La Comunidad de Madrid advierte que el nuevo RD de centros de datos del Gobierno amenaza 14.000 empleos

La Comunidad de Madrid ha solicitado el trámite de audiencia con el Consejo de Estado ante las graves consecuencias que el Real Decreto del Gobierno sobre centros de datos supondrá para la industria, la inversión y el empleo en la región, en donde podrían peligrar hasta 26.000 millones de euros en inversiones y más de 14.000 puestos de trabajo.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, sostiene que el nuevo borrador de Real Decreto del Gobierno sigue siendo discriminatorio hacia la industria de los centros de datos, y que sigue sin solucionar los problemas de inseguridad jurídica que presentaba el texto original. «Es una reglamentación muy restrictiva que ahuyentará las inversiones hacia otros países europeos donde el marco regulatorio sea menos exigente».

Como ha publicado Economía Digital, el Gobierno remitió el lunes el texto final del real decreto para regular el sector de los centros de datos al Consejo de Estado.

El nuevo texto suaviza algunos de los requisitos renovables iniciales, pero a cambio las instalaciones tendrán que aceptar desconectarse cuando Red Eléctrica así lo considere y sin recibir indemnización alguna por ello.

«Con estos cambios, el Gobierno ha querido hacer un guiño al sector renovable, pero ha dejado desprotegida a toda la industria, obviando que son la base real de la transformación digital. Los centros de datos son el pilar de la economía digital. No habrá economía digital sin centros de datos», advierte el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid.

Sobre los requisitos energéticos que exige el Gobierno central, López-Valverde asegura que repercutirían en inversiones multimillonarias para las compañías, en un encarecimiento de los precios de la electricidad y en un aumento de los vertidos renovables.

«Los centros de datos operan 24 horas al día y las renovables solo tienen capacidad para cubrir 2.000 horas al año. Para cumplir con el nuevo decreto sería necesario sobredimensionar el parque renovable e instalar ingentes cantidades de almacenamiento», indica.

López-Valverde dice no entender por qué al sector de los centros de datos no se le exigen los mismos requisitos que a los proyectos europeos estratégicos, como la Gigafactoría de IA, que son mucho más favorables.

El Real Decreto del Gobierno tampoco ha sido bien acogido por la industria de los centros de datos.

En particular denuncian que, el hecho de desconectarse de la red a petición del operador del sistema sin percibir remuneración, supondría que si quieren seguir en funcionamiento deberían contar con generadores diésel, que queman combustible y por lo tanto producen emisiones. Algo que desde el sector consideran incongruente con una norma que pretende justamente lo contrario.

«Somos la única industria a la que se le aplica este sistema y encima seríamos los primeros en desconectarnos», critican las fuentes consultadas por este diario del sector de los centros de datos.

En caso de pasar esta nueva fase y aprobarse finalmente en el Consejo de Ministros un texto que no cambia los actuales puntos de conflicto, desde el sector advierten que podrían acudir a la vía judicial por lo que consideran una vulneración del principio de reserva de ley.

Las empresas de esta industria, de acuerdo a las fuentes consultadas, consideran que el régimen sancionador contemplado en la norma, que puede llegar incluso a la pérdida de acceso y conexión a la red, es también «inaceptable».

El sector critica además que se quiera tramitar por vía de urgencia, ya que consideran que no existe tal necesidad para establecer una norma tan compleja en la que dan hasta cinco años a los centros de datos para adaptarse a ella. «Se tiene que hacer de forma más sosegada y profesional, con mucha más transparencia», señalan.