Tubos Reunidos suspende de empleo y sueldo a varios trabajadores por coaccionar a compañeros en la huelga

La compañía recibe en el canal interno varias denuncias a raíz de los altercados que tuvieron lugar en el marco de la huelga que llevaron a cabo los empleados tras dar a conocer Tubos Reunidos la intención de acometer un ERE

Tubos reunidos.

La tramitación de varias denuncias a través de los canales internos de Tubos Reunidos han desembocado en la interposición de un conjunto de sanciones a algunos empleados. Concretamente, se trata de trabajadores que han vulnerado el código ético de la compañía y las medidas aplicadas pasan por la suspensión de empleo y sueldo entre dos y veinte días.

Así lo recoge El Correo, que señala que la dirección de recursos humanos de Tubos Reunidos ha impuesto las medidas que ha considerado proporcionadas a las infracciones cometidas, tras recibir en el canal interno varias denuncias a raíz de los altercados que tuvieron lugar en el marco de la última huelga que llevaron a cabo los empleados.

Violación del código ético

Después de emprender varias investigaciones con expertos externos, se ha dirimido que algunas de las infracciones identificadas infringían los artículos del código ético de la empresa. Las denuncias se han trasladado a través del canal de denuncias, una medida con la que deben contar las empresas con una plantilla superior a los 50 trabajadores para garantizar que los empleados cuenten con la posibilidad de comunicar infracciones sin represalias.

Las faltas graves conllevan una amonestación y la suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días

El convenio colectivo de Tubos Reunidos concreta que las faltas leves, acarrean una amonestación, mientras que las graves conllevan una amonestación y la suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días. Por su parte, los trabajadores que cometen una falta muy graves, se enfrentan a la suspensión de empleo y sueldo hasta los 60 días, o incluso, el despido.

Tensión por los despidos

Las infracciones tuvieron lugar en el marco de la huelga de cerca de cien días a la que la empresa se enfrentó hace unos meses. De esta manera, los empleados protestaron contra el ERE que contemplaba más de 300 despidos para garantizar la viabilidad de la empresa, que en ese momento contaba con más de 260 millones de euros de deuda.

Trabajadores de la plantilla de Tubos Reunidos durante una concentración. Foto: Europa Press.
Los empleados protestaron contra el ERE que contemplaba más de 300 despidos para garantizar la viabilidad de la empresa. Foto: Europa Press.

A medida que pasó el tiempo, la tensión fue en aumento hasta que más de 200 trabajadores optaron por convocar un referéndum para decidir si continuaban con la huelga. El comité de empresa trató de impedir la consulta al considerar que no se ajustaba a derecho, si bien se acabó celebrando con el voto favorable por parte de la mayoría de empleados para volver al trabajo.

A pesar de ello, la tensión continuó escalando, lo que hizo que un grueso considerable de empleados pidieran a la empresa acceder a la planta de producción de Amurrio con protección.

Tubos Reunidos, en concurso de acreedores

Tubos Reunidos, que ha agravado sus pérdidas en el primer semestre hasta los 88 millones de euros, se encuentra en concurso de acreedores. Hace algunas semanas, la administración concursal comunicó al comité de empresa de la planta de Tubos Reunidos en Trapagaran que se han presentado en torno a una decena de potenciales interesados en hacer alguna oferta por la empresa.

Tubos Reunidos, que se encuentra en concurso de acreedores, ha agravado sus pérdidas en el primer semestre hasta los 88 millones de euros

A la vez, el administrador concursal les ha trasladado que la planta de Trapagaran tiene «relativamente asegurada la producción hasta noviembre«. En cuanto a la identidad de los alrededor de la decena de ofertantes, debido a las características de confidencialidad del proceso, la compañía no ha concretado ninguna información al respecto.

Con todo, la administración concursal será la que deberá valorar y clasificar las propuestas recibidas basándose en criterios como el precio total, el perímetro de la oferta, el mantenimiento del empleo y la viabilidad del negocio, quedando la adjudicación final supeditada a la autorización del tribunal de instancia.

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