistema financiero de las minusvalías de los activos inmobiliarios se cuantificaron en base a los datos de junio de 2011, y, desde entonces, la situación ha cambiado notablemente. A peor, como demuestran la afloración de más pérdidas de las previstas en entidades como CAM, Banco de Valencia, Bancaja o, ahora, Cívica. O esos más de 5.000 millones que, a través del Esquema de Protección de Activos (EPA), requerirá CatalunyaCaixa tras ser subastada.
Y porque, como van a poner de manifiesto el resto de entidades a partir de la semana que viene con las presentaciones de resultados del primer trimestre de 2012 –Banesto abre fuego el próximo jueves 12 de abril–, la entrada de activos inmobiliarios en los balances, lejos de atenuarse, sigue aumentando. Los promotores no pueden afrontar el vencimiento de los préstamos y se ven obligados a canjear activos por deuda.
Más viviendas, más promociones a medio terminar y, lo peor, más suelos. Activos que, de provisionarse con el esquema proyectado en el Real Decreto, supondrían otro boquete considerable en la línea de flotación de la mayoría de las entidades. Ninguna está a salvo porque todas concedieron esos créditos a manos llenas sobre activos que, en algún caso, como la mayoría de los suelos, no tienen valor. Sencillamente, porque no hay mercado alguno sobre el que apoyarse. No existe la más mínima referencia mark to market, la que suele guiar a los anglosajones a la hora de plantearse una operación.
Y la pregunta clave, cuya respuesta quisieran conocer inversores y analistas de medio mundo para saber a qué atenerse realmente. ¿De cuántos miles de millones más de pérdidas por activos del ladrillo estaríamos hablando? ¿Cuántos de esos casi 300.000 millones de crédito vivo con finalidad inmobiliaria podrán realmente recuperarse? Oficialmente, el Banco de España sólo computaba 62.366 como dudosos a finales de 2011, pero no suma los calificados como subestándar ni todos esos préstamos refinanciados una y otra vez para evitar las nefastas consecuencias que para la banca tendría la tácita insolvencia en la que están inmersas la mayoría de las promotoras inmobiliarias. Seguramente, estaríamos, si todo saliera a la luz, más cerca de los 100.000 millones que de los 52.000 que el equipo del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, fijó en el Real Decreto de febrero.
Cojamos el caso de CaixaBank antes de quedarse con Cívica. Salió a bolsa lo más saneada posible, dejando los inmuebles de peor calidad en Servihabitat. Pues bien, entre julio y diciembre, el valor de los activos adjudicados se multiplicó por seis. De 277 a 1.780 millones, con aportaciones para cubrir posibles pérdidas de 43 y 640 millones, respectivamente. En suelo, solo se contabilizaban en junio 19 millones, y al final del pasado ejercicio los terrenos enquistados en el balance sumaban 435 millones brutos, reducidos a un neto de tan solo 164 millones tras elevar la cobertura un 62,3%.
En cuanto al crédito inmobiliario, 5.798 de los 22.438 millones ya estaban en mora en diciembre. Casi 3.000 encuadrados como subestándar y 364 ya definitivamente fallidos. Una morosidad que, tras subir diez puntos en 2011, rozaba el 26%.
