¿Se mueve algo en los servicios públicos de empleo?
El Parlament de Cataluña sitúa la emergencia social como prioridad en sus últimas resoluciones y mociones. Por fin la llamada Agenda Social en Cataluña toma impulso. Seguramente la representación ciudadana sabe que hoy a la ciudadanía le preocupa más el paro y la justicia social, más concretamente la reducción de desigualdades sociales intolerables y antieconómicas.
A los ciudadanos les preocupa encontrar la senda de la recuperación del empleo mucho más que a como se organiza la administración y las legitimidades nacionales, temas por importantes que sean no garantizan la vida en dignidad de los ciudadanos.
Se ha hablado de políticas sociales, de protección social de los desfavorecidos, de vivienda y protección, del derecho a ella, de pobreza energética, de uso sostenible y razonable de la energía y del agua, de atención a la dependencia, del transporte público, del acceso a la educación y a la cultura, del empleo y del salario, o del desempleo, de la garantía juvenil.
Se ha hablado de cómo financiar esta Agenda Social, más como reclamación a la Administración General del Estado que como una reordenación del gasto, aunque se hable de reordenar el tratamiento de la deuda y de una revisión fiscal. Pero lo más interesante habla del seguimiento y la evaluación de los compromisos. Puede ser, pues, un primer paso en una buena dirección y no quedarse en una simple declaración como en reiteradas ocasiones en los últimos años.
En términos de política de empleo, esta resolución y las aprobadas el pasado jueves a iniciativa de CSQP (Catalunya sí que es pot) y del PSC concretan aun más en el sentido que deben tener y los principios que deben animar la acción del Govern. Volver a la dotación de un fondo para políticas de empleo con recursos propios: en torno a los 200 millones de euros como en el presupuesto de 2010, que se recortó durante la presidencia de Artur Mas.
Descentralizar en las instituciones locales la acción del Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC) en materia de políticas activas de acuerdo con planes estratégicos territoriales concertados por la misma Generalitat, los ayuntamientos e instituciones locales de segundo nivel, y los sindicatos y organizaciones empresariales más representativas.
Aunque por su concreción destacaría el compromiso de llegar progresivamente a un orientador u orientadora laboral por cada 300 desempleados inscritos en el SOC y una garantía de acreditación laboral para 150.00 personas al año. Su efectivo cumplimiento significaría un salto cualitativo de los servicios de empleo en Cataluña y una mejora de la empleabilidad de las personas desocupadas, las oportunidades reales de encontrar empleo.
Soy de los que piensan que hoy es más necesario que nunca un gran pacto por el empleo y la renovación de sus instituciones, con una fuerte transversalidad política y social. Pacto que configurará un modelo de servicio público adaptado al sistema económico y laboral del Mediterráneo: con unas ratios en la línea de lo que recomienda la OIT, un asesor por cada 80 desocupados. Una formación y acreditación profesional a medida de las necesidades del mercado de trabajo. Y finalmente, y sobre todo, una fuerte implicación de las empresas en el servicio público de empleo en sus oficinas locales dotadas con suficientes recursos humanos y materiales.
Sé por experiencia que la arquitectura competencial del Estado, un federalismo imperfecto, y la falta de una conciencia social o cultural de este servicio, lo hacen difícil pero hay que felicitar al Parlament por la unanimidad obtenida en las resoluciones más importantes en materia de empleo.
