Los promotores alertan que el Plan de Vivienda ya va con retraso y puede quedar sin ejecutar un 20%
Las tres principales organizaciones del sector valoran el plan como un paso adelante, pero exigen convenios inmediatos con las autonomías
Montaje realizado por Economía Digital.
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El Consejo de Ministros aprobó este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros. El sector inmobiliario recibió la noticia con un aplauso que duró poco: llega con cinco meses de retraso, y si los convenios entre el Estado y las comunidades autónomas no se firman de inmediato, el primer año quedará prácticamente perdido, lo que equivale a desperdiciar el 20% del período.
El director general de Asprima, Jorge Ginés, fue el más explícito al cuantificar el coste de esa tardanza. «Apoyamos totalmente la aprobación del Plan Estatal de Vivienda ya que contempla medidas acertadas», reconoció, pero subrayó que «la aprobación llega con cinco meses de demora» respecto al 1 de enero previsto.
«El convenio abarca el periodo 2026-2030, por lo que cualquier retraso supondría desperdiciar el 20% del plazo establecido, algo que no podemos permitir», explica Ginés.
Para el director general de la patronal madrileña, el plan acierta al destinar el 40% de los fondos a ayudas directas a la producción de vivienda protegida —»justo lo que hace falta» ante la escasez de oferta—, pero su impacto real dependerá de cuánto tarden en activarse esos acuerdos territoriales.
La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña) compartió ese diagnóstico con una cautela deliberada. La asociación valoró el decreto como «un primer paso para aportar soluciones efectivas», pero advirtió que «es preciso esperar a ver cómo se materializan los convenios con las comunidades autónomas, elemento clave para la ejecución de este plan, para poder valorar su alcance real».
En otras palabras: el plan vale lo que valgan sus acuerdos territoriales, y esos acuerdos aún no existen.
APCEspaña sí destacó varios avances concretos que la patronal lleva años reclamando. El primero, el incremento de la dotación presupuestaria respecto a planes anteriores, que la organización considera imprescindible que «se mantenga en los sucesivos planes para que sean realmente efectivos».
El segundo, la incorporación de ayudas para financiar la urbanización, «una medida muy necesaria para poder hacer viables aquellos proyectos que requieren de desarrollo urbanístico».
El tercero, la recuperación de las ayudas directas a la construcción, que la asociación califica de «imprescindible para ampliar el parque de vivienda, especialmente asequible y protegida».
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) puso el foco en un riesgo distinto pero igualmente concreto: la tensión política entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas.
La estructura financiera del plan, en la que el Estado aporta el 60% y las autonomías el 40% restante a través de convenios específicos, convierte la colaboración interadministrativa en un requisito indispensable.
Si una comunidad no firma, por discrepancias políticas o simple lentitud burocrática, el dinero no fluye.
El presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, reconoció que el plan es «bueno y completo» y aborda los retos de oferta y demanda del mercado residencial, pero advirtió que «es fundamental superar la confrontación entre administraciones y avanzar en una coordinación real».
La patronal lleva meses proponiendo la creación de un órgano de coordinación interministerial que extienda las buenas prácticas de los ayuntamientos más ágiles en la reducción de plazos y trámites.
Las tres organizaciones coinciden en que el dinero del plan choca contra una muralla anterior a cualquier convenio: la regulación urbanística. APCEspaña cifró en 16 años de media el tiempo que tarda en completarse un desarrollo urbanístico en España, paralizados por una normativa que «dificulta e incluso paraliza» los procesos tanto de vivienda libre como asequible y protegida.
La asociación reclamó una modificación urgente de esa regulación y más suelo habilitado tanto para promotores públicos como privados.
La CNC apuntó en la misma dirección al alertar del bloqueo parlamentario de la Ley del Suelo, cuya aprobación considera «urgente y estratégica» para que el plan tenga suelo físico donde materializarse. Sin esa reforma, los millones del plan corren el riesgo de quedarse en convenios firmados sin grúas en marcha
La falta de trabajadores lastra la construcción de vivienda
A la falta de suelo se suma la falta de manos. La CNC estima que el sector necesita incorporar unos 700.000 nuevos trabajadores para poder construir al ritmo que exige la política de vivienda, al menos 220.000 unidades anuales en el corto plazo, con una velocidad de crucero de 150.000 al año, y apunta a que la reciente regularización de inmigrantes podría ser parte de la solución.
Completa el mapa de riesgos la ausencia de mecanismos de revisión de precios en la contratación pública: sin esa herramienta, la inflación desincentiva a las empresas a concurrir a licitaciones y encarece el coste final para las administraciones.
APCEspaña lo resumió con precisión: «El verdadero reto está en recuperar la seguridad jurídica e impulsar políticas que activen el desarrollo de suelo, reduzcan las trabas administrativas y permitan aumentar de forma sostenida la producción en todo el territorio».
Los planes anteriores han tropezado siempre con la misma piedra: la brecha entre lo presupuestado y lo ejecutado. El de 2026-2030 llega con el viento a favor de la urgencia social. Le queda por demostrar que esta vez sabe cruzarla.
