Finetwork podrá salir del preconcurso de acreedores
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Pascual Pérez Castillo, fundador de Finetwork, acusa a José Miguel García, consejero delegado de Vodafone España, de dejar un roto de 3 millones en concepto de «contingencias laborales generadas por el cese de directivos clave» en Wewi Mobile (matriz de Finetwork).
Según consta en la querella interpuesta por Pérez y admitida a trámite por el Tribunal de Instancia de Alicante, durante sus casi siete meses de mandato -desde el 7 de octubre de 2025 hasta el 29 de abril de 2026-, García Fernández «cesó al CEO y a los principales directivos de la matriz de Finetwork».
En concreto, la querella identifica a diez directivos clave afectados por los constantes ajustes en la cúpula, cuyas salidas han terminado en los juzgados de lo Social de Madrid. Los fundadores, que recuperaron el control de la marca en abril, han tenido que ‘heredar’ este pasivo contingente.
El caso más relevante es el de Francisco Javier Herranz Gómez, histórico directivo de la compañía. Herranz reclama 1,8 millones de euros basándose en una cláusula contractual que le otorgaba el 5% del precio de venta de la compañía.
A esta cifra se suman otros 200.000 euros por «cese injustificado«, en un procedimiento cuyo juicio está señalado para el 15 de diciembre de 2027. Por ello, la empresa tendrá que mantener esa contingencia en sus cuentas durante más de un año y medio.
No es el único pleito relevante. Óscar Vilda, exCEO de Finetwork y actual CEO de Dazn, también interpuso una reclamación a WeWi Mobile de 692.008 euros por conceptos de bonus, preaviso y un contrato de phantom shares (acciones fantasma), tras su salida en 2024.
Asimismo, otro directivo clave, César Carlos Martín, exige 70.000 euros por incentivos impagados. La lista de cargos afectados se completa con otros siete nombres, cuya indemnización no queda recogida en la querella.
«El importe agregado de las reclamaciones laborales documentadas supera los 3 millones de euros en los procedimientos ya en curso, sin perjuicio de las adicionales que puedan derivarse del proceso de liquidación de la plantilla», recoge el documento, al que ha tenido acceso Economía Digital.
Aunque parte de los conflictos, como el de Vilda, se produjeron antes de la entrada del principal directivo de Vodafone, Pascual Pérez acusa a José Miguel García de contabilizar esos pagos, conflictos todavía judicializados, como contingencias, «engordando» las cifras negativas de la teleco.
«Las decisiones que adoptó en ese período, todas en situación de conflicto de interés estructural y permanente, causaron perjuicios al patrimonio social que la auditoría forense encargada por el nuevo Consejo el 29 de abril de 2026 está cuantificando», recoge la querella.
Finetwork acusa al CEO de Vodafone de inflar la deuda
Las acusaciones por las indemnizaciones de los directivos se enmarcan en una batalla jurídica por el control de Finetwork. Como ya adelantó este periódico, el fundador de Finetwork ha acusado a José Miguel García de inflar la deuda hasta 227 millones durante su mandato.
En concreto, Pérez sostiene que esta cifra se habría elevado «artificialmente» al incorporar al balance partidas que todavía estaban sometidas a litigios judiciales o arbitrales.
Entre ellas, la querella señala créditos reclamados en procedimientos de ejecución, importes discutidos en un arbitraje internacional e intereses que, según el fundador, todavía no constituían obligaciones firmes.
También cuestiona el reconocimiento íntegro de determinadas facturas millonarias emitidas por Vodafone pese a estar pendientes de resolución en otros procedimientos.
La acusación pone el foco en la doble condición de García, que durante ese periodo era CEO de Vodafone España y administrador de Wewi Mobile. Según Pérez, algunas facturas se contabilizaron simultáneamente como gasto para Wewi y como ingreso para Vodafone, una decisión que, a su juicio, contribuyó a deteriorar artificialmente la situación financiera de la matriz de Finetwork.
La querella también cuestiona el tratamiento contable de un préstamo participativo de 130 millones de euros concedido por Vodafone a Wewi cuando la compañía presentaba un patrimonio negativo de 51,5 millones. Pérez sostiene que la operación permitió transformar deuda comercial en un instrumento que computaba como patrimonio neto y evitó técnicamente la causa de disolución de la sociedad.
Venta coaccionada
La querella también cuestiona la venta de la marca Finetwork a Vodafone por 15 millones de euros, operación cerrada en noviembre de 2025. Pérez sostiene que no se produjo en condiciones de igualdad, ya que Vodafone controlaba entonces el 99,4% de Wewi Mobile tras el plan de reestructuración, posteriormente anulado por la Audiencia Provincial de Alicante.
El acuerdo vinculaba además el pago de los 13 millones iniciales a la renuncia de Pérez a impugnar judicialmente dicho plan, por lo que los querellantes consideran que la operación se produjo en un «contexto coactivo» y que iba más allá de una mera transmisión de activos.
