Estamos sin un duro. Nuestras finanzas están a punto de corralito. Y no porque nos baje la nota Fitch, sino porque es una realidad que ya todos aceptan si disimulo.
¿Cómo salimos de esta?, se interrogaba esta semana el presidente de la patronal valenciana, José Vicente González. ¿Hacia dónde debemos ir?, preguntaba el dirigente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), el naviero Vicente Boluda.
Ambos líderes empresariales han empezado el curso como lo terminaron. Apremiando al Consell, diciéndole que espabile, y se ponga las pilas. “Viene la época de los políticos gestores, de una nueva cultura del gasto y de la gestión de lo público”, reiteraba Boluda, anunciando lo que horas más tarde exponía personalmente al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Que en resumidas cuentas se traduce en ajustes duros y profundos, en los que hay que reorganizar el gasto, y priorizar la inversión productiva con eficiencia.
Los empresarios valencianos están, por primera vez, unidos en sus reivindicaciones. Y libres de ataduras políticas como antaño, han expresado sin temor sus opiniones, sus dudas y sus recomendaciones. Ahora les toca el turno a las administraciones públicas, han señalado. “No pueden gastar sistemáticamente más de lo que ingresan, porque no es sostenible económica y financieramente. La Comunidad Valenciana está endeudada, en muchos casos, por proyectos que no han generado riqueza ni empleo”, han insistido aunque sin mucho éxito, de momento.
A finales de julio los pagos superaban a los ingresos en más de 314 millones de euros. El déficit por operaciones presupuestarias alcanzaba el 60% respecto al año anterior; 2.142 millones de euros, frente a los 1.330 millones de 2010. La Generalitat no paga a los proveedores, a los que adeuda más de 2.400 millones de euros. Pero lo peor de todo es que el ejecutivo autonómico, que conoce bien cuál es su situación financiera desde hace varios años, todavía no sabe cómo resolverá el problema
El conseller de Hacienda, y encargado de elaborar los presupuestos valencianos durante más 14 años, José Manuel Vela, ya ha dicho que no tiene dinero para pagar, y que bastante trabajo tiene con amortizar los intereses de la deuda cada mes. La Generalitat tiene formalizados avales por más de 5.044 millones de euros con sus empresas públicas como garantías de los préstamos que éstas tienen con las entidades financieras. La deuda de estas sociedades, entre las que se encuentra la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), ha aumentado el 1.500%. Se ha pasado de los 191 millones que se debían en 1995 a los 3.068 millones de euros que adeudan en la actualidad.
Los valencianos debemos 17.895 millones de euros, la segunda deuda más elevada del país, pero la primera en relación con el PIB. Unas cifras que aumentan cuando se contabilizan algunas empresas públicas comerciales, que, de momento, la Unión Europea no obliga a incluir en el computo del déficit público, y que superarían los 21.000 millones de euros, con el ratio de deuda respecto al PIB del 20,4%.
Mientras Vela, y el conseller de Economía, Enrique Verdeguer, se devanan los sesos para conseguir cumplir el plan de reequilibrio financiero que autorizó el Ministerio de Hacienda, que prevé un recorte del gasto de 1.800 millones de euros, la incógnita sobre la continuidad de los grandes eventos sigue en el aire.
Pero el aeropuerto de Castellón, sin aviones, ni viso de tenerlos, tiene desde hace años un director que cobra bastante más que el presidente de la Generalitat.
